La Comisión Europea inició una investigación para determinar porque el gobierno italiano de Giorgia Meloni pretende prohibir la industria del CBD en el país y después emitiría su opinión sobre diferentes medidas que contradicen disposiciones anteriores del bloque continental. Así lo confirmó Valentina Palmisano, miembro del Parlamento Europeo, después de que empresarios cañameros presentaran semanas atrás una petición a este organismo para detener las intenciones de la gestión ultraderechista.
La embestida de Meloni contra la industria del cáñamo comenzó desde el inicio de su gestión. Primero, en 2023 se realizó una enmienda de la Ley de Seguridad que prohíbe todas las flores de marihuana, independientemente de su contenido de cannabinoides. Esta medida fue aprobada por la Cámara de los Diputados de Italia, en septiembre pasado. Si bien aún resta la votación del Senado para que se convierta en ley, Meloni emitió un decreto en agosto de este año en el que se incluyó al CBD en la lista de estupefacientes ilegales.
Las medidas de Meloni generaron la reacción del sector cañamero de Italia, quienes aseguran que su industria emplea a más de 15 mil personas y genera unos 500 millones de euros anuales para el país. La Asociación Europea del Cáñamo Industrial (EIHA) y la organización Canapa Sativa Italia presentaron una denuncia ante la Comisión Europea porque sostienen que el gobierno está violando las normas de la Unión Europea (UE) sobre competencia y libre circulación de mercancías. Además, aseguran que las nuevas normativas de Meloni son incompatibles con la Política Agrícola Común de la UE.
La eurodiputada italiana Palmisano confirmó que la Comisión Europea se mostró receptiva a resolver el problema en Italia y por eso iniciarán una investigación al respecto. Ella dijo que la enmienda a la Ley de Seguridad propuesta por la gestión de Meloni “equipara de forma totalmente errónea el ‘cannabis light’ con las drogas, contradiciendo, entre otras cosas, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”. Se trata de un fallo de 2021 en el que se dictaminó que tanto los extractos de hojas y flores de cáñamo, como el CBD que estas contienen, no son estupefacientes y que pueden ser comercializadas.
