Semanas atrás, el Parlamento italiano aprobó la prohibición del CBD. La medida, promovida por la primera ministra Giorgia Meloni, fue criticada toda la industria de la planta. No solo porque afectaría a miles de puestos laborales y una industria que no para de crecer, sino también porque se opone a la legislación europea. Por este motivo, agricultores cañameros presentaron una petición al Parlamento Europeo para que suspendan la norma que prohíbe el “cannabis light”.

La petición ante el Parlamento Europeo fue realizada por diferentes organizaciones que agrupan a los agricultores cañameros, como Confagricultura, Cannabis Sativa Italia y la Asociación Europea del Cáñamo Industrial (EIHA). Ellos no solo denunciaron que la prohibición del cáñamo dejaría sin empleo a 15 mil personas, también afectaría a una economía que genera 500 millones de euros para el país, entre comercio interno y exportaciones. Además, sostienen que la decisión del gobierno ultraderechista de Meloni contradice un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2020, en el que se dictaminó que los derivados de la planta que contengan hasta un 0,3% de THC no pueden ser considerados un estupefaciente prohibido. Esto también viola las normas del bloque continental en cuanto a la libre circulación de mercancías.

Algunos eurodiputados, como la italiana Christina Guarda, ya mostraron su apoyo a la petición de los empresarios cañameros. La parlamentaria criticó la “propaganda moralista” del gobierno de Meloni. Ahora, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidirá sobre la admisibilidad de la petición y podría abrir un diálogo con la Comisión Europea para revertir la decisión de prohibir el cáñamo en Italia.