La adhesión chaqueña, en términos prácticos, significa coordinar permisos y fiscalización con las autoridades nacionales y avanzar hacia una oferta segura para pacientes y cuidadoras/es, al tiempo que se habilita un circuito productivo formal para cooperativas, pymes y laboratorios.

El diputado Juan José Bergia, para el medio libertaddigital.com.ar, comentó la medida como “un paso histórico para generar producción, empleo e ingresos” y subrayó que el esquema incorpora a pacientes, autocultivadores, cultivadores solidarios, ONG, asociaciones civiles, cooperativas, PyMES, farmacias y laboratorios. En el plano operativo, los lineamientos locales apuntan a consolidar la trazabilidad desde el cultivo hasta los preparados, integrando investigación, industrialización y dispensación en farmacias bajo estándares verificables.

De acuerdo con lo anunciado por los referentes legislativos, el 29 de octubre se debatirá el proyecto de Ley Provincial 1.442, que organizaría toda la cadena de valor a nivel local y propone la creación de una Agencia Chaqueña específica para cannabis y cáñamo. El objetivo declarado es dar herramientas a ministerios y organismos provinciales para garantizar acceso seguro, promover la investigación y motorizar empleo, evitando superposiciones y vacíos regulatorios.

La experiencia de otras jurisdicciones argentinas muestra que la transición de la tolerancia informal a la legalidad regulada reduce incertidumbre para pacientes, cultivadores solidarios y emprendimientos, ofreciendo un horizonte industrial para el cáñamo en fibras, bioplásticos o alimentos. Para esta provincia, históricamente agrícola, el desafío será crear reglas claras, licencias transparentes, apoyo técnico y un enfoque de salud pública que evite criminalizar a quienes hoy ya recurren al cannabis con fines terapéuticos.