En 2020 un agente detuvo un automóvil en el condado de Washington por el polarizado de sus ventanillas. Al percibir olor a cannabis, ordenó salir a sus ocupantes y efectuó registros. Encontró cigarrillos de marihuana en dos pasajeros y, en el maletero, una mochila de Darnell Martin con cocaína, material de embalaje y una balanza digital.

El registro se realizó el 30 de septiembre de 2020. Seis meses después, Nueva York aprobó la Ley de Regulación y Tributación de la Marihuana (MRTA), que legalizó el uso adulto, sentó las bases para un mercado regulado que sigue ampliándose y modificó las reglas sobre registros. Desde el 31 de marzo de 2021, la ley impide, por regla general, justificar la existencia de causa probable únicamente por el olor a cannabis, su combustión o la posesión de cantidades autorizadas. Se mantienen excepciones, entre ellas determinadas investigaciones sobre conducción bajo los efectos de drogas.

Martin pidió que se excluyeran las pruebas halladas en el vehículo, pero el tribunal del condado rechazó la solicitud y consideró que la nueva norma no podía aplicarse a un registro practicado antes de su entrada en vigor. Tras declararse culpable de posesión de una sustancia controlada, Martin apeló su condena para impugnar la decisión del tribunal de admitir esas pruebas.

En junio de 2025, una sala de apelaciones le dio la razón por tres votos frente a dos. La mayoría sostuvo que la reforma limita las conclusiones que puede alcanzar un juez en una audiencia posterior a su aprobación, sin alterar retrospectivamente la actuación del agente. Por ello, anuló la declaración de culpabilidad y ordenó excluir las pruebas. Los dos magistrados discrepantes consideraron que esa interpretación afectaba indebidamente a registros legales cuando se efectuaron. El alcance del olor como justificación de un registro también ha llegado a los tribunales de Illinois, aunque allí se discutía una cuestión jurídica diferente.

La discrepancia no terminó ahí y en octubre de 2025, otra sala de apelaciones, al resolver el caso Fasoli, defendió que la fecha determinante era la del registro, no la de la audiencia. El máximo tribunal ya había rechazado en 2023, en el caso Pastrana, la aplicación retroactiva de la reforma a una condena anterior a la legalización, pero dejó abierta la situación concreta que ahora plantea Martin.

El valor policial del olor también se ha discutido en Florida, aunque bajo una normativa diferente. Tras los alegatos del 16 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York mantiene el asunto pendiente de resolución. Su decisión deberá aclarar cómo tratar las pruebas obtenidas antes de la legalización en procesos que continuaron después, sin cambiar por ello la regla que actualmente limita los registros basados exclusivamente en el olor a cannabis.