Entre las personas indultadas figura Jonathan Carey, condenado en 2005 por posesión de más de ocho onzas de cannabis. Después de cumplir su pena estudió Derecho y fundó COPA Legal Clinic, una organización que presta servicios jurídicos a bajo coste. Según explicó Polis en la carta de indulto, la medida puede facilitarle el acceso a licencias profesionales y reducir las consecuencias que todavía arrastraba por sus antecedentes.
También recibieron el perdón Scott Dillon, condenado en 1999 por intento de posesión de ocho onzas o más de cannabis; Sabrina Flanagan, condenada en 2006 por posesión de entre una y ocho onzas y una pequeña cantidad de otra sustancia fiscalizada; Ernest Flowers Jr., condenado en 1997 por posesión de más de ocho onzas; y Derek Bilbrey, condenado en 2000 por posesión de entre una y ocho onzas.
Los 29 indultos no corresponden exclusivamente a delitos relacionados con cannabis. Se trata de una ronda de clemencia individual que abarca distintos antecedentes penales. Sin embargo, los casos cannábicos vuelven a poner sobre la mesa una cuestión que Colorado afronta desde que legalizó el uso adulto mediante votación popular en 2012: cambiar la ley no elimina automáticamente las consecuencias de las condenas anteriores.
Polis ya había utilizado mecanismos más amplios para abordar ese problema. En 2020 indultó 2.732 condenas por posesión de pequeñas cantidades de cannabis y, en 2021, otras 1.351. La oficina del gobernador cifra actualmente en 4.083 los indultos concedidos específicamente por posesión de cannabis desde que asumió el cargo en 2019.
La diferencia es importante. Aquellos indultos masivos respondían a conductas que habían dejado de estar penalizadas bajo la nueva legislación. Los anunciados ahora requieren una evaluación individual y pueden referirse a cantidades mayores o expedientes más complejos.
Una condena penal puede seguir afectando durante años al empleo, las licencias profesionales, la vivienda o los viajes incluso después de cumplida la pena. Por eso, la legalización del cannabis no cierra por sí sola el capítulo del prohibicionismo. Colorado muestra que reformar la ley hacia el futuro es solo una parte del proceso: también queda decidir qué hacer con las personas que continúan soportando las consecuencias de una política que el propio Estado decidió abandonar.
