Actualmente la mayoría de jurisdicciones reguladas, en Estados Unidos, restringen la cantidad total de cannabis que puede comprarse, pero pocas han implementado límites directos al porcentaje de THC por producto. 

Sin embargo, algunos estados han adoptado medidas concretas. Connecticut y Vermont, por ejemplo, establecieron un máximo de 30% para flores y 60% para concentrados. Massachusetts limita los concentrados a 70% y los comestibles a 5.5 mg por porción. En Oregon, los topes alcanzan los 10 mg por porción de comestibles y 2,000 mg por paquete de concentrados.

En Canadá, el límite nacional para comestibles es de 10 mg por envase. Este umbral ha sido generalmente aceptado por las personas usuarias. Sin embargo, el consenso regulatorio se diluye al tratarse de otros productos.

En el caso de la flor, el límite del 30% de THC resulta casi simbólico, ya que rara vez se supera ese umbral. En cambio, los productos más potentes, como los líquidos para vapeo o extractos, pueden alcanzar concentraciones de entre 70% y 90%.

Algunas voces alertan que imponer límites estrictos a la potencia del cannabis podría reactivar las dinámicas en que opera el mercado ilegal, ya que al quedar fuera de la regulación una parte importante de la oferta actual, muchas usarios podrían recurrir a canales no regulados para conseguir esos productos.

Otros sectores sostienen que una regulación bien diseñada puede mitigar riesgos sin recurrir a la prohibición. En lugar de vetar productos, proponen medidas como etiquetado claro, impuestos según la concentración de THC y formación específica para quienes se dediquen a su comercialización. La clave, afirman, es que las políticas se ajusten a la realidad del mercado y no desconozcan la demanda existente.