Para entender el contexto de este debate en Alemania debemos empezar recordando que, en este país, la posesión de cualquier droga, incluido el cannabis, se castiga con una multa o con penas de prisión de hasta cinco años. La autoridad competente puede abstenerse de procesar al implicado si es una ofensa menor, si no hay interés público en el delito y si los estupefacientes solo estaban destinados al uso propio en pequeñas cantidades. El tribunal también puede abstenerse de dictar sentencia en los mismos supuestos. En la fase de sentencia, la ejecución de una pena de prisión de hasta dos años puede suspenderse si la persona accede a someterse a tratamiento. Hay que apuntar también, con relación al cannabis, que en Alemania se legalizó el acceso para su uso medicinal en el 2017, lo que permitió a los pacientes con ciertas condiciones médicas y suficiente capacidad económica obtener cannabis bajo prescripción médica.
Por otro lado, el movimiento cannábico germano lleva décadas abogando por una revisión de las leyes sobre cannabis. Existen diversos grupos de presión en Alemania para promover la regulación del cannabis. Estos grupos han organizado eventos, manifestaciones y campañas para generar apoyo público, siendo la Hanfparade, que se organiza desde 1997, una de las manifestaciones cannábicas más numerosas de Europa.
Dicho esto, el proceso de regulación del cannabis en Alemania ha suscitado interés por parte de los actores políticos y sociales de los países europeos. Desde que la coalición semáforo decidió su legalización en los acuerdos de investidura del 2021, se han sucedido diversas etapas que muestran la senda que se podría seguir en el Estado español. Debido a la similitud de sus sistemas políticos y a la misma condición de país miembro de la Unión Europea, entre otros aspectos, Alemania es un buen ejemplo para trazar una hoja de ruta en nuestro país. Este ha sido un proceso lleno de desafíos que pueden proporcionar valiosas lecciones para el contexto español.
Un camino lleno de desafíos
El primer desafío para el camino alemán, que proponía la legalización en una fórmula más comercial, fue la Comisión Europea, que, basada en los tratados internacionales y europeos, formuló unas respuestas a las preguntas del Gabinete germano que complejizaban la formulación de esta política pública. Entonces, se propusieron dos fases para el proceso. La primera despenalizaba el cannabis y regulaba el autocultivo y los clubes sociales de cannabis; de estos últimos ya existía un grupo reducido en Alemania, y a partir del anuncio de esta regulación multiplicaron su número. La segunda fase, que abordará una regulación con un carácter más comercial, se pretende desarrollar más adelante.
Otro desafío ha radicado en la diversidad de posturas políticas. La composición del Bundestag dificulta la capacidad de llegar a consensos en temas controvertidos como la regulación del cannabis, desde posturas prohibicionistas muy duras en la CDU/CSU (demócratacristianos) y Alternativa para Alemania (extrema derecha), hasta la coalición de gobierno que ha promovido la regulación, aderezado con un clima político polarizado.
El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) ha presentado desafíos adicionales en forma de retrasos e incertidumbres. Aunque el partido ha liderado el proyecto de ley a través del ministro de Sanidad, el profesor Karl Lauterbach, su papel en la coalición semáforo ha generado tensiones y dilaciones durante el proceso. Este desafío ilustra la complejidad de coordinar distintas agendas dentro de una coalición y resalta la importancia de la coherencia y la celeridad en la materialización de cambios significativos.
En clave española, esto resalta la necesidad de convencer al PSOE, escuchar las diferentes voces en el proceso legislativo y llegar a acuerdos. La sociedad civil, los expertos en salud, los representantes de la industria y otros grupos deben tener la oportunidad de contribuir al diseño de políticas públicas transversales.
Carencias, tensiones y resistencias
En el proceso alemán han faltado entidades que trabajen en el ámbito de la reducción de riesgos; el texto germano no ahonda lo suficiente en esta perspectiva. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial, al proporcionar información, servicios y apoyo a las personas usuarias, contribuyendo así a minimizar los riesgos asociados al consumo. Es esencial reconocer que, en algunos contextos legislativos, esta perspectiva puede pasar desapercibida o no recibir la atención adecuada. Sin embargo, para nuestro país existe una ventaja significativa: la presencia de una red sólida de entidades de reducción de riesgos. Este tejido organizativo puede ofrecer valiosos conocimientos en la implementación de políticas relacionadas con el cannabis, y también sirve como recurso fundamental para la promoción de prácticas seguras y la mitigación de posibles impactos negativos de la implementación de la ley.
Podríamos identificar otro desafío, que es la formulación del proyecto de ley. El texto ha pasado por diversas etapas desde los primeros borradores, manteniendo la prohibición de consumir en el interior de los clubes sociales de cannabis y un número de plantas y unas cantidades de acopio para personas autocultivadoras insuficientes, entre otras cuestiones reclamadas por las organizaciones civiles germanas. Estos son aspectos que denotan una baja comprensión del ciclo de cultivo de la planta y las costumbres de consumo. Por lo que una de las lecciones del proceso alemán es que la interlocución de la sociedad civil es clave para transmitir los conocimientos a los legisladores, a fin de generar textos que solucionen las necesidades sociales existentes.
“El Estado español, al enfrentarse a desafíos similares, debe aprender de la experiencia alemana y buscar un enfoque que garantice una regulación equitativa y que atienda las necesidades de la sociedad en lugar de privilegiar intereses particulares”
Otra lección aprendida es la idoneidad de separar los debates sobre el uso medicinal y el recreativo. Mientras que aquí en España el debate sobre el uso medicinal supuso un retraso para el recreativo en la pasada legislatura, lo que hemos visto en Alemania es un dominio de representantes de empresas farmacéuticas en los procesos de escucha, ya que la ley incluye artículos que regulan aspectos medicinales, entre otras cuestiones como el cáñamo industrial. La transparencia, la participación ciudadana y la revisión crítica de expertos se vuelven aún más importantes para contrarrestar los efectos perniciosos que pueda acarrear una legislación que no cuente con la sociedad civil. Aquí se observan las clásicas tensiones entre los intereses económicos y la obligación de los gobiernos de proteger la salud de las personas.
Este desafío ilustra la necesidad de equilibrar la consideración de factores económicos con los objetivos de justicia social y protección de la salud. El Estado español, al enfrentarse a desafíos similares, debe aprender de la experiencia alemana y buscar un enfoque que garantice una regulación equitativa y que atienda las necesidades de la sociedad en lugar de privilegiar intereses particulares.
Por último, nos gustaría destacar un desafío adicional que suele darse en políticas públicas controvertidas, las resistencias de algunos actores institucionales, que pueden dar lugar a actuaciones desproporcionadas. Recordemos que solo el cuarenta y cinco por ciento de la población está a favor de la legalización, mientras que un cuarenta por ciento se posiciona en contra, con un quince por ciento de indecisos, según un sondeo publicado en el 2023 por el diario Der Spiegel. Esto resalta la necesidad de abordar con atención la implementación de esta política en los diferentes länder. La resistencia de ciertos actores institucionales puede amenazar la eficacia de las políticas propuestas y puede dar lugar a consecuencias injustas y desiguales para diversos segmentos de la sociedad o territorios, en especial, en aquellos lugares tradicionalmente prohibicionistas, como la zona bávara. Este desafío pone el foco en la importancia de un diálogo continuo entre los responsables políticos, la sociedad civil y los actores institucionales relevantes para garantizar la equidad, la transparencia y la efectividad en la aplicación de políticas relacionadas con el cannabis.
Una legislación más progresista
En conclusión, el proceso germano de regulación ofrece algunas lecciones que pueden ser útiles para nuestro país en su propio camino hacia la regulación del cannabis. Gestionar la diversidad de opiniones políticas y garantizar la participación ciudadana son cuestiones imperativas. La transparencia en la consulta con la sociedad, la revisión crítica por parte de expertos y la inclusión de diferentes perspectivas territoriales son elementos que pueden contribuir a un proceso justo y equitativo. La resistencia de algunos actores y la diversidad de opiniones políticas subrayan la importancia de un enfoque equilibrado y basado en la evidencia científica y fáctica.
El avance de la regulación del cannabis en el Bundestag alemán se presenta como un capítulo clave en la evolución de las políticas sobre drogas en Europa. Al observar este proceso, tenemos la oportunidad de aprender sobre la transparencia, la cohesión en las coaliciones políticas, el equilibrio entre intereses empresariales y de salud, la participación activa de la sociedad civil y el encaje en los tratados internacionales, todos ellos elementos que hay que tener en cuenta para el éxito de cualquier intento de regulación del cannabis. Por último, el camino hacia una legislación más progresista en materia de cannabis exige una cuidadosa consideración de los desafíos presentes y futuros, así como una firme dedicación para la construcción de un marco normativo que contenga las respuestas a las necesidades de la sociedad en su conjunto y, en particular, de las personas usuarias.