Durante el pasado fin de semana, empleados de la Municipalidad de San Isidro, ubicada en la provincia Buenos Aires, Argentina, decomisaron y destruyeron varios centenares de plantas de cannabis que producía una ONG para asistir a 150 personas que utilizan los derivados de la planta para tratar diferentes enfermedades. La asociación intervenida fue Superfly Cannabis Medicinal y sus abogados denunciaron ante la Justicia que el procedimiento fue ilegal.
Superfly “funcionaba en una zona residencial sin habilitación municipal”, le dijeron los funcionarios locales al medio local Infobae sobre el procedimiento que se realizó el sábado por la mañana por disposición del Juzgado de Faltas N° 1, a cargo de Andrés Rolón. La causa se inició hace dos meses a partir de la denuncia de una vecina del domicilio donde funcionaba la asociación civil. La municipalidad aseguró que se incautaron más de mil plantas y que ya fueron destruidas.
Cáñamo se puso en contacto Juan Palomino, uno de los abogados que acompaña a la asociación Superfly. Lo primero que dijo el letrado fue que el procedimiento fue irregular y que no había mil plantas como difundió la Municipalidad de San Isidro. “No había ni la mitad de ese número”, aseguró.
Palomino contó que “la situación surgió por la denuncia de una vecina. Esto no prosperó en el ámbito penal y quedó en la nada. Pero llegó a los oídos del municipio que funcionaba una ONG de cannabis relacionada a la salud”. Después, el abogado explicó que “a través de un juez, y haciéndose eco del código urbanístico, dijeron que la asociación no tenía una habilitación correspondiente. Pero tampoco existe una figura de habilitación porque esto no es una actividad comercial”.
El abogado le pidió una prórroga al juez Rolón, ya que la asociación pretendía mudarse en los próximos tres meses. Pero eso les importó poco a los veinte empleados de la municipalidad que el sábado por la mañana allanaron Superfly. Palomino contó que en el procedimiento no hubo presencia policial, ya que no existía una orden de allanamiento firmada por un juez por una causa penal. En este caso, se debería tratar como un procedimiento administrativo. “El presidente de la ONG dejó pasar a los empleados porque algunos de ellos lo amenazaron con que iban a romperles todo si se negaba a abrirles la puerta”, dijo Palomino.
Los empleados municipales incumplieron su promesa de cuidar la producción de Superfly y no solo se llevaron varias decenas de las plantas que cultivaban en sus instalaciones. Sino que el cannabis secuestrado fue destruido durante la misma noche del procedimiento en el crematorio del cementerio de San Isidro. “En un proceso normal, la destrucción de lo decomisado puede tardar años. Ahora, hay 150 pacientes que se quedaron sin su medicina porque se encaprichó un intendente del Opus Dei”, dijo Palomino sobre Ramón Lanús.
El abogado realizó ayer una denuncia en la Fiscalía General por “allanamiento ilegal sin orden judicial, sin la presencia de testigos y las amenazas efectuadas por los empleados municipales”. Por último, Palomino aseguró que hasta el momento no se ha iniciado una causa judicial contra los empleados y fundadores de la asociación civil.
Reaccionarios e ignorantes
El municipio de San Isidro en conjunto con el Juzgado de Faltas N°1, ordenaron el decomiso de todo lo vinculado a la ONG Superfly Cannabis Club, que viene realizando un enorme trabajo para el acceso a la salud de las personas.
Es vergonzoso ver como… pic.twitter.com/jrcyJRTXRm— Editor✍ (@Editor_76) April 6, 2024
