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Lobo
lustración: Oscar Noguera
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El pasado mes de julio, la ONG Global Witness presentó un informe titulado “Defender la tierra”, en el que se constata una vez más que, de entre los defensores de los derechos humanos, los ambientalistas constituyen el colectivo más vulnerable. A lo largo del 2016 quedaron documentados doscientos asesinatos, quince más que en el 2015 y ochenta y cuatro más que en el 2014; se trata de la cifra más alta registrada hasta el momento.

Además, se refleja una expansión territorial de la violencia, que si durante el 2015 afectó a dieciséis países, en el 2016 se extendió a veinticuatro. Dado que muchos de los crímenes se producen en lugares remotos, es muy probable que el número de víctimas sea bastante más elevado. El informe también reporta amenazas de muerte, acoso, persecución, detenciones y agresiones sexuales.

La minería es el sector más vinculado a la violencia; la agroindustria, la construcción de presas eléctricas y las talas son otras de las actividades que generan intensos conflictos. En muchos casos se trata de proyectos ligados al recurso del agua y que conllevan grandes impactos sobre el hábitat, la alimentación y los tipos de vida.

Durante el 2014, América Latina recibió el 27% de la inversión mundial en minería; las empresas encuentran marcos legales totalmente favorables para sus actividades, y los gobiernos realizan profundos procesos de desregulación de las normativas sobre protección social y medioambiental. Las corporaciones, con frecuencia, fuerzan el desalojo de zonas pobladas en violación de los acuerdos internacionales que obligan a los estados a realizar consultas previas a los habitantes en el caso de explotación de recursos en territorios indígenas.

A partir del 2015, en los estados amazónicos de Brasil se detectó un fuerte aumento de la violencia originado por la expansión de las explotaciones agrícolas y las actividades madereras ilegales. En la selva existen miles de campamentos de tala ilegal, al mismo tiempo, la agricultura se interna en las reservas indígenas. Aproximadamente el ochenta por ciento de la madera brasileña presente en el comercio mundial es de procedencia ilegal y representa el veinticinco por ciento del mercado de maderas ilegales del mundo, del que se nutren compradores de Estados Unidos, Europa y China.

La mayor parte de los crímenes contra defensores del territorio y el medio ambiente que se cometen a nivel mundial afectan a los indígenas, en particular en América Latina. El sesenta y uno por ciento de los asesinatos (122) se produjeron en Brasil, que junto a Colombia (37) son los países más mortíferos del mundo; Honduras, en relación con su población, es el más peligroso con el asesinato de catorce activistas durante el 2016. En Nicaragua se produjo un importante incremento en el número de asesinatos (11), consecuencia del conflicto entre colonos invasores e indígenas miskitos. Un noventa por ciento de todos esos crímenes quedan sin resolver. La complicidad entre estados y empresas da protección a gran parte de los criminales, entre los que se encuentran grupos paramilitares, ejércitos y vigilantes privados. Aprovechando la alta violencia estructural existente, en numerosos países muchos de los asesinatos suelen ser achacados a la delincuencia común.

En este contexto de impunidad, la criminalización de los activistas es creciente. Gobiernos y empresarios utilizan sus influencias para marginarlos y poner a la opinión pública en su contra tildándolos de opuestos al desarrollo.

El extractivismo se ha convertido en un dogma de fe defendido por gobiernos tanto neoliberales como progresistas. Para los primeros se trata de crecimiento y desarrollo, para los segundos de fuentes de divisas para el pago de la deuda social. Las legislaciones nacionales pugnan entre sí por adaptarse a las exigencias de los inversores y captar el mayor número de recursos. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina tiene localizados decenas de conflictos que se extienden desde México hasta el sur del continente.

Numerosas empresas que participan en los proyectos descritos tienen historiales de malas prácticas. El Tribunal Permanente de los Pueblos, un jurado ético no gubernamental, condenó en el 2010, tras seis años de investigaciones, a lo más granado del tejido empresarial europeo por violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el medioambiente en América Latina.

Buena parte de empresas extranjeras operan en los países de destino a través de filiales o subcontratas, lo que les facilita la elusión de responsabilidades en casos de conflictos o denuncias. Las transnacionales coludidas con los gobiernos evitan la aplicación de las normas internacionales vinculantes que pudieran forzar el cumplimiento de sus obligaciones. En su día, se planteó que la Corte Penal Internacional pudiera juzgar a las empresas, algo que finalmente fue descartado.

Odebrecht, la evidencia

Los sobornos reconocidos por la compañía brasileña Odebrecht dejan en evidencia la corrupción sistemática y la impunidad que rigen en América Latina. Parte de los detalles de los métodos de corrupción utilizados por la compañía se conocieron en el 2016 cuando el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos revelaron las confesiones de diversos directivos, en las que reconocían haber pagado setecientos ochenta y ocho millones de dólares en sobornos en once países de América Latina y Mozambique. Estas prácticas se llevaron a cabo, al menos, entre el 2011 y el 2016, y tuvieron como beneficiarios a funcionarios, partidos políticos, gobiernos, ministros, senadores y jefes de estado.

En todos los países, los sobornos están vinculados con proyectos energéticos o de infraestructuras, y muchos de ellos fueron declarados fundamentales para el desarrollo por gobiernos u organismos internacionales. Muchos de esos proyectos fueron denunciados durante años por comunidades y organizaciones debido a sus negativos impactos sobre el medioambiente, la vulneración de derechos humanos y la existencia de alternativas realizables y sostenibles.

La impunidad es elevadísima, en casi la totalidad de países donde operaba la compañía no se ha esclarecido el destino de los sobornos, sus implicaciones políticas o si se trataba de la única empresa que recurría a estas prácticas. Los datos revelados por Estados Unidos y aceptados por la empresa, que aceptó pagar una multa de tres mil quinientos millones de dólares, mencionan a funcionarios e intermediarios de los gobiernos de Brasil, Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y Argentina.

Es difícil pensar que Odebrecht sea la única empresa que ha sobornado para ganar licitaciones; también se plantea la cuestión de en cuántas ocasiones los sobornos fueron ofrecidos por la compañía y en cuántas les fueron exigidos como parte del sistema de licitación.

Estados Unidos abrió este caso y reveló rápidamente las informaciones cuando Odebrecht aceptó en el 2016 un acuerdo de colaboración con la justicia brasileña consistente en aceptar su implicación en sobornos y colaborar para establecer su alcance.

Es preciso señalar que, desde que en Estados Unidos entró en vigor el Acta de Prácticas Corruptas en el extranjero, que establece fuertes sanciones para los infractores, las empresas estadounidenses no han ganado ninguna licitación pública en América Latina, donde suelen imponerse empresas europeas o latinoamericanas.

En tanto, en Brasil, el propietario y expresidente de Odebrecht permanece en prisión condenado en primera instancia a diecinueve años. También se han depurado responsabilidades políticas a alto nivel, aunque día a día se constata que queda todo por hacer.

Anécdotas

Se dice que la cercanía entre el gobierno peruano y el empresariado brasileño tiene como símbolo una estatua con la forma de un Cristo de brazos abiertos y veintidós metros de altura. Se trata del Cristo del Pacífico, un regalo de Odebrecht al expresidente peruano Alán García. La estatua, valorada en ochocientos treintaitrés mil dólares, fue un pedido del mandatario peruano que tardó tres años en materializarse y se inauguró el 29 de junio de 2011, un día antes de que el consorcio integrado por Odebrecht obtuviera el contrato para la construcción de la Línea 1 del metro de Lima.

A finales de junio de 2017, la Policía Federal de Brasil informó de la suspensión indefinida de la emisión de nuevos pasaportes debido a la falta de fondos. “La suspensión de la emisión de pasaportes es quizás el aspecto más visible del desmantelamiento que la Policía Federal está sufriendo”, manifestó la asociación policial en un comunicado.

La principal explicación que se dio a la suspensión es que la Policía Federal, que dirige la investigación de corrupción conocida como “Lava Jato”, tenía una parte sustancial de sus fondos congelados durante este año, debido a que el gobierno intentaba recortar el gasto en medio de una fuerte caída de los ingresos fiscales.

Si bien el ministro de Justicia afirmó que la congelación de los fondos no perjudicaría la capacidad operativa del cuerpo, la organización de investigadores señaló que su capacidad se había visto afectada. El fiscal que dirige la investigación “Lava Jato” manifestó que el gobierno está intentando “sofocar” a la policía.

“Lava Jato” es considerada como la mayor operación efectuada contra la corrupción política en Brasil. La constructora Odebrecht es una de las principales empresas brasileñas implicadas en “Lava Jato”.

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