Hace solo unos meses poníamos de relieve el temor y rechazo, de las sociedades latinoamericanas, a los enfoques militares en materia de drogas. El pasado enero, el Gobierno argentino declaraba la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio nacional por el plazo de un año con el objetivo de revertir la situación de peligro colectivo creada por el crimen organizado y el narcotráfico, mediante una resolución que incluye un fuerte control del espacio aéreo y el derribo de aeronaves.

La medida podrá ser prorrogada al término del año de plazo, y se encuentra en sincronía con el objetivo establecido por el, recientemente electo, presidente Mauricio Macri de luchar contra el narcotráfico y otros delitos graves especificados en el propio decreto: producción, tráfico y comercialización de estupefacientes, y los relacionados con las actividades de asociaciones ilícitas o terroristas.

El Gobierno pone en manos de los ministerios de Seguridad y Defensa y de Transporte el reforzamiento de la seguridad en todos los medios de transporte aéreos, y concede, además, autorización para la adquisición del material indispensable para reforzar la vigilancia de la frontera fluvial, los puestos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional. Unas medidas no totalmente inéditas en el país, ya que la provincia de Buenos Aires permaneció en emergencia de seguridad, durante un año, hasta marzo del 2015; en ese contexto se procedió a la duplicación de las fuerzas policiales, que alcanzaron los 100.000 efectivos, y las infraestructuras fueron reforzadas.

La policía argentina tiene fama de gatillo fácil y de torturas en comisarías y cárceles, lo que ha originado alertas y denuncias de organismos de derechos humanos y de la Comisión Provincial de la Memoria sobre las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que se arrastran desde hace años en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, algunos medios advierten de que la llegada de la derecha a los gobiernos nacional y bonaerense reabre la posibilidad del establecimiento de vínculos abiertos con los servicios de inteligencia internacionales como la CIA, el FBI y el Mossad. En el 2009, siendo jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri nombró al frente de la Policía Metropolitana a Jorge “Fino” Palacios, que contaría con el beneplácito de la CIA, la DEA y el Mossad, a pesar de estar acusado de encubrimiento en el atentado a la AMIA, ser reconocido partidario de la dictadura militar y haber estado presente en las represiones de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando la población se manifestaba al grito de “Que se vayan todos”, y que se saldaron con treinta y nueve muertos.

La DEA y la lucha contra la droga como excusa

Por su parte, el nuevo ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, viajó asiduamente, a lo largo de los últimos años, a Estados Unidos, apelando a una agenda de seguridad que le llevaría a establecer estrechos contactos con el FBI. Apoyado por Ritondo, Pablo Bressi, anterior encargado de la Superintendencia de Investigaciones sobre Tráfico Ilícito de Drogas, ha sido elegido recientemente nuevo jefe de la policía bonaerense. De Bressi se recuerda su papel como negociador del Grupo Halcón de la policía con los asaltantes que tomaron rehenes en la sucursal Villa Ramallo del Banco de la Nación el 17 de septiembre de 1999. “La imagen de los cuerpos acribillados de dos de los rehenes tomados en el Banco de la Nación –decía la prensa argentina al día siguiente–  desencadenó una ola de indignación en todo el país por la inexplicable reacción de la policía, que tiró a matar hacia el auto en el que tres asaltantes y sus víctimas salieron de la sucursal”.

Distintos medios señalan a Bressi como un hombre entrenado por la DEA y vinculado con la CIA y el Departamento de Estado norteamericano, cuyo nombramiento al frente de la policía bonaerense pone en cuestión la búsqueda de la independencia política y choca con una experiencia histórica que  muestra que, en la región, la DEA acarrea más problemas que soluciones.

La reorganización también ha llegado a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en la que se ha procedido a incorporar a buen número de militares, comisarios y subcomisarios retirados. La dirección, macrista, de la AFI arguye que se trata de reforzar los perfiles antidrogas de la inteligencia. Sin embargo, la experiencia muestra la tendencia de militares, policías y agentes de inteligencia a establecer lazos con los narcos. Por lo demás, el principal objetivo de la AFI no es tanto la lucha contra las drogas como la realización de labores de inteligencia para la defensa nacional; la prevención de ataques terroristas, y la recopilación de información sobre delitos contra el orden constitucional.

Fuga con una pistola de juguete

La primera prueba de fuego para la reestructurada AFI fue la fuga, el pasado diciembre, de los hermanos Lanatta y de Víctor Schillaci, tres sicarios del narcotráfico que escaparon de un penal de alta seguridad tras reducir a los guardias con una pistola de juguete. La AFI no habría aportado nada que contribuyera a la posterior captura. En agosto del 2015, en plena campaña electoral, uno de los prófugos, Martín Lanatta, acusó al entonces jefe del Gabinete de Ministros del Gobierno de Cristina Fernández y candidato a gobernador de Buenos Aires, Aníbal Fernández, de haberles ordenado un triple asesinato en el 2008 en el marco de una guerra por el control del tráfico de drogas en el país. El estupor y el escándalo generados por tales declaraciones contribuyeron fuertemente a que se proclamara ganadora la también candidata a gobernadora, María Eugenia Vidal, del partido de Macri Propuesta Republicana.

La fuga de los reos fue también la primera crisis que debió afrontar la flamante gobernadora bonaerense, que reaccionó culpando a los servicios penitenciarios heredados de su predecesor, el peronista Daniel Scioli, rival de Macri en las presidenciales. Vidal interpretó que la evasión se trataba de un mensaje mafioso ante su determinación de combatir el narcotráfico. Desde la perspectiva peronista, los hechos fueron considerados como una puesta en libertad deliberada de los presos en agradecimiento por los servicios prestados durante la campaña electoral. Para quienes intentan realizar un análisis más equilibrado y objetivo, lo que realmente expresa la fuga es la podredumbre de un sistema penitenciario superpoblado en el que se violan los derechos humanos y que se encuentra cargado de prebendas para quienes puedan y quieran sobornar a los carceleros, una situación que pone de manifiesto la profunda corrupción política existente en el país.

La criminalización de la protesta social

Entre sus propuestas para combatir el narcotráfico, el nuevo gobierno incluye la militarización de los barrios populares y el reforzamiento de los aparatos de control estatales, una política que poco disuadirá a los capos de las drogas y a sus aliados en los aparatos de estado y que tendrá como efecto la criminalización de los trabajadores y el reforzamiento de la represión sobre libertades individuales, entre ellas la de optar por el consumo de sustancias.

Algunos movimientos sociales denuncian que el Decreto de Emergencia pondrá en marcha medidas represivas camufladas de prevención mediante operativos que intentarán demostrar que el Estado profundiza en las libertades democráticas a través de un pretendido combate al delito. Los temores no son infundados, ya el pasado diciembre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaraba a la prensa: “El concepto de emergencia es en sentido amplio, aunque la prioridad es la lucha contra el narcotráfico y los delitos complejos”. Por su parte, el secretario Milman señalaba que la emergencia “también abarca áreas que tienen que ver con lo social, lo educativo y la justicia”.

En enero, la detención de Milagro Sala, una líder social muy conocida en Argentina, causó impacto en el país, hasta el punto de que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ampliamente respetado como defensor de los derechos humanos, denunció los motivos utilizados para detener a Sala y afirmó que se trataba de “un gravísimo precedente de criminalización de la protesta social”. Sala inició una huelga de hambre. Milagro Sala es diputada del Parlasur, el Parlamento del Mercosur, y una persona poderosa en Jujuy, provincia ubicada en el empobrecido norte argentino. La organización a la que pertenece, Túpac Amaru, ha construido barrios enteros y domina escuelas y empleos de miles de personas; ella y su organización constituyen el referente político de la zona y gozaban de amplio poder a través de sus alianzas con el kirchnerismo, lo que les permitía obtener importantes subvenciones para la realización de proyectos sociales. Curiosamente, la única provincia del norte en la que el peronismo fue derrotado en las elecciones fue Jujuy. Entonces, el nuevo gobernador, aliado de Macri, decidió reducir las subvenciones a Túpac Amaru, motivo por el que Sala decidió movilizar a sus fuerzas para protestar.

Tras una acampada pacífica de treinta y dos días y recibir un ultimátum, Sala fue detenida y encarcelada acusada de varios delitos relacionados con la protesta, como el de “instigación a cometer ilícitos y tumultos”. Durante la protesta, el AFI informó de que en Jujuy podían producirse explosiones sociales que pusieran en riesgo el estado de derecho. Ciertamente, no se produjo incidente alguno, sin embargo, fueron movilizadas fuerzas policiales desde Santiago del Estero utilizando vehículos en mal estado, con el lamentable resultado de cuarenta y tres agentes fallecidos al despeñarse uno de los transportes.

Macri impulsa una política de ajustes estructurales que, sin duda, tendrá duros efectos sobre las condiciones de vida de los sectores populares y que, en consecuencia, anuncian conflictividad social. Aun antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, los anuncios de devaluación del peso conllevaron un aumento generalizado del precio de los alimentos y de diversos insumos, al tiempo que se producía escasez en los mercados debido a que los proveedores retenían mercancías a la espera de que se concretara la devaluación.

Los despidos se suceden en diferentes sectores, la supresión de los subsidios a la electricidad ha generado incrementos del 300% en las tarifas… Mientras escribimos estas líneas, el verano austral sigue su curso y muchos aguardan con aprensión la llegada de un otoño en el que se iniciarán los auténticos ajustes.