Mario Juárez Almaraz, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de Jujuy, ubicada al norte de Argentina, absolvió a una mujer boliviana que ingresó al país casi un kilo de cocaína. La “mula” fue exculpada porque, si bien cometió un delito, el contexto de pobreza en el que vivía ella y sus hijos no le había dejado otra opción de subsistencia que cruzar las fronteras con grandes cantidades de una sustancia ilícita. En el derecho penal esta figura se la conoce como “estado de necesidad justificante”.

La mujer boliviana se trató de Maribel Rodríguez, quien había recibido la promesa de un pago de 700 dólares (625 euros) si el paquete de cocaína llegaba a su destino. “Tenía que adosarlo a mi panza”, contó Rodríguez en un artículo recientemente publicado por ElDiario.ar. En la ciudad boliviana de Yacuiba ella obtuvo los 998 gramos de cocaína y emprendió su viaje. Logró ingresar a Argentina, en la ciudad de Salvador Mazza, en Salta, y luego cogió un ómnibus hacia Córdoba. Rodríguez era acompañada por su hija pequeña. Pero a los pocos kilómetros fue detenida por un control de la Gendarmería y se le encontró la cocaína. Se la acusó del transporte de la sustancia, un delito penado con 15 años de cárcel.

Sin embargo, el magistrado Almaraz consideró los fundamentos presentados por la defensoría pública de la acusada. Ella había sufrido una salvaje violencia de género durante seis años, no tenía la escuela secundaria completa y estaba desempleada. Sus ingresos eran mínimos y tanto ella, como sus hijos, no tenían cobertura médica. Además, su hija tenía una malformación congénita en su mano izquierda. Los médicos le habían advertido que cuanto más se prologara la cirugía, menos probabilidades tendría la niña de conservar la extremidad.

“El accionar de Rodríguez estuvo justificado porque, con aquel, intentó darle calidad de vida a su hija y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la posicionó frente al delito como única alternativa posible”, concluyó el juez Juárez Almaraz en su fallo absolutorio, que sucedió en 2019. Pero el caso de Rodríguez recién se cerró semanas atrás porque la fiscalía federal encargada del caso apeló la decisión del juez, luego de la final absolución concedida por Ángela Ester Ledesma, jueza de Casación.