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Observatorio latinoamericano
Ilustración: Óscar Noguera

Trinidad y Tobago, desde la frontera

Kim Serra
Este artículo se publicó originalmente en el número 246 de la revista Cáñamo España

La República de Trinidad y Tobago, con capital en Puerto España, está formada por un archipiélago ubicado en el Caribe Sur y el Atlántico Norte; la isla de Trinidad comparte con Venezuela el golfo de Paria. La población, de 1,3 millones de personas, es de ascendencia mayoritariamente africana (39%) e india (40%). Las exportaciones petroleras y agrícolas, así como la existencia de zonas industrializadas, constituyen la base de una economía que se ha visto debilitada por la caída en los precios del crudo. 

La diversidad racial, étnica y religiosa ha originado importantes conflictos. En 1970 estalló una insurrección civil conocida como Black Power Revolution, a la que se unió una pequeña fracción del ejército. En 1990, miembros de la organización musulmana Jamaat al Muslimeen tomaron la sede del Gobierno y mantuvieron presos al primer ministro y a otros altos funcionarios durante seis días. En los últimos años, algunas personas han viajado a Siria para incorporarse a grupos islamistas. 
Amnistía Internacional ha denunciado torturas, juicios injustos y penas de muerte tras procesos dudosos. La homosexualidad es ilegal y el ingreso de homosexuales al país está prohibido. 

¿Marihuana ilegal? 

El cultivo y consumo de marihuana es ilegal y la policía suele distribuir informaciones sobre las incautaciones realizadas. Las confiscaciones aumentaron en el 2017 un 20,7% respecto al 2016. 
Cualquier persona sorprendida en posesión de marihuana será condenada a una pena de entre cinco y diez años de prisión y una multa de entre 3.900 y 7.800 $. La posesión de más de un kilo se considera destinada al tráfico y las penas de prisión oscilan entre veinticinco años y cadena perpetua, además de multas de 15.600 $ o tres veces el precio de la hierba en el mercado. 
En el 2012, C420 –una ONG que busca reformar las leyes sobre cannabis– solicitó licencia para importar semillas y cultivar plantas; además, solicitó en varias ocasiones, en nombre de algunos enfermos, autorizaciones para usos terapéuticos. 

Tres cuartas partes de los procesos que saturan el sistema judicial lo son por posesión de cannabis. La descriminalización de la marihuana supondría un golpe al narcotráfico y contribuiría a la descongestión del sistema judicial. 


En el 2015, C420 amenazó con demandar al Ministerio de Salud por no haber dado a conocer la existencia de legislación relativa a la posesión legal de marihuana. Según las enmiendas realizadas a la Ley de Drogas Peligrosas del año 2000, el Ministerio puede conceder licencias para cultivar, exportar, vender y distribuir marihuana y establecer regulaciones para el uso, compra, venta o posesión de cualquier droga con fines médicos o científicos. La primera ministra ordenó al ministro de Salud mantener una reunión con la ONG, pero el encuentro nunca se produjo. 
Las citadas reformas legislativas nunca han sido invocadas por los abogados, que obtienen importantes ingresos al defender a los procesados; son miles los detenidos por posesión de cannabis, hasta el punto de que tres cuartas partes de los procesos que saturan el sistema judicial lo son por ese delito; los detenidos pueden esperar durante meses o años y en condiciones terribles la libertad bajo fianza o el juicio. La descriminalización de la marihuana supondría un golpe al narcotráfico y contribuiría a la descongestión del sistema judicial. 

Inseguridad 

Las condiciones de seguridad empeoran en un contexto marcado por la lucha contra el crimen organizado y por el deterioro socioeconómico en la vecina Venezuela, que hace temer el ingreso al país de un mayor número de armas ilegales; un monitoreo de las armas requisadas mostró que el cuarenta y seis por ciento de las mismas procedía de Estados Unidos. 

Algo más que pandillas

En el año 2013 se estimaba la existencia de cien pandillas en el país. Estos grupos pueden constituir la única fuente de servicios sociales y judiciales efectivos en algunas comunidades, y sus jefes erigirse como líderes comunitarios. La mayor parte de pandilleros poseen niveles de educación similares a los del resto de la población; parte de sus ingresos proceden de fuentes legales y prestan su colaboración para hacer posible el cumplimiento de las normas comunitarias; no pueden considerarse pandillas callejeras al uso, sino una suerte de instituciones criminales involucradas en importantes funciones sociales. Se sospecha que estas organizaciones han llegado a infiltrarse en el gobierno creando una administración paralela, al menos en las ciudades importantes en las que controlan los programas sociales, parte de cuyos fondos se desvían a la financiación de actividades ilícitas. De este modo, los programas comunitarios se han convertido en terrenos de luchas de poder entre grupos violentos que se disputan los espacios urbanos. La realización de obras públicas es una de las actividades que genera mayores enfrentamientos relacionados con la adjudicación de las mismas.