En el caso que nos ocupa, para captar qué realidad viviremos en el 2030 debemos analizar el escenario geopolítico mundial, las políticas de drogas internacionales, la realidad político-económica de España, la evolución de las tendencias de los consumos de sustancias, la percepción social sobre el fenómeno, el sistema de valores, entre otros elementos. Veámoslo.

Escenario distópico

El orden mundial está dominado por las políticas reaccionarias. Trump ganó las elecciones del 3 de noviembre de 2020. Desde entonces sus sucesores republicanos han controlado la Casa Blanca. Las políticas chovinistas de Estados Unidos, así como los conflictos con sus viejos socios europeos, comportan que la OTAN y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se caractericen por su inacción y su retórica vacía. Los conflictos en el Cercano Oriente (Siria, Irak, Irán, Afganistán, etc.) se han convertido en endémicos.

El cambio climático es una realidad sin parangón. Los acuerdos internacionales para combatirlo han sido sistemáticamente vulnerados. China es la principal potencia económica, gracias, entre otros factores, a la compra de millones de hectáreas de tierras fértiles y zonas ricas en recursos naturales a algunos países africanos. La Unión Europea es un cadáver político convertido en un cementerio de dinosauros burócratas. Las migraciones sur-norte son una constante que causan miles de muertos cada año. Millones de personas viven en campos de concentración situados a las puertas de Europa y Norteamérica.

El escenario político-económico, durante la década de los veinte, ha estado marcado por un clima beligerante y una profunda crisis económica iniciada en el 2022. El marco mediático ha puesto en el centro de discusión cuestiones económicas y políticas, en consecuencia, la opinión pública ha tendido a considerar la cuestión de las drogas como un aspecto secundario, casi naif. En el 2020, Naciones Unidas reclasificó el cannabis dejándolo exclusivamente en la lista I. Este cambio no se tradujo en cambios significativos en las políticas nacionales. Es más, el prohibicionismo se ha recrudecido gracias al liderazgo internacional de China y Rusia. La infamia de Duterte en Filipinas de matar a los consumidores de drogas por el simple hecho de serlo se ha convertido en habitual en países como Camboya, Malasia, Indonesia, Tailandia, Kirguistán y Bangladesh.

Durante la década, algunos estados implementaron programas de cannabis medicinal, aunque la mayoría de ellos, por diferentes motivos, han causado un impacto limitado o directamente podemos hablar de fracaso, como es el caso de España. En nuestro país, el programa medicinal prohíbe el autocultivo, las condiciones de acceso a fármacos cannabinoides son muy estrictas y la flor de cannabis solo se emplea como último recurso en dolencias concretas. En definitiva, no ha dado respuesta a las pacientes, y estas continúan abasteciéndose en el mercado negro. Para más inri, esta tímida reforma sirvió de treta a la bancada derechona para coartar la legalización integral.

De la regulación de las otras drogas, ni se habla. España no ha alcanzado un programa de dispensación terapéutica de heroína. Los pocos heroinómanos que quedan son ancianos que viven en condiciones de miseria. En términos generales, la juventud emplea en menor medida las drogas recreativas como el MDMA o la cocaína. Las miserables condiciones de existencia de grandes capas de la población se traducen en que las drogas más utilizadas sean las recetadas por los galenos (benzodiacepinas, antidepresivos u opioides sintéticos).

El narco se ha infiltrado en las estructuras del Estado. La policía es inherentemente corrupta. Las mordidas policiales, que tan lejanas nos sonaban a principios de la década, se han convertido en el pan nuestro de cada día. La financiación de los partidos políticos es extremadamente opaca. Existen ciertas evidencias que, directa o indirectamente, son financiados por el narco. Las cárceles están atestadas de consumidores a tenor de la penalización de la posesión y el consumo impulsada por la coalición de extrema derecha que gobierna España desde el 2023.

La ciencia psicodélica ha avanzado a pasos de gigante. Las evidencias sobre su eficacia son apabullantes, pero los intereses del Big Pharma ponen trabas a los ensayos clínicos e imposibilitan que cualquier fármaco, cuyo principio activo proceda de sustancias sometidas a fiscalización, llegue a los anaqueles de las oficinas de farmacia. El proceso de desforestación avanza irremediablemente. En consecuencia, estamos eliminando los hábitats de pueblos milenarios y su conocimiento sobre psicoactivos.

Escenario utópico

El candidato demócrata ganó contra pronóstico las elecciones presidenciales del 2020 de Estados Unidos. Una de las primeras medidas fue legalizar el cannabis a nivel federal, decisión que catalizó la industria cannábica norteamericana, y por extensión, la europea. A nivel geopolítico, el Tío Sam retiró las tropas de Oriente Próximo y, desde entonces, la tensión en la zona es anecdótica.

Las medidas contra el cambio climático provocan efectos positivos. El cáñamo industrial ha aportado su granito de arena porque ha permitido reducir el uso de plásticos y materiales no renovables. Las economías emergentes, como China, Brasil y India, han moderado las emisiones de CO2 y las actividades contaminantes. Los estados, especialmente los europeos, han empezado a dar respuesta a las crisis migratorias. El mar Mediterráneo ha dejado de ser una fosa común.

En materia de políticas de drogas, los avances, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, son considerables. La mayoría de los países de la Unión Europea, incluso España, disponen de programas de cannabis medicinal eficientes y efectivos. La dispensación de heroína terapéutica es una realidad, también en la piel de toro. Las muertes por sobredosis y las directamente atribuibles a las sustancias fiscalizadas han descendido en picado en diez años. La regulación integral del cannabis de Luxemburgo catalizó la legalización neerlandesa, checa y española. Otros países europeos están en proceso de legalizar el cannabis sin ambages. El modelo implementado en España respetó la voluntad del activismo cannábico: autocultivo, clubes sociales y pequeñas cañamerías. El mayor peso de la industria está en manos de asociaciones, cooperativas y sindicatos agrarios. La legalización del cannabis ha comportado un reparto más equitativo de la riqueza. La llamada España vacía, aunque aún con severos problemas, ha visto como algunas zonas eran reactivadas gracias al cannabis. El Estado español ingresó 6.400 millones de euros en el 2029 en concepto de venda y renovación de licencias, impuestos directos, indirectos y cotizaciones a la Seguridad Social.

La reunión anual de la Comisión de Estupefacientes se ha convertido en un foro de intercambio de experiencias. La JIFE es una oficina técnica que continúa redactando el informe anual, pero desde una posición neutral. Naciones Unidas la obligó a abandonar el tono inquisidor con que señalaba a los países disidentes de los preceptos prohibicionistas. Atrás quedó aquella astracanada de “organismo cuasi-judicial” con que se había autoproclamado. Naciones Unidas dejó de entonar el soniquete machacón “de por un mundo libre de drogas”. Ahora trabaja “por un mundo con los mínimos problemas derivados de los psicoactivos”. Colombia está avanzando para convertirse en el primer país en legalizar la cocaína. Otros países han relajado tanto la legislación que, de facto, el MDMA, el LSD, las setas psilocibes y otros psicodélicos son (casi) legales. La ciencia psicodélica está cada vez más implementada, y las sustancias alucinógenas y enteógenas son de uso habitual en contextos terapéuticos.

Escenario continuista

La década de los años veinte del siglo xxi se ha caracterizado por la incertidumbre, como un tiempo de claroscuros, y es durante estos periodos cuando, en palabras de Gramsci, aparecen monstruos. Las tensiones en Oriente Próximo, las revueltas populares, las crisis humanitarias y los avances del cambio climático han sido una constante. Ni los gobiernos de los estados ni las institucionales internacionales han dado respuesta a los retos de la humanidad, pero tampoco hemos vivido un punto de no retorno. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidades, que debíamos conseguir el 2030, no se han alcanzado: siguen la pobreza extrema, las desigualdades de género, las desigualdades entre países, entre muchas otras tropelías. El cáñamo, a pesar de ser considerado por algunos visionarios como capital para alcanzar los citados objetivos, ha mantenido un discreto segundo plano.

Las políticas de drogas se han situado en un punto muerto. Un ejemplo, la Comisión de Estupefacientes ahora se celebra bianualmente. Los programas de cannabis medicinal se han ido implementando en la mayoría de los países de la OCDE, con resultados aún inciertos y con ciertas controversias; aunque España dispone de uno, la gran lucha ha sido conseguir el permiso para autocultivar. El cannabis recreativo se legalizó por motivos netamente monetarios a tenor de la crisis económica que empezó en el 2022. En la actualidad, el activismo cannábico, a pesar de su desfragmentación galopante, continúa con la lucha para alcanzar un modelo que sea de su agrado. En el 2030 encontramos diecisiete agrupaciones de activistas de ámbito estatal. A pesar de esta abultada presencia activista, las políticas del cannabis están bajo la influencia de los lobistas de las grandes corporaciones comerciales. El autocultivo, finalmente permitido, está castigado por los impuestos que gravan a los elementos necesarios para plantar, por ejemplo, un paquete de diez semillas feminizadas cuesta doscientos euros, de los cuales ciento ochenta son impuestos.

En términos generales, los jóvenes se drogan cada vez menos. Los psicoactivos como la MDMA o la cocaína son cosa de “puretillas” de más de cuarenta años. La precariedad laboral y la centralidad del mundo virtual comportan que el ocio nocturno sea secundario para los jóvenes. Lejos queda la época en que la fiesta era el hábitat de la juventud de jueves a domingo. El paradigma de la normalización ha ganado centralidad, pero la lógica prohibicionista, de corte neurocientífico, continúa en posición hegemónica. Entidades, fundaciones, hospitales, unidades policiales, departamentos de las comunidades autónomas y de las diputaciones provinciales continúan trabajando para solucionar “el problema de la droga”. En consecuencia, en España hay dos profesionales dedicados a las drogodependencias por cada drogodependiente. Seguimos luchando contra molinos.