En esta ocasión vamos a hablar de un caso jurídico real pero también de su utilización política por parte de los Mossos d’Esquadra. Ocurrió el pasado septiembre, cuando el grupo de investigación de la comisaría de Solsona de la policía catalana, por no tener nada mejor que hacer, se fue a inspeccionar la finca de un viejo conocido del lugar, al que dos años atrás ya le imputaron un delito contra la salud pública.
Acercándose a los límites de la finca, pudieron observar que efectivamente se veían unas plantas de marihuana floreciendo al fresco otoñal. Hicieron unas cuantas fotos de las plantas, de las que colgaba un cartel en las que se hacía constar que pertenecían a una asociación cannábica, con indicación del número de registro de la asociación y el CIF. Sin embargo, cargaron con dardos su relato y pidieron al juez competente no solo la entrada y registro en la finca alquilada, sino también en un viejo piso del que era propietario en la localidad de Solsona. El juez accedió a la petición, y la comisión judicial, en su visita a los inmuebles, encontró alrededor de 80 plantas, además de esquejes, gran parte de ellas de reducido tamaño, y todas señaladas como pertenecientes a una asociación de usuarios recreativos y medicinales. El presidente de la asociación fue detenido y llevado a comisaría, para ser puesto en libertad unas horas después. Al día siguiente, en su declaración judicial, explicó que era el presidente de una asociación de usuarios de cannabis, compuesta por 30 miembros, la mitad de los cuales usuarios medicinales, y que cultivaban de forma conjunta para proveerse de su propia marihuana y no tener que acudir al mercado ilegal. El juez escuchó atentamente y con mucha consideración, pero lejos de acordar el archivo de las actuaciones, ordenó el análisis de la sustancia, en cuanto a la cantidad y los porcentajes de pureza de las distintas variedades decomisadas, ello para preparar las actuaciones de cara al juicio oral. A los pocos días, mientras la defensa preparaba la documentación para solicitar un análisis pericial de parte con el que demostrar que el cultivo proyectado era coherente con la previsión de consumo de los socios, en el periódico comarcal Regió 7 del día 27 de septiembre se publicó una nota de prensa de los Mossos d’Esquadra en la que se informaba de la intervención policial, destacando el decomiso de las plantas, la detención del cultivador y que en el interior de la finca se había encontrado una instalación eléctrica, focos, ventiladores y diferentes productos para el cultivo, así como aceite de hachís. Sin embargo, se omitió un detalle muy importante. La policía ocultó la información esencial: de las plantas colgaba un cartelito en el que se hacía constar el nombre de la asociación titular del cultivo, su número de registro y el CIF. Curiosa coincidencia. ¿Se trató de una omisión involuntaria o deliberada? Presentaron el caso ante la prensa como una actuación policial contra el narcotráfico, cuando en realidad se trata de una pequeña y humilde asociación de no más de 30 socios.
De esta historia se pueden sacar al menos dos conclusiones. Primera, para los Mossos d’Esquadra un cultivo es un cultivo, y les da igual si este es individual o colectivo, y si tiene 20 o 2.000 plantas. No consideran significativo que pertenezca a una asociación tan reducida. Parece que a la policía catalana le trae sin cuidado si se cumplen o no los criterios del Tribunal Supremo (votos particulares en el caso Ebers), y lo único que le importa es aparecer en la prensa para transmitir una imagen de solvencia y eficacia. También se puede extraer una segunda conclusión: que la policía de la Generalitat no considera que tenga nada mejor que hacer, como por ejemplo perseguir casos de violencia de género, de trata de personas, de corrupción, de evasión de impuestos o de delitos contra el medioambiente. Cada vez que un equipo de investigación de la policía dedica recursos personales y materiales contra un cultivo de marihuana está haciéndonos perder a la ciudadanía no solo dinero sino también la posibilidad de que se actúe contra otros delitos en los que sí hay víctimas de carne y hueso, no como en el de tráfico de drogas, en el que se pretende proteger la salud pública, algo que nadie ha sido todavía capaz de definir con un mínimo de sentido. Pero, en definitiva, una y otra conclusión van enlazadas. Si no se trabaja en lo que hay que trabajar, si no se es eficiente en lo que de verdad importa, deben hacer algo, lo que sea, para compensar esa imagen de ineficacia. Hacer algo pronto y rápido, que sea visible, que capte el interés de la prensa sensacionalista y que funcione como noticia. Y ahí lo tenemos. Decomisadas 154 plantas de marihuana, detenida una persona, al traste con un cultivo asociativo, y, por lo tanto, más personas al mercado ilegal. Un círculo perverso que la policía no parece interesada en detener.
