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29 de Noviembre de 2022 #292

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Tragedia con final feliz

El caso de este mes es una de aquellas historias que te permiten volver a creer en el sistema judicial y en las personas que trabajamos en él, desde abogadas y profesionales que colaboran con los órganos judiciales, hasta los propios jueces y juezas.

El relato parte del 6 de agosto de 2019 y tiene como protagonista a una madre joven que vive en un barracón de zinc en un arrabal de Lima, Perú, junto con su hijo de cuatro meses, su madre, dos hermanos, uno de ellos muy enfermo, y dos personas más. Son pobres de solemnidad, y no tienen ninguna oportunidad de salir del agujero. A Lima, la llamaremos así por su ciudad, se le ocurre colgar un anuncio en Facebook, rogando por cualquier tipo de empleo para poder sobrevivir. A las pocas horas le contactan unos señores y le dicen que se reúna con ellos en una barriada cercana. Acude asustada y con dudas, pero sabe que no tiene más alternativas. Le ofrecen tragarse veintisiete preservativos con cocaína y viajar con ellos en el estómago hasta Barcelona, donde le estará esperando una persona, a quien deberá entregar la sustancia y de quien recibirá cuatro mil euros. Le dicen que se tiene que decidir ya, que no hay tiempo para devaneos.

Dice que sí. Le compran un billete para el día 10, y en solo dos días le tramitan el pasaporte. El mismo día por la mañana, horas antes del vuelo, la medican mientras se va tragando las bolitas y le explican todo lo que tiene que hacer a partir de ese momento. Llega nerviosa a Barcelona, y el agente capta su ansiedad. La prueba radiológica a la que da consentimiento porque no tiene más remedio revela la existencia de la cocaína, cuyo bruto es de casi 600 g, con una pureza muy elevada, un 80,10%; neto resultan 474,86 g, con un valor en el mercado de 44.282,56 €.

Se le cae el mundo encima. No conoce a nadie en Barcelona. Tiene su bebé de cuatro meses, nacido prematuro, al que no sabe cuándo podrá volver a ver, a diez mil kilómetros de distancia. Pero la fortuna le trae como letrada del turno de oficio a Núria Monfort, compañera mía de despacho durante muchos años y gran amiga. La abogada entiende inmediatamente el caso y decide basar su defensa en haber actuado por estado de necesidad ante una situación de vulnerabilidad, siendo utilizada por organización criminal para cometer un delito, es decir, por ser una víctima de trata, aplicando el concepto más allá de la explotación sexual. Su declaración judicial en el juzgado de guardia ya es guiada por esta estrategia, y Lima cuenta toda su historia, con pelos y señales. Pero la historia no solo hay que contarla, hay que probarla. A partir de ese momento, su abogada y sus compañeras de la cooperativa jurídica en la que trabaja (IACTA) remueven cielo y tierra para conseguir documentación de la situación que Lima vivía en su ciudad. Obtienen el certificado de nacimiento del bebé, una inscripción en un registro de personas en dependencia, documentación médica del hermano y de todas las personas que viven en ese barracón, un informe del estado de la vivienda, los anuncios de Facebook y algún otro documento más que me dejo. Lo presentan al juzgado y solicitan un informe del SICAR, organismo especializado en identificación de personas en situación de trata. Desde este organismo se implican y elaboran un informe muy detallado declarando que, efectivamente, Lima fue captada y explotada por una organización criminal.

Con todo este acervo probatorio se celebra el juicio ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, tribunal que el 22 de junio de 2020 dicta una sentencia absolutoria, al considerar que, efectivamente, el delito se cometió en un contexto de abuso y explotación por parte de organización criminal ante una situación de extrema pobreza, por lo que aplica el artículo 177 bis 11 del Código penal. El Ministerio Fiscal formuló recurso de apelación, que fue desestimado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala Civil y Penal, en fecha 2 de noviembre de 2021, confirmando la resolución. A día de hoy no sabemos si el Ministerio Fiscal recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo.

Estas sentencias han sido totalmente pioneras y suponen una esperanza para que a partir de ahora los tribunales puedan enjuiciar de otro modo a las personas, en su mayoría mujeres, que son enviadas a países ricos como mulas, cargando las sustancias prohibidas por la moral capitalista, y reconociéndoles que no son delincuentes, sino víctimas de organizaciones criminales. Y hay que añadir que, si estas organizaciones criminales del tráfico internacional de drogas siguen explotando a mujeres y, en general, a personas vulnerables, es porque estas sustancias siguen estando en manos de las mafias, y no de los estados, como deberían estar, a través de un mercado regulado.

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