El caso de este mes no tiene que ver con marihuana sino con cocaína, y no ocurre en el sótano de un local o en una masía del Solsonès, sino en el puerto de Barcelona. Sin embargo, todo empezó en el puerto de Santos, Brasil, unas semanas antes, cuando una persona desconocida, gracias a un contacto en el servicio de vigilancia del puerto, pudo introducirse en la zona donde se almacenaban los contenedores que iban a ser cargados al día siguiente en un buque mercante con destino a Barcelona.

En el lugar, buscó un contenedor seleccionado previamente, lo abrió e introdujo tres mochilas con 25 kg de cocaína cada una, encima del resto de la mercancía, sin tratar de ocultarla de algún modo. Posteriormente, cerró el contenedor colocando una copia de precinto ya preparada de antemano y apuntó cuidadosamente el número de contenedor en el que había guardado la preciada mercancía.

Ya fuera de la zona de peligro, remitió un correo a su contacto en Barcelona informando del nombre del barco y el número de contenedor. A este sistema de transporte ilegal de drogas se le llama gancho ciego o ripp-off, y se caracteriza por utilizar contenedores ajenos para evitar los costes económicos y también reducir los riesgos de ser detectado.

En Barcelona, su socio empezó a reavivar contactos para encontrar trabajadores en el puerto que le pudieran conseguir sacar la mercancía del contenedor. Para ello necesitaba un estibador que pudiera mover el contenedor a conveniencia, alguien que pudiera tener acceso a las zonas de descarga, y a ser posible un transportista, que pudiera sacar las mochilas escondidas en su vehículo. No es una tarea complicada. De hecho, en el puerto de Barcelona es habitual que se busque e incluso que se presione a trabajadores para que accedan a participar en alguna operación, deslumbrados por sacarse en unos minutos el sueldo de varios meses. Así que, después de dar unas cuantas voces discretas, encontró a una persona que se encargaría de todo a partir de contactos suyos en el interior del puerto. Sin embargo, no iba a ser tan fácil, esta vez no.

Según se calcula, la policía decomisa tan solo un siete por ciento de las sustancias ilegales que se introducen a través del puerto de Barcelona. Es muy poco, desde luego, pero es que la tarea es muy complicada. Debe tenerse en cuenta que el volumen de mercancías que anualmente transita por el puerto es de más de 48,5 millones de toneladas; que llegan y parten más de 8.700 buques, y que son más de 2.230.000 los contenedores que se transportan anualmente. Además, de las mercancías que llegan a Barcelona, cerca de la mitad procede de países “muy calientes”. Es como buscar una aguja en un pajar.

La Policía de Vigilancia Aduanera se dedica a ello con ahínco, y tienen una unidad especializada de Análisis de Riesgos y de vez en cuando sí se interceptan envíos ilegales. Para mayor dificultad, digamos que no hay una sola aguja en el pajar, sino que son muchas las personas que, trabajando en grupos más o menos estables, intentan traficar con drogas ilegales, tabaco u otros productos de contrabando. Así que siempre hay actividad, y siempre se acaba interceptando algo. El caso de este mes es uno de los desafortunados del siete por ciento.

La Unidad de Análisis de Riesgos de la Policía Aduanera, ante la arribada de un buque procedente de Brasil, ordenó la colocación de varias decenas de contenedores al azar en una zona de seguridad y procedió a inspeccionarlos. De este modo casual y aleatorio localizaron el contenedor con la cocaína y decomisaron las mochilas. A partir del hallazgo, se trataba de buscar a los autores, y es cuando entramos nosotros en escena. La policía y la juez, ávidos por encontrar a los destinatarios de esa sustancia, detuvieron a un grupo de amigos a los que represento y les trataron de imputar el delito de tráfico de drogas.

La vinculación que pretenden establecer es a través de unas conversaciones telefónicas en las que este grupo de amigos hablaban medio en serio medio en broma de por qué no ellos también, algún día, no se liaban con un trabajito de estos y se sacaban unos dineros. Pero estas conversaciones, intervenidas porque uno de ellos es conocido de una persona investigada en otra causa, eran vagas, ambiguas y en absoluto relacionadas con ninguna operación concreta. Sin embargo, a pesar de no tener nada contra ellos, se decretó su prisión provisional, y no fue hasta al cabo de unos meses que se consiguió que los pusieran en libertad, dado que no tenían indicios suficientes de su participación en el envío y recepción de aquellos 75 kg de cocaína. A pesar de ello, les mantienen la imputación penal por pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. En los próximos meses os informaremos de la resolución del caso.