En un país con la actividad diezmada por la pandemia, todo el espectro político acompaña ahora el proyecto de ley que viene a traer legalidad y un marco regulatorio para la producción industrial del cannabis medicinal y del cáñamo. La economía es el eje rector de la iniciativa, en eso no hay controversias, y el despliegue de autoridades que han asistido a la presentación no deja dudas acerca de la importancia que el gobierno argentino ha dado a esta iniciativa.

Fue el pasado 2 de junio en el Museo del Bicentenario, en el marco del Consejo Económico y Social, órgano que depende directamente del presidente Alberto Fernández. El proyecto de ley fue presentado por Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, acompañado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

“El mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial crece exponencialmente a nivel global; es una nueva fuente de empleo de calidad y desarrollo productivo”, afirmó Matías Kulfas en la presentación, valorando la “gran oportunidad que tiene Argentina para ser líder regional, por sus capacidades agropecuarias e industriales y su entramado científico productivo”. El proyecto, según el ministro, “crea las condiciones para el desarrollo de la cadena a nivel local, aprendiendo de las mejores lecciones internacionales”, lo que tendrá “múltiples impactos positivos en el país: más empleo, más exportaciones, más innovación, desarrollo federal y acceso a la salud”.

Prohibicionismo y avances

Usando sus gafas de bioplástico elaborado con cáñamo, Mara Brawer (Buenos Aires, 59 años) participó en remoto en el acto de presentación del proyecto de ley del que ha sido impulsora y pública defensora. Psicóloga, educadora y diputada nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, abre un hueco en su apretada agenda para conversar con la revista Cáñamo.

Brawer empieza señalando que el prohibicionismo tuvo épocas muy fuertes en Argentina, comenzando con la última dictadura, y explica que desandar ese camino es un proceso de leyes que avanzan paso a paso, según la coyuntura política y social. La diputada contextualiza la evolución de la legalización del cannabis en su país de la siguiente manera: “En la década de los setenta, Argentina tenía cuatrocientas hectáreas con cultivo de cáñamo, lo cual generaba trabajo y producción. Una ley de la dictadura prohibió cualquier variedad del cannabis, incluso las que no tienen principios psicoactivos”.

Brawer considera que no hay fundamentos razonables para el prohibicionismo y también afirma: “Argentina, que es un país que amplía derechos, que es un país moderno, que quiere avanzar en su economía y generar puestos de trabajo, no puede privarse por prejuicios y prohibiciones sin sentido”. En esa dirección, remarcó: “Nunca debería haber habido una prohibición. Una persona que piensa que no se debe consumir marihuana para uso recreativo nunca pudo tener un argumento para decir que no se hiciera una tela y, sin embargo, la locura del prohibicionismo generó que una industria textil en Argentina se cerrara, cuando la Convención de Estupefacientes de Naciones Unidas sacó al cannabis de la lista en 1961”. Por otro lado, Brawer recalcó los beneficios no solo económicos sino también ecológicos de una “industria que tiene huella de carbono negativa, que beneficia el ambiente y que genera divisas”.

La diputada considera que los avances políticos son significativos, a pesar de que todavía no se concretó la despenalización. A fin de contextualizar el recorrido histórico y legal, Brawer explica: “En Argentina tenés el cannabis prohibido en la ley de estupefacientes. Después tenés la autorización del cannabis medicinal y producción pública en la Ley 27350, donde el estado se queda con la producción pública y se queda con el registro de autocultivo y cultivadores solidarios. Ahora vamos a tener una ley que amplía al industrial y que autoriza a través de permisos la producción privada”.

En Argentina son decenas las organizaciones que lucharon y están muy organizadas en la defensa de la legalización completa del cannabis. Las redes de cultivadores solidarios incluyen a centenares de personas y hay un mayor respeto por la planta en todos los sectores sociales. Mucha gente hoy se pregunta qué lugar pueden tener con esta nueva legislación. En el proyecto de ley hay dos artículos que refieren específicamente a las pequeñas y medianas empresas por un lado y a las cooperativas por otro. Mara asegura que la implementación de la nueva ley los va a tener en cuenta: “En la reglamentación se va a crear un programa, donde participa el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), para ayudar a la regulación de aquellos que vienen trabajando para poder ser beneficiarios de la presente ley”.

En ese sentido, el artículo sexto explicita que la autoridad de aplicación deberá “diseñar las pautas de autorización y habilitación para el cultivo, definiendo un régimen de licencias que asegure la participación en esta actividad productiva a pequeños/as productores/as, cooperativas de agricultura familiar, campesina e indígena”.

Consenso político, debate técnico y foco económico

En el plano político, Brawer afirmó que hay apoyo en todos los partidos: “Esto es bien transversal. Va a ser una ley muy apoyada y supongo que habrá pequeñas tensiones por el órgano de regulación, como cuando se presentó el proyecto en el Consejo Económico y Social y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, cuestionó que el que otorga el permiso sea un organismo nacional y no provincial. La discusión va a ser de esa índole, no con relación al consumo ni a un debate ético. Va a ser una discusión más técnica”.

Está claro que el énfasis en este proyecto de ley pone el foco en lo económico. En tiempos duros y con una economía deprimida, en contracción continua durante los últimos tres años, una iniciativa como esta abre la posibilidad al desarrollo de sectores como la industria alimentaria, textil y de bioplásticos. Según la diputada, el primer sector beneficiado será el rubro alimenticio y tendrá centralidad en el corto plazo: “Hay mucho movimiento en relación con la industria alimentaria, tanto en lo que es consumo de snacks, como semillas de suplementos dietéticos, aceites que no producen colesterol por la composición del omega 3, 6 y 9, también las semillas para suplementos dietéticos altos en proteínas. Por ejemplo, conozco un chico que produce y exporta semillas a Europa. En Argentina siembra todo, pero el cáñamo lo tiene que sembrar en Paraguay. Eso no tiene sentido para la economía argentina”.

En un país con una fuerte industria textil, Brawer cree que “sin duda será un eje, porque las marcas tienen sus líneas de ropa cannábica”. Por otro lado, mencionó que “otras líneas que se van a desarrollar con el tiempo son, por ejemplo, aislantes, pinturas, fabricación de ladrillos, fibras para autopartes y bioplástico. No así el sector de los biocombustibles. Es una discusión que no tenemos saldada ni con la soja ni con el maíz, y esa ley está paralizada en el Congreso”.

Una vez aprobada la ley, habrá reglas claras para todos los actores interesados. Sin embargo, la idiosincrasia argentina no siempre es la de ajustarse a la norma, y por eso la diputada reflexiona: “Como sociedad tenemos que entender que cuando algo se legaliza, empiezan a correr las reglas del estado. Si vos querés cultivar y hacer tu propia medicina, te autoriza la 27350 y vos harás tu propia medicina y serás responsable de tu medicina. Si vos querés comercializar eso que producís y eso se legaliza, vas a tener que adaptarte a las reglas del control del estado. Tu semilla va a tener que tener certificación, trazabilidad, estabilidad. Si yo me planto en casa y me fabrico aceite, no necesariamente va a salir siempre el mismo aceite. Si querés formar parte del negocio, por más que seas una cooperativa, vas a adecuarte a la normativa vigente. Sea por la Ley 27350 y te registras como cultivador solidario o si querés vender en tu barrio, vas a tener que adecuarte a la normativa de esta ley”.

La despenalización, pendiente

Si bien remarca las responsabilidades frente a la regularización, la diputada Brawer también valora “que los que estén adecuados a cualquiera de estas dos leyes no van a tener problemas con la policía”. No obstante, “como en Argentina el cannabis no está despenalizado y ninguna de las dos leyes lo despenaliza, si no tenés los permisos, vas a seguir siendo penalizado. Después podés alegar el fallo Arriola, que es el de tenencia personal, pero lo tenés que demostrar en instancia judicial. Depende del juez que te toque, porque si te toca un juez jodido, tenés un desgraciado y tenés que bancarte y explicar tu situación. Si te tocan otros, como son muchos, ni se molestan por dos plantas”.

Consultada sobre su posición, Brawer recordó los alivios que le trajo el aceite durante el tratamiento del cáncer de mama: “Mi posición es de legalización y también tengo una experiencia personal. Yo tuve dos veces cáncer y dos veces quimioterapia. Lo único que me sacaba de esas náuseas horribles de la quimio era el cannabis, claramente”. Cuando la diputada usó el cannabis como medicina, todavía era ilegal y expresa un especial respeto por las redes que hacían posible su alivio y el de muchos otros: “Todos sabemos que hubo una producción solidaria, de cuidado, por eso existe Mamá Cultiva”. Yendo más atrás, Brawer recordó también el uso del cannabis como paliativo para personas con sida en los ochenta: “En la época en que había menos medicación para el VIH, la marihuana se usaba a lo loco también, porque el VIH te saca el apetito. Vino más fuerte cuando aparecieron las madres que lo usaban para los hijos con epilepsias. Como en todos los temas, conmueven mucho más un niño y una madre”.

Si bien la diputada se muestra favorable a la despenalización, tiene una visión estratégica propia de la política y considera que ese debate “no debe empantanar la aprobación del presente proyecto de ley”, a fin de avanzar según la coyuntura actual.