Al menos 57 clubs de consumidores de cannabis de Barcelona han recibido la visita de inspectores y la Guardia Urbana para realizar una serie de inspecciones cuya motivación y objetivos son por el momento desconocidos. Las asociaciones de la ciudad se enfrentan desde el año pasado a una situación de mayor incertidumbre de la que estaban acostumbradas, después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia del TSJC y anulara la regulación urbanística de los clubs que el Ayuntamiento aprobó en 2016.
El verano pasado el consistorio anunció que la sentencia implicaba que los clubs dejaban de tener una clasificación particular y pasaban a ser considerados como clubs privados genéricos. El Ayuntamiento envió cartas a los clubs cannábicos advirtiendo que “la habilitación de la que disponen (Club social privado) permite únicamente llevar a cabo la actividad de club social [...] en ningún caso está habilitación permite la promoción del consumo de cannabis, su cultivo, su distribución, ni ninguna otra actuación o conducta que pueda ser constitutiva de infracción administrativa o penal”.
Las cartas también avisaban de que se realizarían futuras inspecciones, que se han empezado a producir en las últimas semanas sobre clubs de todos los distritos de la ciudad. Los inspectores, acompañados de la policía local, están realizando entradas en los locales de las asociaciones, tomando algunas fotos y registrando actas con información diversa, pero sin realizar intervención alguna. Ni la policía ni el Ayuntamiento han explicado cuales son las motivaciones y los objetivos de las inspecciones, aseguran desde la Federació d'Associacions de Cànnabis de Catalunya (CatFAC).
Desde la CatFAC consideran que las inspecciones se están realizando para comprobar que no se realizan cultivos ni dispensaciones de cannabis en los clubs, pero afirman que esto no puede formar parte de una inspección del consistorio. “Si el Ayuntamiento no tiene competencias en temas de cannabis [esa fue la razón por la que los tribunales tumbaron la regulación urbanística], entonces tampoco tiene competencias para realizar inspecciones sobre temas de cultivo y consumo de cannabis”, dijo a Cáñamo Eric Asensio, secretario de CatFAC.
Tampoco está claro —asegura Asensio— cuáles son las limitaciones que tiene un “club social privado”, que es la consideración actual que tienen los clubs de cannabis para el ayuntamiento. Desde la CatFAC están tratando de dialogar con el Área de Seguridad del ayuntamiento (en manos del PSC), que es la que lleva las inspecciones, y con el Área de Salud, que es la que entienden que debería hacerse cargo de las cuestiones relacionadas con las asociaciones de cannabis.
