A finales del año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona le declaró la guerra a los clubes de cannabis de la capital catalana. “Es un modelo que no queremos en nuestra ciudad. Hay que hacerlo cerrarlos y hacerlo bien. Con seguridad jurídica, con rigor y sin flecos causados por la precipitación”, aseguró Albert Battle, concejal de Seguridad. Hasta el momento la amenaza es una manifestación política que aún no se ha traducido en hechos concretos, pero que ha logrado despertar las alarmas entre las asociaciones ante posibles intervenciones policiales y clausura de las sedes sociales. Cáñamo ha podido averiguar cuál es la situación actual y qué estrategia de resistencia tiene los clubes de cannabis.
Eric Asensio, secretario de la Federación de Asociaciones de Cannabis de Cataluña (CatFAC), es una de las personas que hace el mayor seguimiento sobre las intervenciones policiales. Su móvil suele sonar con frecuencia ante el llamado de algún club que le pide ayuda legal cuando sufre la amenaza de clausura. En diálogo con Cáñamo, él detalla que dentro de las 233 asociaciones de Barcelona que cuentan con licencia de actividades, se han realizado unas 190 inspecciones. “Se abrieron diligencias contra 85 y se cerró una. De las 85, más de la mitad subsanaron sus deficiencias (relacionadas a cuestiones de infraestructura, como señalización) y por tanto se cerraron sus expedientes. Pero sabemos que alrededor del 25% aún tienen expedientes pendientes”, detalla Asensio.
“Dentro de los expedientes abiertos, tenemos conocimiento que hay cuatro que corresponden al consumo dentro del local”, agrega el secretario de CatFac. Luego, explica que “no encontramos que esto sea un criterio para el cese de actividad. Los controles administrativos se deben regir a cuestiones del local, como la señalización. El consumo en el ámbito privado es algo administrativo. El Ayuntamiento no debería considerarlo como una falta”, cuenta Asensio.
Según un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña (TSJC), el Ayuntamiento de Barcelona no tiene competencia para regular los clubes de cannabis, ni siquiera desde una vertiente urbanística porque es materia estatal. Además, el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución en la que instó a la Generalitat a incluir a las asociaciones de cannabis en sus planes estratégicos de adicciones, crear un registro de las entidades e impulsar cambios legislativos para permitir el uso seguro y controlado.
“Aunque el Parlamento de Cataluña reconoce los usos de cannabis, Barcelona no. Es una política de municipio que no encuentra réplica en otros municipios de Cataluña”, explica Asensio, quien entiende que la intención de cerrar los clubes de cannabis por parte del Ayuntamiento tiene que ver con “cierta preocupación por la visibilidad de comercios, como tiendas de CBD, que se encuentran en el centro de la ciudad. No preocupan las asociaciones, sino la imagen que se proyecta”, sostiene.
Ante las declaraciones del encargado de seguridad de Barcelona, Albert Battle, se espera que en los próximos meses sucedan una serie de intervenciones policiales y controles administrativos en los clubes de cannabis para interrumpir sus actividades. Mientras que, del lado de los clubes, el plan de la CatFAC será la no confrontación.
“A nivel de querellas y demás, creemos que no es necesario. No puede ser que no lleguemos a un diálogo. Nuestra intención es seguir participando en los grupos de trabajo que se han creado con el Ayuntamiento, buscar apoyo de otros partidos políticos y tender la mano a aquellas cuestiones que les preocupan. Como Federación, la estrategia está trazada hace dos años con la proposición de ley que se basa en dos pilares: el reconocimiento de los clubes como alternativa de acceso seguro y el marco regulatorio que nos permita realizar la actividad con total legalidad. Hay que abrir el debate en el Congreso ya”, asegura Asensio.
Si bien desde la CatFAC no pretenden judicializar el asunto, algunas asociaciones tampoco descartan la alternativa de forma individual. Cáñamo ha constatado que algunas de ellas ya han realizado consultas legales para avanzar en demandas por daños y perjuicios en caso que el Ayuntamiento pretenda cerrar sus asociaciones.
“Hay 180 asociaciones que están en situación de demandar al Ayuntamiento. Pero no se tratan de demandas colectivas, sino individuales”, le dice a Cáñamo el abogado Oriol Casals, quien ya recibió a algunas asociaciones, pero que dice hasta el momento no tomó ningún caso. Casals fue uno de los promotores de la iniciativa legislativa de 2017 para obtener una regulación de los clubes de cannabis y que fue tumbada por el Tribunal Constitucional.
Casals explica que aunque “el Ayuntamiento ha hecho creer que la sentencia del Tribunal Supremo había anulado las licencias (de las asociaciones), pero no. Las 180 licencias siguen existiendo y si quisieran cerrarlas todas tendrían que hacer 180 expedientes de revisión de licencia”. El abogado dice que en ese caso las asociaciones podrían demandar al Ayuntamiento por daños y perjuicios por todo el dinero que han invertido. Casals calcula que podrían tratarse de 100 mil euros por cada club, entre infraestructura e inspecciones administrativas. En total, se tratarían de unos 18 millones de euros que el Ayuntamiento tendría que pagar si estas asociaciones decidieran encarar un juicio. “¿Vale 18 millones de euros cerrar los clubes porque perturban la imagen de la ciudad?”, se pregunta Casals con ironía.
Cáñamo ha intentado comunicarse con el Ayuntamiento de Barcelona para consultarles cuáles son sus planes con respecto a las asociaciones de cannabis. Pero hasta el momento no se ha obtenido alguna respuesta.
