Es profesora titular de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y directora de la Cátedra Extraordinaria Drogas Siglo XXI. Araceli fue además directora general del Plan Nacional sobre Drogas (PND) y magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Desde hace años es asesora de organismos internacionales en política de drogas y blanqueo de capitales, participa en la Red de Consultas creada en Uruguay para la aplicación de la ley que legalizó la marihuana y está adherida a redes internacionales de investigación sobre la aplicación de las leyes de drogas.

En el 2012 publicó el libro La solución: la legalización de las drogas, en el que expone sus posiciones contrarias a las políticas prohibicionistas, que se han demostrado ineficaces y que han añadido, además, problemas de todo tipo: corrupción, sobredosis, criminalización, etc. Frente a la ineficaz prohibición, y la utópica legalización total, ella propone una regulación razonable que permita el acceso a los consumidores, respete a los no consumidores y prevenga el uso en menores, todo ello partiendo de la necesidad de conciliar la política de drogas con los derechos humanos, la salud y los conocimientos científicos.

*

Araceli, tu experiencia en la política sobre drogas y tus opiniones al respecto son especialmente interesantes porque has estado en las dos trincheras de la guerra contra las drogas: como directora técnica del Plan Nacional sobre Droga, en la etapa de Garzón, y ahora desde la militancia antiprohibicionista. Desde esa posición privilegiada, ¿cómo crees que ha evolucionado la percepción social sobre este problema?

La percepción social ha evolucionado mucho, especialmente en los últimos cinco o seis años: las falacias de la prohibición se están desmoronando. Todos saben que la represión del consumo y la guerra contra las drogas son las peores estrategias de salud pública y solo han servido para incrementar los niveles de inseguridad en Latinoamérica, para hacer posible la corrupción, los estados fallidos o embargados y los consumos más insalubres. Además, se le ha regalado al crimen organizado un negocio fantástico.

En el discurso antiprohibicionista hay, grosso modo, dos posicionamientos principales: el utilitarista, que pide el fin de la prohibición por motivos utilitarios y prácticos, y el esencialista, que ve en la prohibición un ataque contra derechos individuales fundamentales que se resumen de modo desenfadado en aquella frase: “De la piel pá dentro mando yo”. ¿Cómo sitúas tu posicionamiento antiprohibicionista entre estos dos polos?

Yo asumo las dos posiciones. El derecho a actuar sobre ti mismo con libertad, más el derecho a la salud, el derecho a una represión respetuosa con las garantías básicas o el derecho a utilizar cualquier sustancia que cure o alivie el sufrimiento. También creo que hay que acabar con la prohibición porque ha sido un fracaso total, y mientras tanto ha provocado estragos de todo tipo. Con todo, lo que en Europa es una cuestión de derechos humanos o de evaluación de resultados, en otros lugares es, además, un problema de supervivencia personal y del estado. A mí me valen todas estas motivaciones.

Es cierto que la ideología prohibicionista pierde credibilidad en la sociedad, muchos políticos mantienen los mismos esquemas, los mismos razonamientos respecto a las políticas sobre drogas que hace décadas. A tu entender, ¿cómo ha cambiado la clase política?

Por lo que se refiere a la clase política, hay que hacer diferencias. En Europa hay poco posicionamiento; las políticas de reducción de daños de los ochenta y noventa del siglo pasado fueron una buena respuesta a la heroína, y la no penalización o la tolerancia de hecho del consumo han conseguido que aquí el problema sea menor. En Estados Unidos se ha sustituido la postura de abanderado intransigente de la prohibición, para adoptarse una más pragmática tras la legalización de la producción, venta y consumo del cannabis en algunos de sus territorios. Lo que resulta especialmente relevante es el papel que han asumido varios países de Latinoamérica; muy especialmente, Colombia. Latinoamérica ha dicho “¡basta ya!”, ha dejado de soportar el injusto papel de “región problema”, tutelada desde Estados Unidos, para afirmar que son “región solución”, dueña de su propio destino. Ya no soportan más la guerra contra las drogas: ellos han puesto toda la sangre, la guerra se ha librado en su territorio, pero se ha ordenado desde Estados Unidos, con sus dólares y sus armas ilegales.

Probablemente sigas en contacto con personas a las que conociste en tu etapa en el PND. ¿Has encontrado rechazo o incomprensión hacia tu postura contraria a la prohibición?

Algunas de las personas a las que conocí en aquella etapa han evolucionado hacia posturas más sensatas; otras, con las que no mantengo relación, se han mostrado críticas –respetuosamente críticas– con los planteamientos que postulo en contra del sistema de prohibición.

¿Crees que hay muchos políticos que deberían “salir del armario”, no como consumidores de drogas, sino como partidarios de la legalización, y que ahora no se atreven a expresar sus posturas?

Es posible que así sea en muchos casos, pero existen ejemplos fuera de España de responsables políticos que preconizan un cambio de rumbo. Hoy ya no se considera que pedir un sistema de regulación controlada sea algo marginal o de marginados. Ahora el debate está “legalizado”; basta pensar que diez galardonados con el Premio Nobel sostienen la necesidad de acabar la prohibición.

El momento es excepcional. Se ha roto el consenso de Viena y ya no manda la fe ciega en los tratados de drogas. Pero la transición no está ni siquiera iniciada

Supongo que incluirías a Uruguay en esa lista. Ser el primer país en legalizar tras décadas no es poca cosa. ¿Cómo valoras esa experiencia?, ¿qué claros y oscuros le ves?

Sí, naturalmente, Uruguay ha dado un paso capital al regular todo el ciclo del cannabis a través de un sistema con tres patas: autocultivo, clubes de membresía y dispensación en farmacia. Allí se ha interpretado que esta regulación no viola las convenciones de Naciones Unidas porque consideran que los primeros convenios que deben cumplirse son los de derechos humanos, y el sistema de regulación es más respetuoso con los derechos humanos que con la prohibición; además, consideran que es una mejor forma de controlar la salud pública y de luchar contra el crimen organizado. Los inconvenientes de ser los primeros en regular estarán en la puesta en práctica; habrá dudas y dificultades, se deberá proceder por el sistema de prueba-error-rectificación. Pero eso es normal, porque la legalización y el control estatal nos llegan sin libro de instrucciones y sin experiencias previas totalmente asimilables.

Desde tu actual posicionamiento ideológico, tus recuerdos de la etapa en el PND deben cobrar matices diferentes. ¿Alguna anécdota interesante de aquella época?, ¿alguna reflexión respecto a la dificultad de avanzar legislativamente en este sentido?

Yo no reniego de mi pasado; mientras lo viví, creía que esa era la vía correcta. Pero, desde ese marco privilegiado, pude darme cuenta, poco a poco, de que esa guerra estaba perdida y de que “el mundo libre de drogas” al que aspiraba la prohibición era imposible. Eso lo empecé a intuir en Naciones Unidas en los noventa, en medio de una alegría prohibicionista infundada y ciega y una incapacidad sorprendente para escuchar. Allí no se podía hablar ni de reducción de daños ni de sistemas más humanos, y eso fue lo que me encaminó por otra senda.

Esa alegría prohibicionista infundada fue la que llevó a Pino Arlacchi, en 1998, a anunciar: “En diez años podremos eliminar los cultivos de opio y coca en todo el mundo”. Cuando el jefe antidrogas de Naciones Unidas dice algo así, ¿sabe que miente o cree realmente su propio disparate?

Yo no sé si se lo creía o si mentía; probablemente en esos momentos pensaban que no se podía decir lo contrario porque eso hubiese supuesto reconocer el fracaso del sistema existente. En 1998, Naciones Unidas no estaba preparada para reflexionar, para evaluar sus políticas; por eso se censuraba cualquier voz crítica. Pero en ese mismo año, 1998, el Informe Mundial sobre la Droga de Naciones Unidas tuvo que reconocer que cada vez había más drogas, que las incautaciones eran ridículas y que el crimen organizado estaba haciendo un negocio colosal. A pesar de ello, se dijeron muchos disparates; el más grande el de que en diez años se habría acabado con las drogas.

“Si se ha llegado a la normalización del consumo del cannabis es porque existe una conciencia de que el cannabis no es como las otras drogas prohibidas”

En lo que respecta a la política sobre drogas en el mundo, creo que vivimos momentos extraordinarios. ¿Estamos en un punto de inflexión histórico, una transición de la prohibición a la regulación, o aún no podemos echar las campanas al vuelo?

Sin duda, el momento es excepcional. Se ha roto el consenso de Viena y ya no manda la fe ciega en los tratados de drogas. Además, se ha escenificado esa ruptura y se ha hecho de la mano de un número muy considerable de premios Nobel, científicos, mandatarios que lo fueron y otros que están en el ejercicio del cargo. Pero la transición no está ni siquiera iniciada; solo están preparadas las bases para iniciarla. Con todo, esto ya es mucho y la situación actual era impensable hace diez años.

Me gusta el planteamiento que haces: no estamos en la transición, sino sentando aún sus bases. Yo también creo que el paso previo a legalizar (o regular) las drogas es legalizar el debate sobre ellas, hacerlo viable socialmente. Y me da la sensación de que ahora se da la curiosa circunstancia de que, en lo que respecta al cannabis, está más normalizado el consumo que el debate.

Yo creo que si se ha llegado a la normalización del consumo del cannabis, ya sea permitiéndolo fácticamente, ya sea regulándolo, es porque, aun sin un debate abierto en todos los sitios, sin embargo, existe una conciencia de que el cannabis no es como las otras drogas prohibidas; no es como la heroína o como las drogas de síntesis.

Siempre había pensado que si se acababa la prohibición del cannabis, la guerra contra las drogas, tal y como la entendemos ahora, tendría los días contados. Me parecía difícil mantener la misma presión sobre el resto de las sustancias cuando la marihuana esté normalizada. Pero charlando contigo en una ocasión me hiciste dudar al respecto: tu posición –creo recordar– era más bien que tras soltar el lastre de la marihuana, la prohibición sobre el resto de las sustancias se incrementaría. ¿Sigue siendo esta tu percepción? Si se avanza en la regulación del cannabis, ¿cómo afectará eso al tratamiento legal de las otras drogas?, ¿se tenderá a regularlas también o se incrementará su prohibición?

Si se alcanzase una regulación general del cannabis, no creo que hubiese más presión sobre las otras drogas. Lo que me planteo como hipótesis es que, normalizado el cannabis, podría “desinflarse” el movimiento de legalización de las restantes drogas y sus posibilidades reales se reducirían muchísimo o desaparecerían. Es solo una hipótesis, pero creo que deberíamos pensar en que podría ser así. No hay ninguna seguridad de que un proceso de regulación del cannabis fuese seguido de otros similares para la heroína o el éxtasis.

Me gustaría conocer tu opinión sobre las recientes decisiones del Tribunal Supremo contra los clubes cannábicos. Me parece curioso que la mayor ofensiva contra la actual tolerancia venga precisamente en un momento donde las fuerzas políticas se están reequilibrando y modificando.

Bueno, las fuerzas políticas están todavía desubicadas; ni tan siquiera tenemos gobierno. Pero no hay que mezclar: una cosa es la posición de las fuerzas políticas –o la ausencia de posición de las mismas– y otra, distinta, es la posición del Tribunal Supremo. Lo que ha ocurrido con las tres sentencias condenatorias del Tribunal Supremo no es una sorpresa. Desde el 2013, cuando la Fiscalía General del Estado se pronunció sobre las actividades de los clubes cannábicos, era más que previsible que podrían derivarse condenas.

Pero ¿va en serio esta sentencia?, ¿va a modificar de manera real el panorama de los clubes? Porque da la sensación de que no ha aumentado la presión policial contra las asociaciones, que mayoritariamente siguen funcionando. ¿Se entendería su cierre?, ¿lo crees posible?

Una condena en sentencia firme siempre va en serio, sobre todo para los condenados. Y creo que habrá más condenas porque hay más causas abiertas. Y los tribunales inferiores empezarán a aplicar la doctrina del Tribunal Supremo porque tienen poco margen para eludirla sin riesgo de que se anule su sentencia. Por otro lado, en algunas asociaciones se están planteando ya operar de otra forma para alejar el riesgo de condenas.

Uno de los motivos que llevaron al fin de la “ley seca” en Estados Unidos es que la hipocresía se había convertido en habitual entre los norteamericanos respecto a la prohibición del alcohol: todo el mundo se la saltaba, todos conocían la imposibilidad de hacerla cumplir, y conocían las consecuencias negativas que había acarreado. Pero todos vivían con ese doblepensar: mantener una ley inútil y contraproducente, pero saltársela sistemáticamente. Tengo la sensación de que aquí ocurre algo parecido: acercarse al cannabis supone una manera inocua de saltarse una prohibición legal sin riesgos, un espacio de tolerancia que permite la emoción de la desobediencia sin sus riesgos penales. ¿Estás de acuerdo en que la normalización social del cannabis, junto con el inmovilismo legislativo, puede alimentar la sensación de que la prohibición de iure es intrascendente frente a la tolerancia de facto?

Eso ha podido ser así hasta ahora. Pero con las tres sentencias condenatorias del Tribunal Supremo, más las que seguirán, queda claro que no es así: se ha impuesto la prohibición de iure que ya existía.

Y ahora, ¿qué? Si ya no vale la tolerancia de facto, ¿cambiarán las leyes para permitir los clubes o desaparecerán?

No veo un inmediato cambio legislativo en España, y los clubes, algunos desaparecerán y otros, se adaptarán.

En contraste con la ofensiva judicial, el actual PND mantiene un perfil mediático, ya no bajo, bajísimo. ¿Crees que responde a una voluntad política de que no tenga protagonismo, o es la disminución de la percepción social de la droga como problema lo que fuerza esa cuasi inexistencia mediática del PND?

El perfil bajo puede obedecer a varias razones; las dos que tú apuntas y alguna más, como no tener nada nuevo que proponer, querer mantener el statu quo político, dejando que otros actores se muevan. Por otro lado, en períodos electorales se prefiere no hablar de drogas; sigue siendo una patata caliente y no da votos. Con todo, no olvidemos que no son los cargos los que hacen a las personas, sino al revés.