¿Puede el castigo solucionar nuestros problemas sociales y políticos? Jorge Ollero y el penalismo mágico

¿Puede el castigo solucionar nuestros problemas sociales y políticos?

Jorge Ollero y el penalismo mágico
Este artículo se publicó originalmente en el número 289 de la revista Cáñamo España

La visión del jurista y mediador Jorge Ollero (Granada, 40 años) sobre nuestra sociedad y sobre el derecho penal no la ha sacado de los libros (que también), sino de muchos años trabajando en varias prisiones andaluzas y al lado de las personas presas y sus familias. En su libro Penalismo mágico, recién editado por Aconcagua el pasado octubre, aglutina las reflexiones de todos estos años, desmontando la falacia que presenta el castigo como solución a problemas sociales y políticos.

Frente al penalismo impuesto, la apuesta de Jorge Ollero es por la justicia restaurativa, feminista y ecologista, por una sociedad basada en la solidaridad y la cooperación, con más cuidados y menos castigos. Penalismo mágico es un libro que nos pone como sociedad frente al espejo y nos confronta con nuestros más profundos valores. Porque, en el fondo de nuestro ser, ¿cuántas veces no habremos pensado aquello de que una hostia a tiempo sería la solución a (prácticamente) cualquier cosa? Conversamos con el autor sobre las políticas de drogas, la “ley mordaza” y lo difícil que es despojarnos de la creencia de que la cárcel es la solución mágica.

Empiezas tu libro recordando la anécdota del sabio Melquíades de Cien años de soledad, y lo terminas rememorando el relato Casa tomada de Julio Cortázar. ¿En qué nos ayuda el realismo mágico a entender el derecho penal y a comprender lo que está pasando en nuestra sociedad?

El realismo mágico nos enseña que la realidad no es tan racional y predecible como queremos creer, y que lo inesperado puede surgir dentro de nuestra cotidianidad monótona y conformista. Nos ayuda a ser conscientes de que hay mundos invisibles dentro de este, y que podemos unir imaginación y voluntad para crear maneras diferentes de vivir en sociedad, incluyendo maneras diferentes de solucionar nuestros conflictos. El libro contrapone esta idea positiva del realismo mágico con una crítica a la aplicación en el ámbito penal de lo que se ha llamado “pensamiento mágico” o wishful thinking. Es decir, la errónea idea de que solamente castigando más, imponiendo penas más duras, podrán solucionarse los problemas sociales y alcanzar una sociedad más pacífica y justa.

¿A eso te refieres cuando hablas de penalismo mágico?

La expresión penalismo mágico surgió de manera precisamente casual y espontánea, cuando trataba de entender por qué castigar es tan popular pese a que está demostrado que no es eficaz para resolver los problemas que supuestamente busca resolver. Encontré que penalismo mágico es una expresión evocadora para indagar sobre la base psicológica y cultural del populismo punitivo. En el libro juego constantemente con varias capas de significado de lo mágico. Introduzco imágenes del cine, la música y la literatura, como las de García Márquez y Cortázar, para hacer más atractiva la discusión sobre derecho penal, política criminal…, que normalmente se embarcan en lenguajes áridos y aburridos.

Afirmas que el castigo es algo que nos apasiona, que nos fascina. Que sentimos “adoración al penalismo mágico”. ¿Qué es lo que nos apasiona tanto de ello? ¿De dónde viene esta cultura de la mano dura, de “una hostia a tiempo lo arregla todo”?

He ahí la cuestión, efectivamente: por qué las sociedades modernas, que nos enorgullecemos de ser racionales, pragmáticas y científicas, optamos por la vía del castigo para reducir los robos o acabar con las drogas, por ejemplo, si sabemos por la evidencia criminológica que esos castigos no funcionan, que ese enfoque punitivo y prohibicionista genera más problemas que los que supuestamente trata de solucionar. Dar posibles respuestas a ese porqué es una de las razones de ser de este libro. Yo argumento que la veneración al castigo forma parte del núcleo duro de la construcción de los estados modernos, pues solo mediante el monopolio de la violencia puede hablarse de estado soberano. Desde un punto de vista emancipador, podemos entender que cuanto más avanza el impulso democratizador, el poder se reparte más y el estado no necesita relacionarse con su ciudadanía a través de la violencia, sino que puede hacerlo a través de la palabra. El reto es, pues, continuar democratizando la vida pública para que la justicia penal sea más dialogante y menos violenta, para reducir la esfera de lo que se considera uso legítimo de la violencia. Porque, aunque legales, las largas penas de prisión que se imponen en nuestro estado dañan la integridad moral y física de las personas que las enfrentan. Y yo me pregunto: si sabemos que las medidas sociales, terapéuticas, educativas y preventivas reducen verdaderamente la delincuencia, ¿por qué no las aplicamos más?

Jorge Ollero y el penalismo mágico
Frente a las posiciones punitivas Jorge Ollero apuesta por la justicia restaurativa, feminista y ecologista.

Si está claro que no soluciona nuestros problemas políticos y sociales, ¿por qué se insiste en seguir aplicando el penalismo mágico para gestionar la mayoría de dichos problemas? Para algo y para alguien tiene que estar funcionando muy bien…

La respuesta es la que apuntas: la penalización de los problemas no sirve para solucionarlos, pero sirve para ocultar las raíces estructurales de los mismos. La penalización de los problemas invisibiliza sus raíces sociales y refuerza el poder de los que gestionan el aparato punitivo.

Por supuesto, el problema de las drogas es otro de los que se intenta solucionar mágicamente mediante el Código penal y la “ley mordaza”. Dedicas un capítulo del libro a la guerra contra las drogas.

“La clave es entender que aplicando políticas de justicia social evitaríamos de raíz estos comportamientos dañinos e injustos y no necesitaríamos aplicar las políticas de justicia penal, que deben ser siempre el último recurso”

Siguiendo con esa idea de que la penalización refuerza el poder, se puede ver cómo la prohibición de determinadas plantas y sustancias psicoactivas ha servido para incrementar el presupuesto de las cárceles, las policías y los ejércitos, mientras se desmantelaban los aspectos protectores de los estados de bienestar. No es casualidad que la guerra contra las drogas alcanzara su apogeo al mismo tiempo que las políticas privatizadoras propias del neoliberalismo incipiente de finales de los setenta y principios de los ochenta –en el mundo anglosajón y, en España, algo después–. En el libro argumento que existe una causalidad entre el aumento de los castigos, el aumento de los precios del petróleo y el auge del neoliberalismo: es decir, ante una crisis energética (como la que ahora vivimos, por cierto), se decide abandonar el paradigma redistribuidor de los estados welfaristas y se instaura un paradigma económico hiperindividualista y competitivo, un “sálvese quien pueda” que destruye la cohesión social. Este vertiginoso aumento de la desigualdad social provoca altercados y resistencias que necesitan contenerse. Pero, para ello, es necesario crear “enemigos interiores” y es ahí donde a las personas que usan drogas se las comienzan a criminalizar duramente. Lo que vemos en Filipinas con Duterte es la versión extrema de lo que pasó aquí con las y los consumidores de heroína en los ochenta. Por suerte, los movimientos sociales del Estado español consiguieron atemperar el paradigma punitivo (que no conseguía hacer bajar las muertes por sobredosis y sida ni prevenir la delincuencia funcional) y desarrollar un paradigma alternativo con las políticas de reducción de daños. Creo que ese cambio de paradigma es el que proponen los movimientos que abogan por la regulación del cannabis: ofrecer alternativas regulatorias a la mera criminalización.

¿Cuál es la conexión entre drogas y cárceles?, ¿cuántas personas privadas de libertad en España lo están por cuestiones relacionadas con las drogas?, ¿quiénes y cómo son?

En el Estado español, el diecisiete por ciento de las personas encarceladas lo están por delitos contra la salud pública, llegando al veintiocho por ciento en el caso de las mujeres presas. El esfuerzo policial y punitivo se concentra en los escalones bajos y medios de la cadena de producción y distribución de las drogas, por lo que las “mulas” (mujeres que transportan droga en el interior de sus cuerpos procedentes de países del sur) son las que más sufren las consecuencias de esta prohibición. Entre las nacionales abundan también mujeres que se dedican a la venta al por menor como estrategia de supervivencia. Las mujeres, por tanto, sufren especialmente el enfoque punitivo de la guerra contra las drogas en España y en todo el mundo. En general, son mujeres y hombres pobres quienes llenan las prisiones españolas por haber cometido delitos relacionados con su pobreza (robos y tráfico de drogas) y, además, muchas de ellas tienen problemas de adicciones y salud mental. La sustancia, sea legal o ilegal, no es lo que provoca las conductas adictivas y destructivas, es más bien el contexto social. Por ejemplo, son las condiciones de paro estructural, ausencia de oportunidades y abandono institucional las que han convertido el Campo de Gibraltar en un territorio lleno de violencia y corrupción, en el que las mafias tratan de sacar partido al lucrativo negocio que la prohibición de las drogas conlleva. Frente a esta situación de descontrol, el estado sigue incrementando las medidas policiales, confiando sin éxito en la justicia penal como método de resolución de problemas sistémicos, cuando lo que tendría que hacer sería apostar por la justicia social y conseguir que esta región, que en realidad es muy rica, superara la situación de desempleo y pobreza.

Una de las campañas globales contra las políticas de drogas punitivas se llama “Apoye, no castigue”. ¿Te parece un buen resumen de hacia dónde deberían ir estas políticas?

Ese eslogan me parece brillante y es justo lo que propongo cuando digo que necesitamos “más cuidados y menos castigos”. Necesitamos reforzar nuestras políticas de sanidad, educación, dependencia, vivienda pública y transición ecológica mientras decrecemos en cárceles y multas. Como dicen en Finlandia, país famoso por tener la menor tasa de encarcelamiento de Europa y la mejor educación pública: “Good social policy is best criminal policy”. Es decir, para prevenir el delito lo mejor es aplicar buenas políticas sociales. Si queremos prevenir los efectos adversos que algunos consumos de drogas pueden provocar, debemos invertir en estructuras colectivas de cuidados, tanto estatales como de la sociedad civil, y autogestionadas por las propias personas usuarias.

Jorge Ollero de paseo por las calles de Alicante
Jorge Ollero de paseo por las calles de Alicante

Ahora mismo hay varias proposiciones de ley de regulación integral del cannabis en el Congreso. ¿Qué recomendarías a nuestras y nuestros legisladores en relación con el cannabis y la cárcel?, ¿cómo se puede reparar el daño que la prohibición ha causado a los grupos más excluidos en un contexto de regulación?

No soy un experto en el tema y prefiero dejaros esta cuestión a quienes, como tú, la estáis estudiando con rigor. A mí me parecen buenos puntos de partida las propuestas de la sociedad civil como la elaborada por la Red de Atención a las Adicciones (UNAD), cuyo argumentario se puede descargar en internet, o la de grupos de investigadores independientes, como el GEPCA, que hacen especial hincapié en fortalecer economías sociales y solidarias en torno al cannabis y en dar voz a las personas usuarias al tiempo que se refuerzan los servicios de prevención y atención.

Se puede decir que eres una persona que conoce bien la cárcel, por dentro y por fuera. Has trabajado muchos años dentro de diferentes prisiones y además te has adentrado en su dimensión social y política. ¿Cómo ha influido esto sobre tu concepción del castigo y de la utilidad de la cárcel?, ¿cambiaría la perspectiva de la sociedad sobre las cárceles si se conocieran más por dentro?

Creo que es imprescindible acercarse a las prisiones, así como a los barrios más excluidos de nuestras ciudades, para conocer la realidad de la sociedad en la que vivimos. Detrás de las vidas de éxito que nos enseña la televisión, se ocultan vidas plagadas de dolores, humillaciones, indignidades y fracasos. Son las vidas de los hombres y mujeres que suelen acabar en prisión. Cuando uno conversa con las personas encarceladas y las trata de conocer, puede ver que lo que abunda entre los muros no es la maldad sino la desorientación vital, el trauma, la enfermedad mental y la incapacidad de salir de estilos de vida profundamente autodestructivos. Estas vidas desgraciadas no son fruto únicamente de malas decisiones individuales. Estas personas no eligieron nacer en un entorno de violencia, vejaciones y pobreza, sino que son vidas producto de un modelo social que arrasa los vínculos comunitarios y donde impera la ley del más fuerte. Si estas personas cometen delitos, dañando a otras personas y a la sociedad, es legítimo que la sociedad les pare los pies y les responda con medidas para que ello no vuelva a ocurrir, pero la clave es entender que aplicando políticas de justicia social evitaríamos de raíz estos comportamientos dañinos e injustos y no necesitaríamos aplicar las políticas de justicia penal, que deben ser siempre el último recurso.

Al final del libro propones una alternativa al penalismo mágico: una combinación de justicia restaurativa y feminista con fórmulas tradicionales de resolución de conflictos, que pasan por un fortalecimiento de los lazos comunitarios, de los cuidados y de lo común.

Ante todo, propongo activar la imaginación realista y pensar en alternativas a modelos que no funcionan para proteger a la sociedad ni para reinsertar a quienes cometen delitos. Yo quiero vivir en una sociedad donde haya menos delitos, donde haya menos violencia ilegítima (y también legítima), y por eso me asombra que no se aplique a escala masiva un enfoque como el de la justicia restaurativa, que se ha demostrado que es más eficaz que la prisión a la hora de reducir la reincidencia y satisfacer a las víctimas. Los estudios criminológicos muestran que los ofensores que reparan el daño causado a sus víctimas a través de técnicas como la mediación penal o los círculos restaurativos quedan “vacunados”, con mayor empatía y responsabilidad, y por ello dejan de delinquir. Si han llegado a ponerse delante de su víctima es que han cruzado un punto de no retorno hacia una vida sin delitos. Aplicar la justicia restaurativa en los delitos más frecuentes, que son los robos y hurtos, podría ser una de las vías para escapar del penalismo mágico, siempre partiendo de que la mejor política penal es una buena política social. Las propuestas de la justicia feminista, que se basan en proteger a las víctimas y fomentar su reparación, van en la misma línea que la justicia restaurativa, y ambos enfoques podrían polinizarse mutuamente. Sin embargo, también se aprecia dentro del feminismo una deriva hacia posiciones punitivas y de reducción de las garantías procesales que no beneficia a nadie. Espero que los feminismos antipunitivistas sean finalmente los que marquen la agenda.

La historia de Ángel

Penalismo mágico (Aconcagua Libros, 2021), de Jorge Ollero. 176 págs. P.V.P.: 16,90 €
Penalismo mágico (Aconcagua Libros, 2021), de Jorge Ollero. 176 págs. P.V.P.: 16,90 €

En el libro Penalismo mágico, Jorge Ollero incluye muchas historias y reflexiones personales acerca de su experiencia trabajando con personas presas. En este extracto cuenta el caso de Ángel, uno de los chavales con los que ha tratado y cuya vida ilustra la de tantos otros que están en prisión.

Llevo trabajando con personas encarceladas desde el año 2008 y siempre he sentido especial empatía por esos chicos malos reformados. Son esos chavales que rondan los treinta años de edad, llevan diez años en prisión y todavía les queda una condena de diez o quince años por delante. Supongo que me siento bastante identificado con ellos porque pienso que, si yo hubiera nacido en sus mismas circunstancias, hubiera acabado en su misma situación. Puedo contaros, por ejemplo, la historia de Ángel, el nombre ficticio de uno de mis chavales más cercanos. Nació en 1984 en el barrio de Los Pajaritos, de Sevilla, el segundo barrio más pobre de España. El primero es el Polígono Sur, de donde es su madre y sus hermanastros mayores. Su madre es una superviviente nata, guapa y coqueta, que no sabe ni leer ni escribir y apenas se entiende con las cuentas. Estamos hablando de la cuarta economía de la eurozona, donde todavía hay setecientas mil personas analfabetas. El primer marido de Toñi (llamémosla así) murió de sobredosis en los ochenta y sus dos hijos mayores ya llevaban una larga trayectoria delictiva cuando se volvió a casar y se mudaron a Los Pajaritos. Allí, Ángel empezó a faltar al colegio a los doce años y no pasó nada, a nadie le importó. Empezó a fumar porros en las plazas y a escuchar las historias de los mayores, que robaban coches y pegaban palos en estancos o supermercados. Cuando cumplió los dieciséis, su padre le buscó trabajo como pinche de cocina pero lo dejó pronto. No quería ser un pringao, quería ser alguien importante en el barrio. Y lo consiguió, vaya que si lo consiguió. Empezó robando algunas motos, robando en algunas tiendas, probando la cocaína y trapicheando con ella. Estuvo en unos cuantos centros de menores, de los que se escapaba o salía al poco tiempo sin haber aprendido mucho. Siguió así, escalando en la pirámide social de su barrio, cometiendo robos más complejos en joyerías o naves industriales. Cuando cumplió los veinte ya tenía una larga serie de procedimientos judiciales abiertos pero, como no tenía condenas firmes, cada vez que lo detenían salía a los pocos días y volvía a las andadas. Tenía veinte años cuando entró en prisión y le empezaron a “bajar” las condenas firmes, una a una, hasta acumular más de veinticinco años de pena.

Yo digo que me identifico con ellos porque, de los dieciséis a los veinte años, yo, como la mayoría de los adolescentes, era un cenutrio. No tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida y simplemente me dejaba llevar por lo que hacían a mi alrededor. Como en mi entorno lo que se llevaba era estudiar una carrera universitaria y hacer botellón, mis máximas conductas incívicas se ciñeron a orinar en la calle y tener alguna peleílla en la discoteca. Si mi socialización hubiera estado basada en robar motos y trapichear con cocaína, lo hubiera hecho, no tengo ninguna duda, con la despreocupada inconsciencia que todos tenemos a esas edades. Hubiera sido muy injusto que mi vida hubiera quedado definida por quién yo era a los veinte años, que mi futuro hubiera quedado marcado por lo que hice en aquella etapa de mi juventud. Y eso es justo lo que le pasó a Ángel, lo que les pasa a muchos de estos chavales: se han criado en un mundo donde lo normal era delinquir y donde no había consecuencias claras y educativas ante estos delitos. Cuando la justicia finalmente actúa, lo hace muy tarde y con toda su fría contundencia. Entonces les caen esas condenas de veinte años, que les marcan un horizonte de seguir en prisión hasta los treinta y cinco o cuarenta años de edad. Al principio, cuando me pasaba algunos ratos hablando con ellos en el módulo terapéutico y luego recogía mis cosas y me iba para casa, me quedaba muy triste, impresionado por pensar que yo iba andando por la calle mientras ellos seguían, como todos los días, encerrados entre esos muros. Luego acabé acostumbrándome. Más o menos.

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Jorge Ollero

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