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Agentes en Nuevo México
Agentes de la Border Patrol vigilando la frontera en Nuevo México.

Rápido y Furioso

Rafael Zaragoza
Este artículo se publicó originalmente en el número 249 de la revista Cáñamo España

De todas las barbaridades que ha cometido Estados Unidos en su cruzada contra las drogas, la Operación Rápido y Furioso está en lo más alto. Entre el 2006 y el 2011, decidieron vender unas dos mil quinientas armas –fundamentalmente, rifles de asalto– a los cárteles de la droga mexicanos y sentarse a ver qué pasaba. La premisa era estúpida, el arsenal evidentemente se utilizó para asesinar personas. El caso salió a la luz pública después de que una de esas armas le quitó la vida a un agente de la Border Patrol en diciembre del 2010. Fue un escándalo que propició la creación de un comité en el Congreso que elaboró un informe que documenta la indiferencia e ineptitud de la Agencia del Tabaco, Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, sus siglas por su nombre en inglés) y del resto de las agencias gubernamentales –como la DEA– que participaron en la operación. 

Desde el 2005, la ATF inició un proyecto para rastrear el flujo de armas ilegales hacia México. En teoría, querían hacer una investigación para determinar quiénes eran los principales actores en el tráfico de armas. Para ello enviaron una remesa inicial de trescientas cincuenta armas y luego esperaron a que las autoridades mexicanas las recuperaran y las devolvieran (después de usarlas, evidentemente). En Estados Unidos cuando alguien hacía una compra sospechosa, la ATF monitoreaba todo –en principio muy de cerca–. En teoría, las armas debían tener un chip de geolocalización para seguirles la pista, pero el programa no tenía suficiente presupuesto, así que no se hizo. También en el plano teórico, debían notificar a alguien en el lado mexicano para que siguiera la pista del cargamento de fusiles que acababa de cruzar la frontera. Sin embargo, nadie lo hizo, por negligencia bien de los mexicanos, de la ATF o de ambos. 

Los fusiles cruzaban el río Bravo y se les perdía el rastro. Con los años y conforme fueron recuperando armas, se percataron de que muchas de ellas tenían los números de serie borrados. El programa estuvo vigente durante seis años (aunque tenía que durar hasta el 2016), en los que no se arrestó a ningún traficante de armas. Eso a pesar de que la ATF tenía identificados a los intermediarios del tráfico de armas –al menos, en Estados Unidos–, pero no hizo nada para detenerlos. La participación de los estadounidenses fue simplemente contar muertos. Y vaya que los hubo. Los años en los que estuvo vigente la Operación Rápido y Furioso coincidieron con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia y el repunte en la violencia en México. 

Entre 2006 y 2011, Estados Unidos decidió vender unas dos mil quinientas armas a los cárteles de la droga mexicanos y sentarse a ver qué pasaba

Cuando estalló el escándalo, en el 2011, la titular de la Fiscalía mexicana aseguró que ignoraba la existencia del programa y que haría una investigación exhaustiva. Mentía: cables de Wikileaks revelan que en el 2009 la Procuraduría General de la República albergó una charla con agentes de la ATF para discutir los avances del programa. La Fiscalía también permitió que agentes estadounidenses recuperaran los casquillos de bala de las morgues en las que se apilaban los cuerpos. Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos realizada en el 2012 dictaminó que la operación “fue supervisada de manera irresponsable” y que “fracasaron en considerar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de Estados Unidos y México”. 

Estos son algunos ejemplos del uso que se dio a las armas que la ATF entregó a los cárteles mexicanos. 

La masacre de Villas de Salvárcar

En la madrugada del 31 de enero de 2010, un grupo de adolescentes de entre quince y veinte años celebraban el cumpleaños número dieciocho de Jesús Enríquez. Festejaban en una casa en Villas de Salvárcar, una urbanización de clase media en Ciudad Juárez. Hacia la media noche llegó un grupo de sicarios de La Línea –el brazo armado del cártel de Juárez–. Bajaron de sus camionetas y descargaron sus armas, asesinando a diecisiete jóvenes. La fiscal de Chihuahua, Patricia González, aseguró que se trató de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, lo que provocó la indignación de los padres de los jóvenes, que sostenían que sus hijos eran estudiantes y ajenos al tráfico de estupefacientes. 
El crimen nunca se esclareció. La Fiscalía detuvo a cuatro personas, con lo que pretendió zanjar el tema. Los torturaron, y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha exigido la liberación del que, a ojos de la justicia mexicana, es el principal responsable. En el 2012, gracias a una investigación de Univisión, se supo que algunas de las armas utilizadas ese día provinieron de la Operación Rápido y Furioso. 

El hermano de la fiscal 

El 4 de noviembre de 2010, la policía encontró en una casa abandonada de la carretera de Chihuahua el cadáver de Mario González. Este abogado era el hermano de la fiscal del estado de Chihuahua, Patricia González, y llevaban tiempo buscándolo. Dos semanas antes lo secuestraron integrantes del crimen organizado. Los plagiarios subieron a YouTube un vídeo en el que González, rodeado de cinco soldados con pasamontañas y metralletas, responde a las preguntas que le hacen. El abogado confiesa que él y su hermana –la fiscal del estado de Chihuahua– trabajan para La Línea, el grupo de sicarios del cártel de Juárez. El cadáver de González apareció en una fosa improvisada de una casa en la que también encontraron un par de armas pertenecientes a la Operación Rápido y Furioso. 

Valle de Zaragoza 

Fue el 26 de julio de 2015, en un control rutinario en el municipio de Valle de Zaragoza, Chihuahua. El jefe de policía ordenó bajar a los ocupantes de un coche gris, y cuando lo hicieron portaban metralletas y empezó un tiroteo en el que murieron el jefe y dos de sus hombres. El coche apareció diez días más tarde abandonado en una carretera junto a tres cadáveres –a quien la policía buscaba por el asesinato de sus agentes–. Los oficiales encontraron varias armas en el coche, una de las cuales fue rastreada a la operación de la ATF. 

La Border Patrol 

Su muerte destapó la existencia de la Operación Rápido y Furioso. Brian Terry estaba adscrito a la Border Patrol, y en diciembre del 2010, mientras patrullaba la frontera, se encontró con un rip crew, traficantes que también recorren el muro fronterizo en busca de otros traficantes a los que robar su mercancía (como Omar Little en la serie The Wire). Terry murió durante el tiroteo, y cuando se recuperaron algunas de las armas se percataron de que figuraban como parte de un programa de la ATF. Su muerte inició una comisión del Congreso estadounidense que elaboró un demoledor informe titulado Operación Rápido y Furioso: anatomía de una operación fallida. 

En la guarida del Chapo 

Con el paso de los años, las autoridades han ido recuperando algunas de las armas que los gringos suministraron al crimen organizado. De momento, de las cerca de dos mil quinientas armas que ingresaron con el programa, han recuperado unas ochocientas; es decir, una tercera parte. Está documentado que uno de los principales beneficiarios del programa fue el cártel de Sinaloa. De hecho, un fusil calibre 0,50 (capaz de derribar un helicóptero) perteneciente a la ATF llegó a las manos de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán. En enero del 2016, la Policía mexicana recapturó definitivamente al capo de Sinaloa tras un tiroteo en una casa de Los Mochis. En la guarida se incautaron de diecinueve armas, una de las cuales era el infame fusil calibre 0,50. 

Armas
México en armas

A pesar de que México tiene una política muy restrictiva para poder portar pistolas, las autoridades calculan que hay unos quince millones de armas ilegales en el país. Otras estimaciones de la ONU apuntan a que entre el veinte y el treinta por ciento de la población posee un arma, lo que lo coloca como uno de los países con mayor proporción de civiles armados. México es uno de los principales damnificados por la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que permite la posesión de armas como un derecho inalienable. El setenta y uno por ciento de las armas que se decomisan en México provienen de sus vecinos del norte, según datos del Ejército mexicano. Un estudio de la Universidad de San Diego y del Igarapé Institute reveló que la venta de armas en ese país con destino México genera beneficios de ciento veintisiete millones de dólares anuales. El mismo estudio asegura que, entre el 2010 y el 2012, unas doscientas cincuenta y tres  mil armas cruzaron la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal.