Mientras las iniciativas legislativas para legalizar el consumo recreativo de marihuana en California parecen tener mejores expectativas que nunca, Barack Obama no se moja. A punto de agotar su mandato, el presidente norteamericano afirma que la reforma de las leyes de la marihuana no está entre sus prioridades y plantea dudas sobre una posible reclasificación de la droga.

En los últimos meses, Barack Obama manifestaba públicamente su aprobación a la eliminación de las penas de cárcel por los delitos no violentos relacionados con la marihuana, que castigan principalmente a la población afroamericana, e instaba al Departamento de Justicia a no interferir en los programas estatales de marihuana medicinal. A pesar del apoyo expresado por su Administración hacia una regulación basada en la evidencia científica, el presidente Obama insistía el pasado mes de enero en que es el Congreso quien debe decidir acerca de una posible reclasificación del cannabis dentro de la lista de sustancias controladas elaborada por la Drug Enforcement Administration (DEA), desoyendo así el consenso de los expertos y vertiendo un jarro de agua fría sobre una histórica reivindicación de los movimientos pro legalización. Pero ¿cómo se llegó a esta situación?

Nixon contra el hombre más peligroso de América

En 1966, Timothy Leary, gurú del LSD y exprofesor de Harvard, era arrestado tratando de cruzar la frontera de México con una pequeña cantidad de marihuana y condenado a cumplir treinta años en una prisión federal. Acogiéndose a la quinta enmienda, Leary logró apelar la sentencia y llevar el caso ante el Tribunal Supremo, que terminó dándole la razón y anulando, de manera indirecta, las leyes que durante treintaiún años habían prohibido la marihuana en Estados Unidos. Pero el presidente Nixon, que en una ocasión se refirió a Leary como “el hombre más peligroso de América”, no estaba dispuesto a permitirlo.

Nixon instó al Congreso a elaborar un conjunto de leyes que incluía el Acta de Sustancias Controladas. Dicha legislación clasificaba las drogas en cinco grupos de mayor a menor peligrosidad. Conforme la ley iba madurando, el principal problema fue decidir quién controlaría la clasificación. El Senado opinaba que debía ser competencia del Departamento de Sanidad. La Casa Blanca pretendía, en cambio, que fuera el fiscal general. Para los liberales, las drogas eran un asunto de salud pública; para los conservadores, en cambio, se trataba de un problema legal. Finalmente, el Senado claudicó, dejando el poder en manos del responsable de las fuerzas de seguridad del estado.

Las autoridades médicas de la época consideraban el cannabis un alucinógeno suave, ni siquiera un narcótico. El Congreso había reservado la clase I para las drogas más peligrosas, aquellas sin un uso médico demostrado y con un alto riesgo de abuso. A pesar de que el consumo de cannabis se había disparado a finales de los sesenta, existía una gran reticencia a concederle el estatus de “máximo riesgo” por temor a que los universitarios blancos de clase media y alta pudiesen enfrentarse a sentencias desorbitadas. Sin embargo, Nixon sabía que la mayoría de los universitarios no votaba, y los que lo hacían no le votaban a él. De modo que su Administración presionó para incluir a la marihuana en la clase I, la categoría más restrictiva.

Epi, Blas y la verdad sobre la marihuana

Se trataba de una medida temporal, “hasta que concluyeran ciertos estudios”. Así es como, en 1971, se creó la Comisión Presidencial sobre la Marihuana y la Drogadicción, cuyo objetivo era clasificar correctamente el cannabis. Nixon y sus colaboradores dejaron bien claro lo que esperaban de la Comisión. El fiscal general, John Mitchell, declaró públicamente que confiaba en recabar suficiente información negativa acerca de la marihuana como para que “los jóvenes resistieran la presión del grupo”. Todos los miembros de la comisión nombrados por Nixon eran republicanos de carné. El único guiño a los liberales fue incluir entre sus miembros a Joan Ganz Cooney, cocreador de Barrio Sésamo. La Comisión estaba presidida por Raymond Shafer, exgobernador de Pensilvania y fiel simpatizante de Nixon.

Shafer era un moderado chapado a la antigua que creía en los hechos, la evidencia y la ciencia. La comisión encargó más de cincuenta proyectos y estudios, consultando con expertos, estudiantes, empleados públicos y líderes sociales. Un año más tarde publicaba sus conclusiones. El informe, de 1.184 páginas, desarmaba uno por uno casi todos los argumentos que el gobierno federal había utilizado para criminalizar la marihuana durante cuarenta años. De hecho, concluía con la recomendación de que la sustancia no fuera reclasificada sino, directamente, despenalizada.

La guerra contra las drogas y los niños soldado

Nixon, que recibió el informe unos días antes de su publicación a principios de 1972, no estaba conforme con la opinión de la Comisión acerca de la necesidad de educar a la juventud en su consumo: “Y una mierda educarlos. ¡Hay que aterrorizarlos!”. Mientras las protestas contra la guerra de Vietnam se multiplicaban, Nixon culpaba a los comunistas de intentar destruir los valores de la sociedad americana incentivando la homosexualidad, la marihuana y la inmoralidad en general. Así es como, en 1973, logró endurecer las penas por tráfico y posesión y creó una nueva y poderosa agencia, la DEA, dedicada a la lucha contra las drogas. El propósito original de la Comisión, determinar el lugar adecuado para el cannabis dentro del Acta de Sustancias Controladas, cayó en el olvido. A principios de los ochenta, los Reagan expandieron la visión política y judicial sobre las drogas de Nixon y la convirtieron en una guerra abierta. Nancy Reagan –autora de la célebre frase “Just say no”– alentaba a los escolares a llamar a la policía si sus padres consumían marihuana, refiriéndose a los usuarios recreativos como “cómplices de asesinato”. En 1982, el presidente Reagan declaraba la “guerra contra las drogas”, permitiendo al ejército actuar a nivel estatal e incrementando el gasto del Pentágono para iniciativas antidroga de un millón a 196 millones de dólares en apenas cinco años.

George Bush padre continuaría con la misma política durante su mandato. Tras una década trabajando por la reclasificación del cannabis, la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de la Marihuana (NORML) se apuntaba una victoria cuando el juez administrativo de la DEA, Francis Young, declaró la marihuana “una de las sustancias con valor terapéutico más seguras conocidas por el hombre”. Young llegó a afirmar que su inclusión dentro de la clase I era “irracional, arbitraria y caprichosa”. Pero la Administración Bush enfrió el veredicto de Young durante más de un año, hasta que el director de la DEA, John Law, acabó rechazándolo en 1989.

La reivindicación del valor terapéutico

En 1995, el activista Jon B. Gettman y la revista High Times presentaron una nueva petición alegando esta vez que el cannabis carecía del “alto potencial de abuso” necesario para las clases I y II. Dos años después, el gobierno encargaba al Instituto de Medicina una revisión de las evidencias científicas acerca de los beneficios y riesgos potenciales del cannabis y sus componentes. En 1999, el instituto recomendaba permitir el consumo terapéutico de cannabis para ciertos pacientes, ensalzando las formulaciones de cannabinoides aislados como alternativa al cannabis fumado. Al mismo tiempo, el Marinol, un fármaco sintético basado en el 9-tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto activo del cannabis, era reclasificado pasando de la clase II a la III, mientras que el cannabis permanecía en la clase I. Se demostraba así el apoyo de la DEA a los métodos de ingestión de THC sin la inhalación perjudicial de humo.

En octubre del 2002, la Coalición para la Reclasificación del Cannabis presentaba un nuevo recurso que la DEA aceptó a trámite en abril del 2003. Según Jon B. Gettman, líder de la coalición, al cursar la solicitud “la DEA reconocía tácitamente un argumento jurídicamente válido en apoyo del reconocimiento del uso médico del cannabis”. Después de años de silencio, en mayo del 2011, la Coalición presentaba una demanda para obligar a la DEA a responder formalmente a su petición del 2002. Pocos meses después, la DEA rechazaba la petición.

Obama: no basta con tragarse el humo

No sería el último intento. En diciembre del 2009, Bryan A. Krumm, un veterano de guerra y enfermero psiquiátrico, presentaba una nueva petición para desclasificar el cannabis como sustancia controlada. Y en noviembre del 2011, los gobernadores de los estados de Washington y Rhode Island solicitaban la reclasificación de la marihuana para permitir su uso clínico bajo prescripción médica. Cediendo a las presiones de un grupo de senadores que abogaban por facilitar la investigación sobre los beneficios médicos del cannabis, en septiembre del 2015 la DEA admitía haber recibido “las evaluaciones científicas y médicas, así como las recomendaciones para la clasificación del cannabis por parte del Departamento de Salud Pública” de ambas peticiones. El ayudante del fiscal general, Peter J. Kadzik, se comprometía en diciembre a “publicar la decisión de la DEA una vez completada la investigación”. Esta declaración, unida al proyecto de ley por los representantes de Colorado para excluir del Acta de Sustancias Controladas a cualquier estado que haya legalizado el uso médico o recreativo del cannabis, haciendo prevalecer así la ley estatal sobre la federal, había sido interpretada hasta hace pocas semanas como una señal favorable de cara a una posible reclasificación en el 2016 .

Considerando que los ingresos en forma de impuestos directos sobre el cannabis superan ya a los del alcohol en Colorado y Washington, las palabras de Obama podrían ser una forma de presionar al Congreso para alcanzar un consenso amplio antes del final de la legislatura. “Si hay una propuesta de ley encima de la mesa, lo más probable es que la firme”, afirmaba un portavoz del presidente. A fin de cuentas, no ha sido solo el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. También ha sido el primero en admitir haberse tragado el humo. A menudo.