Las autoridades antidroga de Colombia abrieron el 2017 entregando cifras sobre el número de incautaciones de cargamentos de cocaína en el año anterior. Los reportes oficiales muestran que los operativos aumentaron su éxito en más del 45%. La incautación de más de 350 toneladas es récord en la historia del país. Debido a esta cifra, la Policía estima que si aumentan sus acciones de interdicción, el tráfico de drogas puede detenerse.

Adentro del país, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha recrudecido sus críticas contra la erradicación manual de cultivos, mientras anuncia que sigue persiguiendo los bienes que presuntamente adquirieron las FARC-EP en medio de la guerra interna que vivió el país. El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó en diciembre pasado que se apliquen fumigaciones manuales usando aspersores de espalda con químicos de nuevo nombre muy parecidos al glifosato que se regó vía aérea por todos los campos durante más de treinta y cinco años.

Un mar de coca y también marihuana

Respecto de la extensión sembrada con coca en el país, solo se tendrá noticia en julio próximo, cuando la ONUDC entregue su reporte anual del sistema de monitoreo de cultivos. Sin embargo, para finales del 2015, la cifra estuvo muy cerca de las 100.000 hectáreas. Por su lado, la Casa Blanca señaló para el mismo periodo que las cosechas de coca superaban las 150.000 hectáreas. “Colombia tiene un mar de coca”, sentenció entonces la Procuraduría General de la Nación. En el 2016, todas las organizaciones campesinas de las zonas productoras comentaron que en dicho año las siembras de coca aumentaron.

Pero en este país andino ya no solo existe una economía campesina sustentada en hoja de coca para pasta base. En al menos ocho departamentos, el cultivo de la marihuana viene creciendo, siendo el Cauca (al suroccidente) el que más dinámica ha tomado en cuanto a esta planta se refiere. Entre Cauca, Nariño y Huila, a su vez, el cultivo de la amapola ha resurgido, aunque de este último poco se hable en los informes de los organismos antinarcóticos. Por su parte, el Congreso de la República aprobó una ley para autorizar el cannabis medicinal, y los ministerios de Salud y Justicia adelantan reglamentaciones sobre el cultivo, la producción, los sistemas de vigilancia y monitoreo del mismo.

Sin embargo, varios sectores han denunciado que las reglamentaciones se hacen para favorecer a la industria farmacéutica, dejando por fuera y sin oportunidades a los indígenas, campesinos y afrodescendientes que en el país cultivan la marihuana. Colectivos que producen medicamentos y otros derivados del cannabis han advertido que las exigencias en dinero, equipos de seguridad e infraestructuras requeridas para el montaje de una fábrica solo servirán a las grandes compañías.

Las “drogas ilícitas” y sustitución de los cultivos

De otra parte, a finales del 2016 se firmó en Bogotá el Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. Después de un fracasado plebiscito, en el que se registró un empate técnico entre las opciones del sí y del no, el gobierno renegoció el Acuerdo original. En la nueva versión que ya fue aprobada por el Congreso, se introdujeron cambios importantes al punto relacionado con “drogas ilícitas”. Como lo reportaron medios de prensa, la Mesa de La Habana había logrado un acuerdo en esta materia en mayo del 2014, pero aun hoy se está a la espera del inicio de su implementación.

En medio del diálogo, las partes habían acordado desarrollar un Esfuerzo Conjunto para la sustitución voluntaria de cultivos en el municipio de Briceño en Antioquia. Dicho Esfuerzo fue presentado al público entre julio y agosto del 2016. Es una iniciativa de generación de confianza y de construcción conjunta en el que la comunidad es la protagonista (los cultivadores campesinos) a través de asambleas comunitarias que se hacen en cada vereda donde están los cultivos. El gobierno, la ONU, las FARC-EP, la comunidad y autoridades locales tienen derecho a participar en las decisiones sobre dicho Esfuerzo. A la comunidad le interesa el desarrollo local, la superación de sus necesidades y la inversión pública en servicios elementales como la salud, la educación, las carreteras y la compra de sus cosechas, mientras que al Gobierno también le interesa en primer plano la eliminación de los cultivos de coca.

La implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz será determinante en el 2017. Las partes acordaron una nueva visión del fenómeno de “drogas ilícitas”, lo que implica el diseño de nuevas estrategias y nuevos programas, aceptando que los cultivos existen debido a la pobreza rural, el abandono del Estado, la falta de infraestructuras para el desarrollo y los enfoques violatorios de derechos humanos. Por ello se propone crear un Programa Nacional de Sustitución Integral de los cultivos, en el que las comunidades tengan derecho a participar en las decisiones que sobre los aspectos productivos y de índole social se ejecuten; también se crea un programa nacional de prevención de uso de drogas y de rehabilitación (sic) de usuarios, y se establece la necesidad de contar con una real política criminal para atacar a los narcotraficantes y sus conexiones con sectores del Estado, al tiempo que la insurgencia renuncia a cualquier nexo que haya podido tener “en función de la rebelión” con esta actividad.

En este proceso cada parte tiene su apuesta. Las FARC-EP apuestan por su capacidad de influencia entre las comunidades cocaleras. El Gobierno apuesta que con la participación de la guerrilla en trance a la vida civil y sin la confrontación armada sus funcionarios podrán llegar hasta todos los rincones de la geografía donde crecen los cultivos. Las organizaciones campesinas creen que su bandera es la “sustitución voluntaria y gradual” de sus plantas, anunciando que dejarán sus cultivos y los cambiarán por otros si el Estado les cumple con la satisfacción de sus derechos socioeconómicos.

El trato diferenciado

Además, el Acuerdo de Paz contempla una política que brinde tratamiento diferenciado a los diferentes “eslabones de la cadena de valor” del narcotráfico. Para ello se propone una ley que permita retirar a los campesinos cultivadores de la órbita penal, mientras que plantea una lucha contra los traficantes y contra las bandas que se enriquecen con el negocio, contra el lavado de activos y contra las redes nacionales e internacionales que corrompen a funcionarios del Estado y deslegitiman la actividad política. El trato diferenciado es una de las apuestas más atrevidas del Acuerdo. A los usuarios de sustancias los sitúa en el interés del sistema de salud pública desde una perspectiva que incluye desde la prevención, la educación a las nuevas generaciones y la reducción de daños.

Lo más difícil sin duda será la articulación de las autoridades para el cumplimiento de este Acuerdo. La Administración pública no está preparada ni cuenta con los recursos para financiar la implementación de nuevas estrategias. Pero los oficiales de gobierno en muchos casos a nivel nacional y local tampoco tienen sus mentes abiertas a los nuevos desafíos. Y la situación se hace compleja por la persistencia de factores armados con influencia en zonas de producción de cultivos que se disputan los espacios dejados por las FARC-EP desde que empezó el cese al fuego de esta guerrilla. Entre dichos grupos, el Clan del Golfo viene consolidando su control del negocio del tráfico de drogas en medio país.

Reformismo y prohibicionismo, esa extraña mezcla

Resumo tres desafíos enormes que vendrán. El Estado no ha tenido la capacidad ni la voluntad de generar confianza entre las comunidades de los territorios donde está viva la economía de los cultivos de coca, amapola o marihuana. Al menos diez años, calcula la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), tomará un proceso serio de sustitución. Algunos pequeños grupos de las FARC se han retirado del proceso de paz, haciéndose a un lado de su dirección nacional. Algunos de estos grupos tienen influencia en zonas de producción como el Guaviare y sur del Meta, tradicionales zonas cocaleras, lo que hará muy difícil la sustitución. Y los campesinos arriesgan su participación en pactos de sustitución sin tener claros los fracasos de programas anteriores, que en muchos casos los llevaron a la “legalidad” pero los mantuvieron en la pobreza o los hicieron desplazarse de sus tierras.

Juan Manuel Santos criticó otra vez la guerra contra las drogas al recibir su Nobel de la Paz. Pero su actitud, entre esquizofrénica y pusilánime, lo ha llevado a conservar el enfoque represivo a nivel interno y a mantenerse preso del enfoque de seguridad

Todas las partes aceptan que el mercado de drogas es mundial y el Acuerdo de Paz reconoce que debe celebrarse una cumbre internacional en la que los grandes países consumidores asuman responsabilidades. Aun así, todos se arriesgan a que los pequeños éxitos que se puedan obtener en una parte del país trasladen el fenómeno a otra zona del mismo país. Adicionalmente se arriesga a que la estrategia termine concentrada únicamente en los cultivos, tal como si los cultivadores fueran los causantes del “problema de las drogas”, sin que el Gobierno asuma en serio la lucha contra la conexión entre política electoral, poder político y cultura “mafiosa” que ha imperado en Colombia. La apuesta que considera que solo con la participación de las FARC-EP en el proceso de sustitución se pueda lograr una “solución definitiva” al fenómeno del narcotráfico está lejos de ser realista.

Finalmente, debe recordarse que el presidente Juan Manuel Santos, en Oslo, al momento de recibir su Nobel de la Paz, criticó otra vez la guerra contra las drogas, llamando a reformar la política. Su discurso merece aplausos incluso entre la comunidad progresista que promueve reformas de fondo. Pero su actitud, entre esquizofrénica y pusilánime, lo ha llevado a conservar el enfoque represivo a nivel interno y a mantenerse preso del enfoque de seguridad que ha predominado. Reformismo y prohibicionismo, una extraña mezcla que ha entrado en la agenda política colombiana y que seguirá durante este año.