En Santiago de Chile, la capital del país, el olor a marihuana se cuela por toda la ciudad y, mientras que ese pulso aromático coincide con la entrada y salida del trabajo, es común ver, en esta urbe que supera los seis millones de habitantes, a personas manipulando cogollos, girando sus moledores y enrollando papelillos.

Lo más probable es que esta acción se repita miles de veces y en varias ciudades de este país, líder en consumo de cannabis en Latinoamérica, con una tasa superior al 12%, igualando a Uruguay y por encima de países como Argentina y Colombia, según indica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el World Drug Report (2024).

Sin embargo y pese a toda la tradición cannábica que posee Chile, primero dada por el extenso y centenario cultivo de cáñamo en sus valles centrales y seguido por un consumo que cruza generaciones y que construyó una particular cultura local en torno a la marihuana, existe una gran zona gris donde transitan los usuarios de esta planta.

Si bien es habitual ver gente fumando caños y existe una regulación (la Ley 20.000) que se ha modificado, estableciendo ciertas garantías para los usuarios medicinales, en la práctica, estos se encuentran sometidos a las decisiones arbitrarias de autoridades y policías a las que aún les cuesta lidiar con el hecho de que no es ilegal el uso de esta planta.

Esto ocurre pese a los avances regulatorios, porque la implementación de la ley continúa siendo clasista, y los riesgos de consumir o cultivar cannabis, dependerán –en gran medida– de la situación económica y el estatus social que se ostente.

Dicho de otra forma, en Chile las posibilidades de ser detenido por marihuana aumentan si eres pobre, mientras que, si tienes los recursos, puedes acceder a un mercado donde encontrarás modernos y costosos sistemas de cultivo, semillas de reputados bancos internacionales y toda la parafernalia que puedas costear. 

Para el abogado y litigante especialista en casos de cannabis, Hernán Bocaz, la situación actual es de bastante incertidumbre “ya que en Chile las policías siguen realizando incautaciones, detenciones y allanamientos a pacientes  –con receta médica vigente– sea por tenencia de plantas o por porte de su medicina”.

Es más, el abogado Bocaz sostiene que “lamentablemente la institucionalidad sigue operando bajo los mismos preceptos que han generado una persecución penal insulsa contra cultivadores y usuarios de cannabis. Fiscales y policías  –en su gran mayoría– no dan valor a los instrumentos señalados en la ley, lo que implica que el paciente debe inmiscuirse en un proceso penal para acreditar que él o ella no trafica, lo que además en el caso de los pacientes, siempre empeora su estado de salud. Por lo mismo, es importante que policías y fiscales actualicen sus protocolos a objeto de detener la persecución contra pacientes y usuarios”.

El boom comercial le pasó por encima al activismo

Algo que también caracterizó a la cultura cannábica en el Chile del nuevo milenio fue el apoyo ciudadano a la causa, lo que se tradujo en grandes marchas en favor de la regulación. Organizaciones como Movimental, Fundación Daya, Mamá Cultiva, entre otros, lideraron esas convocatorias que tuvieron su esplendor en 2013, cuando más de 150 mil personas participaron en la marcha “Cultiva tus derechos”.

“Antes del 2020 comprabas un gramo en casi 10 lucas (unos 10 euros). Ahora el mercado negro ofrece cannabis hasta por 2 lucas el gramo y eso contribuye a que muchos usuarios no tengan un real incentivo a la hora de cultivar”, dice Paola Sagués.

Si bien el estallido social que se produjo en Chile en 2019 y luego los confinamientos por pandemia son elementos a considerar en el declive de la industria, para Paola Sagués, más conocida como “Muy Paola”, uno de los rostros más representativos de la cultura 420 en Chile y directora del medio especializado Santiago Verde, la situación actual se explica porque el boom, que hacía que este mercado fuese pujante, ya se terminó.

“Si bien para muchos chilenos la marihuana es un estilo de vida, y conviven con ella a diario, yo creo que el peak de la cultura 420 en Chile ya pasó. Entre el 2018 y 2022, fue el boom donde se mostró un mundo cannábico que, aunque ya existía en el país de forma underground, el grueso de la gente no conocía”, detalla Paola Sagués. 

Para la directora de Santiago Verde, el problema también radica en que el consumidor chileno fue perdiendo el interés en cultivar, entre otras cosas porque “el mercado negro está muy barato y es de muy fácil acceso. Antes del 2020 comprabas un gramo en casi 10 lucas (unos 10 euros). Ahora el mercado negro ofrece cannabis hasta por 2 lucas el gramo y eso contribuye a que muchos usuarios no tengan un real incentivo a la hora de cultivar”.

Esto ha originado que muchos negocios, que se dedicaban a vender insumos para cultivo, cerraran por no contar con espaldas económicas para soportar y acomodarse a las nuevas demandas de los consumidores.

Para Mario Leiva, encargado de una cadena de growshops en la capital chilena, el escenario es muy distinto al de hace unos años atrás. “Hoy claramente el foco ha cambiado. Pasamos de atender un público interesado en el cultivo, a un cliente que está más interesado en comprar productos relacionados con el consumo del cannabis. Podríamos decir que los growshops, para sobrevivir en este nuevo escenario, se están transformando en smokeshops y, por lo mismo, la venta de artículos de cultivo quedó desplazada”. 

En Chile las posibilidades de ser detenido por marihuana aumentan si eres pobre, mientras que, si tienes los recursos, puedes acceder a un mercado donde encontrarás modernos y costosos sistemas de cultivo, semillas de reputados bancos internacionales y toda la parafernalia que puedas costear.

Cristian Medina, representante para Chile y Sudamérica del banco de semillas norteamericano Fast Buds, también cree que el cultivo de cannabis ha quedado en un segundo plano para los usuarios, incluso plantea que el consumidor de marihuana en Chile ha sufrido una “involución” y ha variado sus gustos, olvidándose de la calidad y poniendo el precio por delante.

Esto ha contribuido, destaca Medina, a la crisis económica del sector. “Me tocó visitar el norte de Chile y daba pena ver cómo los grandes growshops en ciudades como Coquimbo o Iquique están casi vacíos, sin productos. Si ni siquiera tienen tierra para vender. Es que la gente no está cultivando, porque prefiere comprar en el mercado negro y por un precio muy bajo”.

El bajón en el mercado cannábico chileno ha generado que muchas marcas y bancos de semillas dejaran de operar en Chile, comenta Cristian Medina que, en su caso, si bien la marca que representa mantiene su presencia en el país, no está interesada en invertir porque “no tiene el retorno que antes tenía. Si antes vendía 100 hoy estoy vendiendo 1 y con suerte”, agrega.

Con una mirada más puesta en lo social, Jesús Morales, docente especialista en temas de reducción de daño, destaca que el “problema también pasa por la forma en que nos venimos relacionado con la marihuana, dejando casi sin voz al activismo y reemplazándolo por un enfoque profundamente economicista, que ha generado una enorme brecha social entre consumidores”.

“No es lo mismo consumir cannabis en una población, donde cultivar o consumir es un riesgo y puede significar la cárcel, que hacerlo en el barrio alto, donde el mercado del cannabis se comporta como si fuera legal”, destaca Jesús Morales.

 “La marihuana avanza cuando las cosas están revueltas”

Ana María Gazmuri es la figura más destacada del activismo cannábico en Chile. Su lucha por visibilizar el uso medicinal del cannabis comenzó con la creación de la Fundación Daya en 2013, lo que marcó un antes y un después en la defensa de usuarios y cultivadores chilenos. 

Es diputada por el distrito 12 (que representa a algunas comunas de Santiago) y, si bien es crítica con la situación actual que viven los usuarios del cannabis, cree que sí se ha avanzado en la regulación de la planta. “Como siempre hemos sostenido, la ley 20.000 no buscaba perseguir a los usuarios porque su foco estaba puesto en el tráfico. Esto nos permitió, por ejemplo, avanzar en promover el autocultivo, aun cuando no teníamos una ley más específica, pero en el contexto de la ley 20.000 sí estaban las bases”, detalla la diputada.

En este sentido, la persecución de los usuarios y cultivadores de cannabis, plantea la diputada Gazmuri, no ocurriría “si la ley 20.000 se hubiera respetado en su espíritu y su letra no tendríamos episodios de criminalización como los que hemos tenido, por tanto, tanto tiempo”.

Actualmente, sostiene la legisladora, con la ley 21.575, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, establece que “se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención de un tratamiento médico”.

“Estamos en un buen momento, aunque sea un ciclo raro, de polarización y de una extrema derecha súper desatada, que de alguna manera inhibió el avance de este gobierno en su compromiso con el cannabis. Pero, y es una teoría muy personal mía, el cannabis avanza cuando las cosas están revueltas”, dice Ana María Gazmuri.

Esta ley, que fue aprobada en mayo de 2023, genera cierta tranquilidad para los usuarios. Sin embargo, aún queda mucho por avanzar, sobre todo en la puesta en conocimiento por parte de las policías y fiscales. Así lo detalla la diputada Gazmuri, quien nos cuenta del apoyo que brinda a usuarios de cannabis medicinal que son detenidos, allanados o perseguidos judicialmente. 

“De alguna manera hemos ido creando una cierta mirada y vemos un cambio de actitud en las policías, a pesar de la lentitud en bajar los protocolos de esta nueva ley. Hace dos semanas atrás detuvieron a un paciente en el aeropuerto de la ciudad de Puerto Montt, él se acercó a mostrar su receta, lo llevaron a una oficina, llamaron a la policía y al fiscal y lo detuvieron. Me enteré de la situación y llamé a la Dirección General de la Aeronáutica, a la Defensoría Penal Pública y el paciente fue liberado, le devolvieron su medicina y lo subieron un vuelo con rumbo a su casa”, detalla la diputada.

Para la diputada Gazmuri, la ley está funcionando, “no todo lo preventivamente que quisiéramos, pero sí para desarmar rápidamente cualquier situación que se genere. Eso sí, como ya la fiscalía entiende que está esta nueva ley, hay una rigurosidad con respecto a los detalles de la receta que autoriza el uso del cannabis medicinal. Por eso, ahora no solo basta con tenerla, el paciente debe contar con un diagnóstico”. 

Esta nueva ley abre otro flanco para el Estado chileno, quien debe implementarla habilitando este tipo de atención en los servicios de salud públicos y así ampliar y democratizar el acceso a la medicina cannábica, de modo que no solo quede supeditada a la labor de consultas privadas. 

“Si un paciente tiene una receta vencida, pero su tratamiento está en cantidades normales, acá el problema no es del paciente, el problema es de la salud pública, que todavía no tiene profesionales de la salud capacitados para acompañar a los pacientes y prescribir cannabis, obligándolos a tener que ir a centros privados que les cobran 35, 40 mil pesos (unos 40 euros)”, agrega.

La diputada, al ser consultada sobre el momento social que se vive en Chile con respecto a la regulación del cannabis, es optimista: “Estamos en un buen momento, aunque sea un ciclo raro, de polarización y de una extrema derecha súper desatada, que de alguna manera inhibió el avance de este gobierno en su compromiso en ese sentido. Pero, y es una teoría muy personal mía, el cannabis avanza cuando las cosas están revueltas”.

Y como las cosas están bien revueltas en Chile, solo resta ser optimista con la noticia que Ana María Gazmuri nos adelanta: antes de fin de año ingresarán un proyecto “de regulación para usuarios de cannabis adultos y que considere normar el uso personal, el cultivo personal y el colectivo”.