Las primeras informaciones publicadas por la prensa apuntan a que el Ejecutivo habilitaría un canal específico para que instituciones de educación superior y centros avalados por el sistema nacional de ciencia tramiten licencias de uso no comercial del cannabis medicinal. De aprobarse, la novedad permitiría realizar estudios clínicos, farmacéuticos y de salud pública sin fines de lucro, bajo controles éticos y sanitarios. El objetivo declarado es generar evidencia local y actualizar guías de manejo terapéutico.

El planteamiento se integra en un andamiaje normativo que Colombia ha venido construyendo durante la última década. La resolución más reciente fijó tarifas y condiciones para licencias extraordinarias, incluyendo la modalidad de investigación no comercial, lo que evidencia que la figura ya tiene anclajes administrativos que el nuevo decreto podría ordenar y precisar.

Uno de los efectos esperados, reportan los medios especializado, sería una actualización de la resolución vigente sobre acceso a tratamientos con cannabis medicinal, con el fin de armonizar protocolos clínicos, trazabilidad y estándares de calidad. También se menciona que el esquema propuesto excluiría cualquier aprovechamiento económico directo por parte de los titulares de la licencia académica, limitando su uso a fines de generación de conocimiento y formación de talento humano.

Quedan, sin embargo, preguntas abiertas que el texto definitivo debería resolver: ¿cómo se garantizará el suministro de materia prima para ensayos sin afectar los cupos comerciales? ¿Qué rol tendrán los comités de ética en investigación y las plataformas de registro de ensayos clínicos? ¿Habrá recursos públicos para financiar proyectos en universidades regionales? La claridad sobre estos puntos será clave para que la medida se traduzca en investigaciones robustas y socialmente útiles.

Si el decreto se concreta, Colombia daría un paso para facilitar que la academia investigue sin ataduras comerciales. Para un país que ya regula cultivo y derivados, permitir licencias académicas específicas refuerza un enfoque de salud pública y derechos, donde la evidencia -y no las estrategias punitivas- marque el rumbo de las políticas sobre cannabis medicinal.