El Decreto 1138 de 2025, expedido el 29 de octubre, modifica el marco regulatorio previo y permite por primera vez la dispensación local de flor seca con fines medicinales. La normativa autoriza su venta con prescripción médica tanto para uso humano como veterinario. Hasta ahora, solo se permitían extractos y aceites y la exportación de cannabis sin acceso local. Con el ajuste, el país intenta armonizar la cadena productiva con un mercado interno formal y responder a la demanda de personas que hoy recurren al mercado negro por falta de disponibilidad.
El decreto reconoce la flor como “producto terminado”, lo que habilita su adquisición legal. Invima y el ICA supervisarán la calidad y los controles sanitarios, mientras el Fondo Nacional de Estupefacientes reforzará la fiscalización. La cadena deberá cumplir requisitos de buenas prácticas, identificación de lotes, etiquetado y condiciones de almacenamiento, cuyos detalles operativos quedarán definidos en la reglamentación secundaria que preparen las entidades competentes.
Durante los dos primeros años, el abastecimiento estará reservado a micro, pequeños y medianos cultivadores, como medida transitoria para evitar la concentración del mercado. Además, el Ministerio de Justicia deberá implementar un sistema simplificado de licencias en un plazo máximo de cinco meses. El desafío estará dado por la inclusión real de los productores de menor escala, quienes necesitarán acompañamiento técnico, acceso a financiamiento y rutas claras de cumplimiento para alcanzar los estándares de calidad exigidos.
Organizaciones como ASOCAÑAMO han advertido sobre posibles vacíos en la trazabilidad y articulación entre agencias. Temen que una reglamentación débil retrase su aplicación o beneficie solo a ciertos actores. Analistas del sector señalaron que serán claves la interoperabilidad entre Invima, ICA y el Fondo de Estupefacientes, la transparencia en la asignación de licencias y un esquema de farmacovigilancia que obligue a reportar eventos adversos y resultados en salud. Este decreto podría traducirse en mayor disponibilidad y precios más accesibles para usuarios medicinales, siempre que la prescripción médica esté acompañada de guías clínicas, formación profesional.
Colombia se suma así a los países que han integrado la flor de cannabis en circuitos farmacéuticos regulados, apostando por un enfoque de salud pública. Experiencias comparadas como las de Alemania, Portugal, entre otros, muestran que la claridad en la prescripción, el etiquetado y los mecanismos de control incide directamente en el acceso real y en la confianza de pacientes y profesionales. Si bien la autorización es un paso importante, su impacto dependerá de una implementación efectiva y coordinada, con reglas claras, transparencia y participación de pacientes y cultivadores en la construcción de la reglamentación.
