Para David Filomena, abogado de DeJusticia y uno de los jóvenes que ha estado detrás del litigio para evitar la violación de la ley por parte del Gobierno en el proceso del retorno a la aspersión con glifosato, “el asunto es que el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó en segunda instancia la sentencia, en el entendido de que sólo se podía llevar a cabo la audiencia para continuar con el proceso de regresar a la aspersión con glifosato, hasta tanto se garantizara la participación real y efectiva y de doble vía, es decir que la gente pudiera participar y ser escuchada y se realizaran las consultas previas”.
Según relata Filomena, “una vez el fallo fue confirmatorio, se reunió la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) con la Policía Nacional, y en una sesión de 45 minutos, determinaron que, con un nuevo protocolo, en el cual pasaban la audiencia por el canal público de televisión Canal 13 y hacían 11 puntos presenciales, ya estaban cumpliendo el fallo. Entonces ya habían programado la audiencia, ya habían hecho tres reuniones informativas. Ante eso, organizaciones sociales, los campesinos del municipio de Policarpa y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas presentaron un incidente de desacato, y DeJusticia y Cajar, entre otras organizaciones, presentaron un incidente de cumplimiento ante el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto. En el proceso en primera instancia el juez dijo que efectivamente no estaban cumpliendo y abrió incidente de desacato. Este incidente puede acarrear sanciones administrativas, disciplinarias y de arresto en contra de los funcionarios que incumplieron la tutela, en este caso el subdirector de ANLA”.
Tal y como está la situación ahora, “para que de nuevo se reactive el proceso de fumigación con glifosato, debe pasar por la autorización del juez, es decir garantizar la participación amplia y en doble vía”, añadió David Filomena.
Frente a esta realidad judicial, el Ministro de Defensa Holmes Trujillo sigue con su narrativa oportunista utilizando a las víctimas de las masacres para generar presión mediática en favor de la fumigación. Aunque el Gobierno puede llegar a decretar el estado de Conmoción Interior para lograr sus planes de aspersión, es muy difícil que avance el tema ignorando los derechos de las comunidades y los fallos de las altas cortes, tal y como lo está intentando la ANLA, la policía y el ministro.
