El foro se titula “Unidas por la regulación integral del cannabis” y reúne a ponentes nacionales e internacionales, institucionales y de la sociedad civil para presentar y debatir la propuesta de ley de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común. La sala Ernest Lluch está llena y el evento empieza con puntualidad a las cuatro. La tarde da para mucho: esperanza y desesperación, risas y llantos. Cinco horas después sabremos que lo único seguro es que la regulación del cannabis en España va a tardar en hacerse efectiva. Pero no nos adelantemos y escuchemos lo que unos y otros tienen que decir, empezando por lo políticos.

¿En la vanguardia o en el furgón de cola?

El primero en hablar fue Pablo Echenique, recordó la mayoría social que avala la regulación –49,7 % a favor, 40,9 % en contra, según el CIS–, las libertades individuales, la salud pública, los beneficios económicos y los impuestos. Aludió a los “alrededor de 1500 clubs cannábicos que dan hoy empleo a 7000 personas”, a las ferias, a los bancos de semillas y a la invención de variedades con denominación de origen española que han conquistado el mundo: “Hasta un 40 % de las variedades que se cultivan en el mundo han sido diseñadas en España”, dijo sin pestañear, leyendo en su pantalla un discurso redactado por un asesor al que no le falta optimismo y orgullo patriótico. Echenique se posicionó a favor de una regulación integral que impida que el negocio se quede en manos de grandes multinacionales y facilite el desarrollo de la “España vaciada” y de las zonas que han sufrido la desindustrialización, sirviendo a pequeñas y medianas empresas que encuentren en el cannabis legal una salvación. Y cifró la oportunidad económica que nos estamos perdiendo en “8000 millones euros en volumen de negocio, más de 100.000 empleos y más de 3000 millones de ingresos adicionales al Estado”.

“En 2021, la pregunta ya no es legalización del cannabis sí o no. La pregunta es cómo y cuándo lo vamos a hacer y si vamos a estar en la vanguardia europea o vamos a estar en el furgón de cola”, dijo Echenique, parafraseando a Pablo Iglesias cuando, tres años atrás, en esa misma sala y en unas jornadas similares, se abordó con el beneplácito y la implicación del entonces líder máximo podemita la regulación. Echenique contestó que la respuesta de UP es que tenemos que ser los primeros, que tenemos que estar a la vanguardia, y señaló la brecha que se abría en la representación democrática, al estar la mitad de los españoles a favor de la regulación mientras solo algo más de un veinte por ciento de los diputados apoyó la propuesta de ley presentada semanas antes en el Parlamento por Más País. Efectivamente, a favor de esa propuesta votaron 75 diputados, frente a 253 que lo hicieron en contra. Un desajuste representativo entre la calle y el hemiciclo que Echenique afeó a su socio de coalición, el Partido Socialista: “Solo falta el PSOE para configurar en el Congreso la mayoría parlamentaria que allá fuera ya es mayoría social. Si los 120 escaños del PSOE votan como piensa la mayoría de sus votantes tendremos ya una mayoría de 195 escaños para regular el uso del cannabis”. El portavoz del grupo parlamentario confederal de UP-ECP-GC terminó dirigiéndose al presidente: “Estoy seguro de que si el presidente Pedro Sánchez llama a su homólogo alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz le puede dar muchos argumentos de por qué esto es una muy buena idea”.

En el discurso de Echenique ya estaban casi todas las razones que, de una manera o de otra se iban a repetir en las siguientes cinco horas a favor de la regulación. Juantxo López Uralde, coordinador de Alianza Verde integrada en Unidas Podemos, tomó el relevo leyendo una ponencia donde hablaba de Luxemburgo y Alemania, y subrayaba que la regulación había sido una iniciativa liderada en Europa por los partidos verdes. Laura López, diputada por Girona, también del grupo confederal UP-ECP-GC, recordó que una regulación ayudaba a la promoción de la salud y la reducción de riesgos intrínsecos y extrínsecos al consumo, y abundó en el compromiso con la realidad social manifestándose en contra de los “oligopolios farmacéuticos caducos” y a favor del desarrollo sostenible. El diputado por Sevilla Miguel Bustamante, recordó la lucha pionera de su partido, Izquierda Unida, por la regulación, tantas veces en minoría frente al prohibicionismo desde los años ochenta, y se alegró de que ahora la postura antiprohibicionista fuera cada vez más secundada, como demostraba la iniciativa reguladora del próximo gobierno alemán. “Apostamos por un sistema de producción pública, ecológica y anclada en el territorio, como oportunidad para la España vaciada” dijo, antes de pedir reparación para las víctimas del narcotráfico y mecanismos para combatir la criminalización por el consumo que suele recaer en personas vulnerables y colectivos excluidos.

Antón Gómez-Reino Varela, diputado por Coruña, empezó valorando al público asistente, por saber más sobre este tema que los políticos, y destacando que, en los cinco años que llevaban confluyendo en las instituciones, pocas iniciativas habían contado con tanta asistencia. A diferencia de los anteriores, Gómez-Reino hablaba sin leer y se prodigaba en alabanzas jabonosas hacia el respetable: que si los legisladores necesitamos de vuestras propuestas, vuestras críticas y vuestras experiencias, etc. Apuntó que había que ser inteligentes desde el punto de vista comunicativo, dado que el tema se prestaba a ser ridiculizado, y puso como ejemplo el cuidado en el vestir: “Hace tiempo que no me pongo una chaqueta, pero hoy, por esto, he decidido ponérmela”, dijo con la sonrisa de traer los deberes hechos. Entre otras obviedades señaló lo que ya sabemos y tantas veces olvidamos, que solo la movilización de la sociedad civil permitirá sacar adelante iniciativas como esta. Entonces le tocó el turno a Lucía Muñoz Dalda, la diputada por Baleares al que el gallego, subrayando su juventud (28 años) y su condición de mujer, presentó como la valiente organizadora de la jornada. “Para mí este es un día muy emocionante”, comenzó Muñoz Dalda antes de dar las gracias a todo el mundo y resumir lo dicho hasta ese momento. “El debate ya no es si regulamos o no, sino si lo hacemos antes o después que Alemania”.

Así terminó la primera mesa, en la que con más o menos pasión los políticos de la confederación de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común demostraron haberse aprendido los argumentos en favor de la regulación o, al menos, saber leer con diligencia sus apuntes. El carácter monótono que tuvieron las intervenciones no creo que fuera achacable a la falta de convencimiento de los oradores, sino más bien a la falta de brillantez política de estos tiempos, algo sin duda llamativo para los que no solemos frecuentar el Congreso.

Ampliar el marco

Bajo el título genérico de “¿Es posible regular el cannabis?” se desarrolló la segunda mesa de la tarde. Constanza Sánchez Avilés, directora de ley, política y derechos humanos de la Fundación International Center for Ethnobotanical Education, Research & Service (ICEERS), empezó valorando los tres años transcurridos –“puede ser mucho tiempo o poco, dependiendo de en qué nos fijemos”– desde que en octubre de 2018 en esta misma sala se reuniera su equipo con Podemos con el objetivo de elaborar una proposición de ley sobre regulación, “un borrador que es la prehistoria de esta propuesta”. Constanza Sánchez hizo un repaso del contexto nacional e internacional. Habló de Luxemburgo, de Francia y de Malta, del interés que suscitan en algunos de los países el modelo de las asociaciones cannábicas españolas, y comentó la “noticia del siglo”, la decisión del gobierno de coalición alemán de regular. “Demandada hace tiempo por el partido liberal y los verdes, y a la que se ha sumado el partido socialista por presión de sus organizaciones juveniles, la iniciativa alemana plantea la regulación desde el convencimiento de que criminalizar a los usuarios no es nunca la manera y lo hace con el compromiso de revisar su implementación cuatro años después para subsanar posibles errores”, resumió.

Mientras tanto, en España, siguió Constanza Sánchez, nunca hemos tenido unas circunstancias tan oportunas como las de ahora: hay una opinión pública favorable; contamos con la experiencia de haber puesto en práctica desde la sociedad civil distintas formas de acceso al cannabis; en el debate mediático el tema ocupa un espacio insólito, con argumentos detallados y una fineza en el análisis que no se habían visto hasta ahora; y coinciden unas condiciones que le dan a la cuestión un protagonismo político amplio, como son que el partido que está impulsando esta iniciativa es un partido de la coalición de gobierno, que se ha creado una subcomisión de cannabis medicinal y que son tres las iniciativas de regulación que han llegado al Parlamento.

Sin embargo, para la politóloga, es necesario ampliar el marco, no hablar solo de leyes o de usuarios: “Cuando hablamos de regular el cannabis hablamos de mucho más que de políticas de drogas, estamos hablando de un cambio cultural. El prohibicionismo es una realidad muy profunda y regular el cannabis es una oportunidad para facilitar el cambio de paradigma. No se puede hablar solo de mercados cuando se están produciendo violaciones de derechos humanos y se dan dinámicas de desigualdad muy fuertes. Hay que hablar de justicia social; si hablamos de cannabis hay que hablar, por ejemplo, de lo que está pasando ahora en Cádiz”.

El abogado Carlos Brito Siso, profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, continuó dando una respuesta legal a la pregunta de si era posible regular el cannabis, una sustancia fiscalizada por tratados internacionales. La respuesta como es sabido era que sí, que es posible, que con voluntad política se puede conseguir un encaje legal y que ahí están, para demostrarlo, las soluciones encontradas por países como Canadá o el Uruguay.

¿Cómo se ha regulado allí donde se ha hecho?

Sobre la regulación en otros países trató la tercera mesa de la tarde, moderada por el diputado Txema Guijarro y la participación de Augusto Vitale, expresidente del Instituto de Regulación de Control de Cannabis de Uruguay (IRCCA), Chloe Grossman, directora de crecimiento corporativo en Trulieve y presentada como especialista en políticas y procesos regulatorios de EE UU, y Santiago Ongay, CEO de Sabia LLC y experto en procesos regulatorios en América del Norte. No aportaron mucho estas intervenciones, quizás porque la elección de los ponentes no estuvo a la altura. Augusto Vitale ha venido en numerosas ocasiones y su discurso no supuso ninguna novedad y los otros dos ponentes son desconocidos y figuras de tercera fila, más vinculadas a la industria que a los movimientos sociales.

Me hubiera gustado ver, por ejemplo, a la mexicana Zara Snapp o al estadounidense Ethan Nadelmann, reconocidas y carismáticas personalidades que podrían haber suscitado un mayor interés en los medios de comunicación generalistas. Porque si uno de los objetivos de estas jornadas era mantener vivo el debate en la opinión pública, la elección de estos ponentes no ayudó en absoluto. No es que lo hicieran mal, dieron una visión ponderada de lo ocurrido en Uruguay, EE UU y Canadá, pero no eran los idóneos para transmitir la importancia internacional de la regulación.

La propuesta de regulación de UP

La tercera mesa abordó la propuesta de ley sobre regulación presentada por Unidas Podemos. La descripción pormenorizada de la propuesta recayó en el abogado Bernardo Soriano, reconocido por la maestra de ceremonias Lucía Muñoz Dalda como el asesor artífice de dicha propuesta. Soriano, a velocidad supersónica, resumió en veinte minutos los puntos fuertes de la ley: la convivencia entre la autogestión del autocultivo y los clubes y la parte comercial y empresarial; los tipos de licencias; los sistemas de control; la búsqueda de una solución para el cultivo de cáñamo industrial que zanje los problemas derivados del carácter restrictivo de la agencia del medicamento; la posibilidad de seguir usando genéticas de cannabis aunque no estén registradas en origen; la adaptación de las distintas asociaciones a la nueva legislación, diferenciando entre clubes licenciados y cooperativos; los puntos de venta de cannabis y de semillas; las cantidades permitidas; la inclusión de cooperativas que permitan integrar a los pequeños productores, como se hace en Andalucía con el aceite de oliva; el tratamiento de las extracciones con solvente; los controles de calidad; la investigación, desarrollo e innovación sobre la planta…

            La prohibición de consumir en la vía pública, que no está incluida en las otras dos propuestas de ley, la de Esquerra y la de Más País, la justificó Soriano en la dificultad de convencer de lo contrario al PSOE, cuando se están aplicando políticas de desnormalización del consumo de tabaco y alcohol en la calle. En vez del consumo en la calle se propone como alternativa habilitar lugares donde se pueda consumir, además de los clubes sociales, por ejemplo, en establecimientos de ocio en los que se podría destinar hasta un 25 % de su espacio. También habló Soriano de cómo se había establecido un sistema de licencias de distribución a favor del desarrollo de la España despoblada y cómo la propuesta de ley establece el desarrollo sostenible de una industria que vigile la huella de carbono que deja y cumpla con la agenda 2030.

            A continuación, el abogado de Izquierda Unida Juan Moreno Redondo, asesor de UP, centró su intervención en las modificaciones que había logrado introducir su grupo en la ley Mordaza, reduciendo la sanción de grave a leve en el caso del consumo y la tenencia de cannabis en la vía pública –de 600 a 100 euros–. Una negociación que sigue abierta y en la que tratarán también de que se retire la sanción establecida en 2015 a las plantas psicoactivas expuestas en balcones y ventanas. “El PSOE va avanzando pasito a pasito y lo de Alemania va a ser un impulso”, dijo antes de hacer una comparación sangrante con el país germano: en España en 2018 se impusieron 300.000 sanciones por tenencia mientras que, en Alemania, con el doble de población, fueron 180.000. “Somos el país con la policía más predispuesta a perseguir a los consumidores”, concluyó Moreno Redondo, cuya intervención, pese a ofrecer información valiosa para los asistentes, resultó prescindible.

Los colectivos cannábicos se pronuncian

La última de las mesas estaba compuesta por organizaciones cannábicas partidarias de la regulación. Lucía Muñoz Dalda fue dando la palabra. En primer lugar, a Ignacio Latorre del Círculo Sectorial Cannábico de Unidas Podemos, quien leyó un pesado texto recordando los méritos de su colectivo. Es verdad que después de casi cuatro horas, la paciencia del personal corría en contra de la lectura de discursos en tono monocorde, pero ¿era acaso el momento de celebrar la victoria o ponerse medallas? No solo fue su caso, unas jornadas realizadas en una sala del Congreso propiciaba la confusión de pensar que la regulación era ya una cosa hecha.

La segunda en intervenir, también leyendo sus apuntes pero con refrescante vehemencia, fue Patty Amiguet, presidenta de la Confederación de Asociaciones Cannábicas (ConFAC), quien no escatimó críticas a la propuesta de ley. Comenzó con un recorrido sobre la historia y virtudes de las asociaciones sociales de cannabis, reconocidas internacionalmente, distinguiendo las asociaciones autogestionadas y sin ánimo de lucro de otras asociaciones concebidas como negocios encubiertos. “La avaricia de algunos rompió el saco de casi todos”, dijo, y lamentó que las asociaciones fieles al espíritu cooperativo no encontraban reconocidas sus peticiones en la ley propuesta: “Vemos como se nos transforma y se nos exige unos requisitos prácticamente inalcanzables, que potencian a corto y medio plazo un sistema mercantilista que acorrala a los modelos sin ánimo de lucro, que son los garantes de una regulación que ponga por delante los derechos de las personas usuarias y su salud”.

            Patty Amiguet cuestionó directamente el concepto de asociaciones licenciadas que aparece en la propuesta de UP: “No son asociaciones, son empresas con una licencia que, obtenida mediante el pago de unos impuestos establecidos y asociados a una empresa, les permite llevar a cabo la misma actividad que una asociación cooperativa, pero con la mitad de la mitad de los controles y exigencias que se les exigen a estas”.

            La intervención de la presidenta de la ConFAC, de las más aplaudidas, sirvió para romper la ilusión de consenso y mostrar la realidad de un debate que no ha concluido y que para llegar a buen término debería dar voz a todos los implicados. Es cierto que el movimiento cannábico está muy fragmentado y hay intereses contrapuestos que no ayudan a tener una voz de consenso ante las instancias políticas, pero también es cierto que la manera en la que se han formalizado las tres propuestas de ley no ha sido transparente ni ha partido de una consulta amplia a las distintas organizaciones. En este sentido, Noemí Sánchez, en su intervención como presidenta del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC), se quejó de haberse enterado esa misma tarde de quién estaba detrás de la propuesta de ley, refiriéndose sin decirlo al abogado Bernardo Soriano. Una queja que, todo hay que decirlo, sorprendió a muchos, pues también es sabido que fue el OECCC la principal influencia de la propuesta de ley de Más País.

Fermín Les, representante del partido político cannábico RCN-Luz Verde, explicó con sentido del humor el carácter coyuntural con el que nació su agrupación: “pensamos que si había un partido para perros podía haber un partido de porros. Somos el partido yogurt, con fecha de caducidad. Porque queremos desaparecer, nosotros nos queremos dedicar al cannabis, no a la política”. Y pasó a enumerar los casos más recientes de persecución de activistas y profesionales del sector –como la intervención del banco de semillas Dinafem, la situación de los cultivadores de CBD o la condena a Fernanda de la Figuera, presente entre el público–, concluyendo con la necesidad de buscar los puntos de unión y alumbrar una ley que nos proteja: “El vacío legal en el que nos hemos movido ya no vale, hace falta una ley”. Reivindicó ensanchar la democracia, reforzando las libertades y la justicia social, y estableció un primer objetivo común, arrastrar al PSOE a la legalización, señalando las contradicciones de un partido que en el ámbito autonómico vota que sí a la regulación mientras que en Madrid vota que no. Fermín Les recordó a los que no estaban y leyó una carta de los condenados Albert Tió y Víctor Segués, expresidente y extesorero de la asociación AIRAM, donde denunciaban la represión al sector cannábico y la inmovilidad del Gobierno al respecto: “Aquí seguimos, esperando un indulto que no llega”. Para terminar, el representante del RCN-Luz Verde pidió a Muñoz Dalda que Podemos cambiara su lema por: “Frente al fascismo, cannabis democrático”.

En nombre de Regulación Responsable, Joseba del Valle cerró la ronda de intervenciones con un recorrido veloz de lo conseguido en las dos últimas décadas, subrayando el logro y la madurez de un movimiento que ha pasado de luchar en casas okupadas a verse en la sede de la soberanía popular, con numerosos políticos convencidos de la conveniencia de regular y un partido en el gobierno de coalición que ha recogido el guante. El progreso experimentado por un sector que se ha profesionalizado en pocos años no ha sido reconocido jurídicamente y ese desajuste es el que la ley tiene que solucionar. Para Joseba del Valle, teniendo en cuenta que el cannabis es una cuestión poliédrica y difícil de abordar de manera integral, la propuesta de Podemos es muy completa. Aunque tiene muchos aspectos que mejorar, “entendemos que la sociedad mercantil y globalizada en la que vivimos nos obliga a aceptar cuestiones que hace años no formaban parte de nuestras prioridades”.

Desde la fila cero

El abogado Bernardo Soriano tomó entonces la palabra desde su lugar en la bancada para ir dando la palabra a las doce organizaciones que estaban repartidas en la fila cero. Eran ya casi las nueve de la noche y el cansancio no daba para mucho más. Los tres minutos de los que disponía cada organización presente fueron pasando veloces, mostrando la variedad del mundo cannábico español: desde un hub que vinculaba a empresas con la universidad en la búsqueda de desarrollo e innovación, pasando por el Polo Tecnológico del Cáñamo desarrollado por la CTAEX en Extremadura. O una nueva asociación que reúne al gremio de la industria del cannabis, representada por David Saolina, empresario al cargo de la tienda online Alchimia, quien se quejó de la terrible situación que, después de más de 25 años de desarrollo, está sufriendo un sector productivo al que se le niega el acceso a servicios bancarios y soporta una estigmatización en los medios de comunicación. “Hasta una de las propuestas de regulación nos ha omitido”, dijo refiriéndose sin nombrar a la defendida por Esquerra Republicana de Catalunya. Cuando hasta se cuestiona la legalidad de las semillas de cannabis, no se puede ocultar que estamos, a decir de Saolina en “el peor escenario posible: un sector en expansión sin seguridad jurídica”. Con el objetivo de autorregularse, hacer un frente común y tener voz se había constituido esta asociación del gremio: “Nos postulamos como uno de los actores más importantes a tener en cuenta en esta nueva ley del cannabis”, concluyó Saolina.

            Itxiar Oregón Rebollo, de la Federación de Asociaciones Cannábicas de Euskadi (EusFAC), expresó el sentir general de que “nos sentimos muy solos” al estar “muchos de los clubes encausados de una forma u otra”, y pidió que, mientras se regula o no, dejen de perseguir a las asociaciones. Pedro Pérez, presidente de Le Santa, uno de los clubs más hostigados por la policía de Madrid, representando en esta ocasión a la Federación Madrileña MadFAC, fue el más breve: “Llevamos mucho tiempo en esta travesía, el rumbo es firme, el viento ahora mismo sopla a nuestro favor y, aunque la mar esta algo picada, llegaremos a nuestro destino”.

La presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM)y de la asociación DosEmociones, Carola Pérez, “una de las personas que más está empujando la regulación del cannabis medicinal a nivel técnico y comunicativo”, según la presentó Bernardo Soriano, empleó sus tres minutos en responder a las críticas y aclarar algunos malentendidos: “Desde el Observatorio de Cannabis Medicinal estamos a favor de una regulación integral y a favor del autocultivo. Y estamos algo cansados de que se nos acose y se nos insulte”. Refiriéndose a las dificultades de sacar adelante una regulación del cannabis medicinal, afirmó que “hemos tomado lo poco que podíamos tomar” y que no se está haciendo “lo que nosotros queremos”: “Nuestra carta a los Reyes Magos ha sido muy larga pero, de quince cosas que hemos pedido, solo nos han traído una. Así que seguiremos trabajando para que la subcomisión medicinal salga delante de la manera más justa posible”. Las críticas no fueron solo hacia los políticos, Carola Pérez habló de la sensación de soledad y de las pullas recibidas dentro del propio movimiento cannábico: “nos sentimos muy devastadas y muy cansadas, porque se habla de unidad, pero lo único que se hace aquí es cotillear a las espaldas. Aparte del dolor que ya tenemos hay cosas que duelen bastante”. Acabó dando las gracias y anunciando la despedida del OECM: “El Observatorio también nació para morir y en cuanto acabe esta subcomisión vamos a cerrar el chiringuito y descansar, que yo creo que ya está bien”.

El perito agrónomo Xaquín Acosta resaltó el activismo de los compañeros de su gremio que habían tenido que vivir su pasión hacia la planta en la clandestinidad, y la importancia de la persistencia y la cooperación: “lo más potente del cannabis es su efecto séquito. Somos una sociedad full spectrum y todos tenemos que estar representados aquí”. Maite Paiezurdo, en representación de la Red de Mujeres Antiprohibicionistas (REMA), habló de hacer una ley feminista, agradeciendo de entrada que la igualdad de género sea uno de los principios rectores de la propuesta de Podemos y de que “se haya recogido el objetivo principal de nuestro colectivo, que es la lucha contra la cosificación de las mujeres y la utilización machista de nuestros cuerpos para la publicidad del cannabis y sus productos derivados”. Ante la atenta mirada de la diputada Lucía Muñoz Dalda, probablemente la única política que quedaba presente en la sala, Maite Paiezurdo fue desgranando una serie de observaciones para la futura ley, como la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la investigación biomédica y sanitaria, eliminar la brecha salarial en el mercado del cannabis o favorecer el empleo de las mujeres en la España rural, estableciendo un cupo de licencias para promover cooperativas agrofeministas, “para las mujeres que, como se sabe, tienen una sensibilidad especial con la planta”.

Ana Afuera, portavoz de la Coalición Europea para Políticas de Drogas Justas y Efectivas (ENCOD), alertó acerca de que la falta de control del beneficio económico podía dar lugar a que las mafias se infiltraran en el nuevo sistema legal y planteó tomar los clubs sociales de cannabis como eje de una regulación que trabaje bajo demanda y que ponga a las personas usuarias en el centro. Gabriela Sierra de la FEDE (Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas) lamentó la escandalosa situación represiva que estamos viviendo y la necesidad de aprovechar la oportunidad de ponernos al día en la reforma de políticas de drogas y en la democracia. Mencionó a Albert Tió y Víctor Segué: “Tenemos presos simplemente por pertenecer a clubs cannábicos, y tenemos que luchar por conseguir que se los indulte”.

Con fuerza y voz grave, Sergio González, de CSC Zaragoza Se Planta, expresó la indignación de tanta demora: “Ya no podemos más, viendo como en Estados Unidos, en Canadá, ahora en Alemania, se preparan para un sector de presente y de futuro, que nosotros ya tenemos desarrollado, y que sólo necesitamos plasmar en reglamentos para ser una referencia a nivel mundial”. “Se acabó el permitir que traten a los usuarios de cannabis como personas adormecidas y amodorradas”, pidió a la concurrencia –que algo adormecida después de tantas horas sí que estaba– antes de reclamar a Unidas Podemos que saquen esta ley adelante pues supone “una gran oportunidad para estar orgullosos de ser Españoles del siglo XXI”. Iker Val, de Fundación Renovatio, fue el encargado de cerrar las intervenciones de la fila cero hablando de unión frente al “terraplanismo cannábico” del PSOE y “una democracia muy enferma”.

Una última pregunta

Tras años de clandestinidad y estigma, la posibilidad de estar en el Congreso hablando de leyes produce una placentera sensación de reconocimiento que puede dar lugar a engaño. Hay motivos para el entusiasmo y, aunque no fueron pocas las críticas hacia el borrador de la propuesta de ley de Unidas Podemos, la impresión generalizada era que la regulación ya estaba en marcha, que estábamos allí para afinar detalles y que, en breve, como en Alemania, tendríamos nuestra ley al gusto de casi todos. Sin embargo, la misma Lucía Muñoz Dalda, la joven diputada balear puesta al cargo de este tema por su partido, puso las cosas en su sitio contestando a una última pregunta de este que escribe. La pregunta era acerca de cuándo se iba a debatir la propuesta de ley y, en función de la relación de fuerzas y la influencia que sobre el PSOE podría tener la regulación alemana, cuándo creía ella que la regulación sería una realidad en España.

Lucía Muñoz Dalda dijo ser optimista, pero aclaró que el debate sobre la ley como pronto sería en el segundo semestre de 2022. Unidas Podemos tiene acordado un cupo en el gobierno de coalición para no presentar más de dos propuestas de ley al año: la primera será para la creación de una empresa pública de energía y, la segunda, si no surge otra prioridad, podría ser la propuesta para la regulación del cannabis. “Tenemos margen suficiente para recoger todas esas aportaciones que nos habéis hecho, y para hablar con los grupos con los que construir una mayoría parlamentaria”, un reto que obliga a trabajar, según Muñoz Dalda, muy intensamente “si queremos conseguir que, una vez tomada en consideración, la tramitación parlamentaria de la ley sea rápida”, pues “una de las trampas para retrasar la toma de decisiones, como ha pasado con la Ley Mordaza, es ampliar una y otra vez los plazos de enmiendas”. “Tenemos medio año para construir esa mayoría social y parlamentaria”, y si la ley no sale adelante en esta legislatura o en la siguiente, “hay que persistir”. La diputada citó la Ley de Protección de la Infancia que ha tardado diez años, como ejemplo de lo que cuesta avanzar.

Después de estas jornadas, aseguró Muñoz Dalda, seguirán las reuniones y encuentros con los colectivos cannábicos para mejorar la ley. Explicó que, por una cuestión de oportunidad política, las consultas a las organizaciones civiles no se hubieran hecho antes de registrar la propuesta: “Ya se habían registrado dos leyes y se nos estaba pasando el tiempo para registrar la nuestra, lo que retrasaba aún más la posibilidad de que se debatiera”. Dijo entender las críticas: “Sé cuál ha sido la metodología de trabajo, pero a veces no decides tú los pasos a dar y los tiempos, que son tan importantes en política, muchas veces te vienen impuestos cuando eres una fuerza política modesta”. Valoró con sorpresa la acogida de los medios de comunicación: “yo esperaba muchísimos más ataques y no los está habiendo, lo que significa que hay una mayoría popular a favor de la regulación”, y volvió a recalcar la necesidad “de poner encima de la mesa que esta mayoría popular no se está traduciendo en un consenso político necesario para llevar esto a cabo”. Terminó animando a las organizaciones a seguir trabajando en mejorar la ley y, sobre todo, en “hacer un ejercicio muy grande comunicativo que retrate la realidad social, y mucha pedagogía para que no se caricaturice a este sector, porque este es el gran problema que tenemos”.

No hay duda de que estas jornadas han sido un paso adelante, lo que es más difícil de saber es lo cerca o lejos que estamos de la regulación. A la salida, entre tonificantes vaharadas de humo cannábico, la concurrencia no sabía bien qué pensar. Difícilmente la regulación saldrá adelante al final de esta legislatura, por mucha mayoría popular que haya, el cannabis sigue siendo un asunto espinoso cuyo uso electoralista no parece ser de provecho a los partidos mayoritarios, que son los que ganan las elecciones. Y habrá que ver quién gana las siguientes. Los más críticos lamentaban que estas jornadas no se hubieran hecho con Más País y ERC, estableciendo un frente común parlamentario por la regulación, o que no se hubiera contado con un plantel más variado que incluyera a personalidades cercanas al PSOE, con médicos y expertos en adicciones que desde fuera del ámbito cannábico señalaran las ventajas de la regulación para la prevención y control de daños. Los optimistas más realistas señalaban la influencia alemana, la esperanza de que el progreso venga como tantas veces en este país importado del resto de Europa. Los más ácratas maldecían que la regulación se hubiese quedado atrapada en la agenda de los políticos, y aventuraban que mejor nos habría ido luchando en la calle, reuniendo en una gran manifestación a cientos de miles, con los enfermos en primera fila, e imaginativas acciones que convirtieran la regulación en una prioridad política inaplazable.

La grabación completa de las jornadas puede verse aquí.