La intervención más reciente se produjo en Negueira de Muñiz, Lugo, donde los agentes localizaron 243 plantas repartidas en tres puntos del terreno, con sistemas de riego y ejemplares que alcanzaban los tres metros de altura. El operativo se desarrolló el 20 de agosto y la investigación continuaba abierta cuando la Guardia Civil informó del caso dos días después.

En Casasimarro, Cuenca, la actuación se originó durante una inspección de establecimientos de hostelería realizada en julio. En el patio contiguo a un bar fueron localizadas 55 plantas de cannabis y herramientas para su cuidado. Dos hombres, de 60 y 37 años, quedaron investigados por un presunto delito contra la salud pública. La información se hizo pública el 18 de agosto.

Un día antes se había conocido el caso de Burriana, Castellón. Allí, la Guardia Civil desmanteló un cultivo interior instalado en un establecimiento de compraventa de objetos usados. Los agentes intervinieron 141 plantas en avanzado estado de floración y una infraestructura de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental. Un hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Sumar las plantas ofrece una fotografía llamativa, pero no convierte los tres procedimientos en casos comparables. Un cultivo exterior, uno en un patio y una instalación interior tecnificada pueden tener rendimientos y finalidades muy diferentes. Tampoco el número de plantas determina por sí solo que exista tráfico. Como mostró recientemente el archivo de un caso de autocultivo en Huesca, los tribunales valoran el destino de la sustancia y otros indicios antes de sostener una acusación penal.

La intervención de Burriana también recuerda otra dimensión de los cultivos clandestinos de interior: la infraestructura eléctrica. Una reforma reciente endureció las penas por defraudación de electricidad cuando los enganches ilegales abastecen instalaciones vinculadas al cultivo, elaboración o tráfico de sustancias fiscalizadas.

Los tres episodios muestran, en escalas y espacios distintos, una consecuencia estable del marco prohibicionista: la producción se desplaza a ámbitos clandestinos y la respuesta llega después mediante vigilancia, decomisos e investigaciones penales. Las 439 plantas intervenidas permiten contar tres sucesos; juntas, también retratan la persistencia de un mercado que opera fuera de cualquier regulación.