La historia comenzó en marzo de 2023, cuando los Mossos d’Esquadra interceptaron un paquete de 30 kilos que Anna y Albert habían enviado como muestra comercial. Según la documentación judicial consultada por EFE, el procedimiento derivó en la inmovilización de la cosecha almacenada por la empresa que ambos habían creado un año antes para trabajar con fibras textiles, semillas, flores y otros productos vegetales.

Los agricultores habían sembrado 40.000 semillas de Cannabis sativa en algo más de cuatro hectáreas de Juneda. La producción quedó bajo control judicial hasta mayo de 2025, en un contexto donde el cáñamo industrial prácticamente ha desaparecido de Cataluña, pese a los proyectos que intentan reconstruir su cadena productiva.

Un informe del Instituto Nacional de Toxicología, emitido en octubre de 2024, analizó 29 muestras de cogollos y ramas y situó su contenido máximo de THC en el 0,2 %. Con ese antecedente, el juzgado archivó la causa el 28 de mayo de 2025, de acuerdo con la Fiscalía, tras concluir que las sustancias intervenidas no podían considerarse estupefacientes.

El caso, sin embargo, no puede reducirse a una sola cifra. La normativa europea utiliza el 0,3 % de THC como condición para determinadas superficies de cáñamo dentro de la Política Agrícola Común, pero ese umbral agrícola no funciona automáticamente como frontera penal. En España, una nota del Ministerio de Agricultura sostiene que el cultivo sin autorización previa de la AEMPS debe destinarse exclusivamente a fibra, grano o semilla, mientras que las sumidades floridas quedan sometidas a un régimen distinto.

EFE señala que la empresa también contemplaba el comercio de flores, aunque no precisa qué autorizaciones concretas tenía para esa actividad. Esa falta de claridad ayuda a entender por qué iniciativas como HEMPVALUE buscan ordenar la cadena ibérica del cáñamo y por qué el reconocimiento de la flor de cáñamo como producto agrícola sigue siendo una demanda del sector.

La reclamación presentada ante el Ministerio de Justicia cifra los perjuicios en 1.063.951 euros. Según el abogado de la pareja, la cosecha fue devuelta deteriorada por hongos, moho y otros contaminantes; además, la inmovilización habría frustrado contratos y dañado la reputación de la empresa. La cantidad reclamada todavía no ha sido reconocida ni concedida por el Estado.

Más que una simple confusión entre dos plantas parecidas, el expediente muestra el coste de una regulación fragmentada y cómo una causa puede cerrarse en los tribunales y, aun así, dejar en el campo una cosecha perdida y a dos agricultores cargando con sus consecuencias.