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En Cataluña, el cáñamo industrial se extingue

El cáñamo industrial, legal pero estigmatizado, ha dejado de ser una opción viable. En un clima de persecución institucional, judicialización y miedo, muchos pequeños agricultores han optado por abandonar este cultivo.

En 2019, Cataluña contaba con más de 200 hectáreas de cáñamo industrial registradas oficialmente. Para 2022, esa superficie había caído a solo 9 hectáreas, y en 2023 no se declaró ni una sola. El retroceso no obedece a razones técnicas ni de mercado, sino la presión legal y política: acoso policial, instrucciones fiscales ambiguas y una ausencia total de protección institucional.

Raquel y Bernat Pellisa apostaron por este cultivo con todos los requisitos legales: trazabilidad, analíticas periódicas y comunicación con las autoridades. Según relatan, aun así sufrieron robos, intervención policial y acusaciones por narcotráfico.

Tal como expone El País, en abril de 2021 la Fiscalía General del Estado emitió una instrucción que ordena considerar como droga las flores del cáñamo industrial, independientemente de su contenido en THC o capacidad psicoactiva. Esta interpretación jurídica, junto con la instrucción interna a los laboratorios de no medir los niveles de THC – clave para probar la legalidad del cultivo –, abrió la puerta a una persecución sistemática de agricultores que operaban dentro de la legalidad.

El abogado Martí Cànaves, especializado en el sector, denuncia que actualmente se continúan abriendo procesos contra agricultores como el caso Bernat Pellisa, quien se vio obligado a desechar 400 kilos de flor sin encontrar compradores y, pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2020 que avala la comercialización del CBD, las autoridades españolas han optado por ignorar su aplicación en el ámbito productivo.

El aumento de los asaltos, motivado por la confusión entre cáñamo y marihuana, contribuyó a aumentar más el estigma. La falta de claridad legal disuadió a agricultores, mientras las grandes empresas se posicionan para dominar un sector que prometía desarrollo rural, sostenibilidad y empleo.

Este caso refleja cómo un enfoque basado en la criminalización hacia cualquier actividad relacionada con el cannabis, incluso en sus formas no psicoactivas, lejos de proteger, destruye iniciativas que, como el cáñamo industrial, podría haber revitalizado el campo, queda relegado a un cultivo inviable.

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