Un agente de la Guardia Civil del municipio de Sant Mateu (Castellón) ha sido condenado por la sala de lo militar del Tribunal Supremo a cumplir una condena de un año y dos meses de cárcel, a pagar una multa de 16.000 euros y ha sido expulsado del cuerpo de la benemérita. El policía ha sido condenado por participar en una red de cultivo y venta de cannabis ilegal en Castellón que fue intervenida en 2013.

Antes de la sentencia del Supremo el agente había sido condenado por el Juzgado de lo Penal nº1 de Vinaròs y luego por la Audiencia Provincial de Castellón. No obstante el agente consideró que la condena a ser expulsado del cuerpo de la Guardia Civil era desproporcionada y decidió presentar un recurso al Supremo para pedir que en su lugar se le suspendiera durante seis meses. Sus argumentos: que el cannabis es una sustancia que no causa grave daño a la salud y su “desempeño meritorio” en la Guardia Civil.

La sentencia del Supremo ha desestimado el recurso aludiendo que “resulta palmario que un servidor público que forma parte de una institución armada entre cuyas misiones se encuentra, precisamente, la persecución del delito no puede mostrar una tacha cual la descrita, que supone un desdoro incompatible con su condición de miembro de la Guardia Civil”.

La investigación que acabó con la detención del Guardia Civil fue llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga, y descubrió que además del agente otras dos personas estaban implicadas en la producción y venta de cannabis. En el registro de una nave industrial de Benicarló la policía encontró 110 macetas con plantas de marihuana y 2,75 kilos de cogollos, según publicó recientemente el diario Levante.