Ayer, 31 de enero, se cumplieron quince años de la desaparición de Luciano Arruga por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, en Argentina: un caso que inició por la persecución al uso de cannabis. El joven tenía 16 años y es uno de los casos más emblemáticos del mundo que retratan por qué las leyes de drogas son una herramienta de violencia institucional. Su cuerpo sin vida fue encontrado en 2014, cuando apareció enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de casi seis años en los que su familia lo buscara con desesperación. Los autores del delito aún no fueron condenados.

El caso. Arruga vivía en la localidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los lugares más vulnerables de la Argentina. El joven trabajaba para una fundidora de metales, juntaba cartones y por las noches estudiaba en un colegio secundario. Su sueño era ser sociólogo. Pero como todo adolescente también le gustaba experimentar y el cannabis era una sustancia que consumía algunas veces con sus amigos. Hasta que una noche de septiembre que volvía a su casa, en el barrio 12 de octubre, fue interceptado por la policía. Los efectivos se lo llevaron a un destacamento en Lomas del Mirador donde fue torturado. Según le ha contado su hermana, Vanesa Orieta, a este periodista, el motivo de la detención fue porque le habían encontrado una chusta (tuca, como se dice en su país) en los bolsillos.

Durante los meses siguientes, los policías bonaerenses hostigaron al joven. Según el expediente judicial, la familia de Arruga sostiene que los efectivos pretendían que él robase para ellos con la seguridad que les liberaría la zona para cometer el delito. Arruga se negó constantemente. Y el 31 de enero de 2009, cuando los policías continuaban persiguiéndolo, el joven escapó corriendo y fue atropellado por un coche en la intersección de las avenidas Mosconi y General Paz. Los policías tomaron el cuerpo y lo enterraron en el Cementerio de la Chacarita, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Este hecho recién se conoció el 17 de octubre de 2014, cuando su cuerpo fue encontrado tras casi seis años de desaparición. 

“En los barrios, la policía se lleva detenidos a los pibes porque les encontraron un porrito en el bolsillo. Ahí comienza la relación que se da entre los jóvenes de un barrio humilde y la policía”, contó la hermana Vanesa Orieta, en una de las manifestaciones que se realizaban cuando Arruga aún seguía desaparecido. “Los tienen detenidos un par de horas, los golpean y les la piden plata que puedan tener para no armarles una causa judicial. Muchos chicos terminan robando para la policía que es la que maneja todos los expendios de la droga”, dijo. 

Orieta fue la principal persona que reclamó justicia por el delito cometido contra su hermano. Al día de hoy, solamente fue condenado a diez años de prisión el ex policía bonaerense Julio Torales por las torturas efectuadas a Arruga en el destacamento de Lomas del Mirador. Sin embargo, el caso de su desaparición aún sigue impune. 

Los principales acusados son los subtenientes Daniel Vázquez y Oscar Fecter; los subcomisarios Néstor Díaz y Ariel Herrera; los oficiales Martín Monte, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz. En 2010, el fiscal Carlos Stornelli los quitó de su cargo, pero fueron reincorporados a las fuerzas de seguridad tres meses más tarde. A quince años del caso, “la investigación judicial que tiene que esclarecer su desaparición y su muerte aún sigue en etapa de instrucción”, asegura el Centro de Estudios Legales y Sociales, un colectivo de abogados especialistas en derechos humanos que acompaña legalmente a la familia de Arruga.

Los pobres son los más perseguidos

El caso de Luciano Arruga es un ejemplo de una injusticia que se repite constantemente, tanto en Argentina como en el resto del mundo: los que más pagan la Guerra contra las Drogas son las personas más pobres. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la actualidad hay 96.108 personas presas, de las cuales 14.636 están detenidas por delitos relacionados a drogas. Es decir, el 15% de la población carcelaria se encuentra en prisión por el uso de alguna sustancia, ya que los datos no están discriminados. Pero la mayoría de estas personas no atravesó la instancia de un juicio.

En cuanto a los hombres, hay 4.862 presos con condena. Pero unos 7.975 esperan tras las rejas el momento del juicio. En el caso de las mujeres es aún más escalofriante: de las 4.313 encarceladas, 1.999 están allí por infracción a la ley de drogas. Tan solo tienen condena firme unas 704, mientras que el resto solo están procesadas.

En términos porcentuales, la comunidad trans es la más afectada. De las 113 que están presas, 60 se deben a delitos por drogas. Se trata más de la mitad de ellas. Solo hay 29 condenadas y 31 esperan el juicio en prisión.

Diferentes abogados explican que esta situación se debe a que los acusados suelen prevenir de estratos sociales más bajos en términos económicos y no tienen la capacidad de abonar una defensa legal. Así, sus casos terminan recayendo en defensores públicos que acumulan cientos de causas en sus despachos y no pueden dedicarles atención. El sistema judicial los descarta en los servicios penitenciarios. 

El sesgo clasista no es una realidad que suceda solo en Argentina. EEUU, uno de los países más desarrollados del mundo, también utiliza la prohibición de drogas como un instrumento de violencia policial. Según un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles, los afrodescendientes de Texas tienen hasta 3,64 más probabilidades de ser arrestados por posesión de cannabis que las personas blancas. Pero la discriminación racial no se limita al sur del país. Mientras que en Australia, las personas indígenas tienen hasta 20 veces más posibilidades de ser detenidas por uso de drogas, a partir de un informe realizado por el International Drug Policy Consortium.