El Ministerio del Interior tiene un problema con la cantidad de plantas de marihuana que la policía incauta día a día. El problema viene de largo: hace años que la policía enfrenta problemas de salubridad en algunas comisarías y depósitos debido a las numerosas plantas incautadas que se amontonan allí. El ministerio necesita una vía de destrucción más rápida que las que tiene a disposición actualmente y ha abierto una convocatoria para contratar una empresa privada que pueda hacerse cargo de las plantaciones especialmente grandes.

“En el caso de pequeñas plantaciones son los propios agentes los encargados de desmantelar las plantaciones, pero en el caso de las grandes plantaciones se ven imposibilitados para desarrollar dicha actividad”, se puede leer en un documento interno del ministerio al que ha tenido acceso El País, en el que se considera que las incautaciones de plantas de cannabis se han convertido “en uno de los principales problemas logísticos a los que se enfrentan en la actualidad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

A día de hoy el ministerio cuenta con 42 máquinas trituradoras de material vegetal para hacer frente a la destrucción de las plantas. El ministerio adquirió las siete primeras en el año 2017, dos años más tarde compró otras 15 y a finales de 2020 adquirió  20 más. Aún así no se alcanza para cubrir las necesidades, pues la cantidad de plantas incautadas no para de crecer año tras año. En 2021 el número de plantas incautadas fue de 3 millones, una cifra que batió los récords, cuadruplicando las anteriores cifras. La convocatoria del ministerio prevé un gasto de 163.350 para la empresa que se encargará de destruir las plantaciones que alcancen las 100.000 plantas.