El Ministerio de Interior de España le pagará 395 mil euros anuales a una empresa privada para desmantelar cultivos de cannabis. El acuerdo comercial se estableció el pasado 11 de diciembre, luego del llamado a una licitación pública y que finalmente fue otorgado a una compañía de la que aún no se ha difundido su nombre. 

Esta semana, el Gobierno anunció que durante enero avanzaría la regulación del cannabis para fines medicinales. Sin embargo, desde la misma gestión de Pedro Sánchez no paran de aumentar las intervenciones policiales a los cultivadores. Según datos oficiales, en 2015 se decomisaron unas 377.458 plantas. Pero en 2022 la cifra se multiplicó por casi por diez, con un total de 3.350.969 plantas. 

Como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no dan abasto en la destrucción de cultivos, el Ministerio de Sanidad contrata empresas especializadas en jardinería para que se encarguen de la tarea. Este año, implica un aumento del presupuesto de unos 232 mil euros, en comparación al 2022.

El contrato está dividido en cinco lotes, en función de las zonas geográficas dónde más cultivos de cannabis se han decomisado. Almería; Granada y Málaga; Madrid y limítrofe; Comunidad Valenciana; y Cataluña. El Ministerio de Interior pagará un monto de 275 euros por cada servicio, en el que se incluyen los salarios de diez trabajadores. 

A principios del mes pasado, el Ministerio de Interior había lanzado una convocatoria de licitación pública con un límite presupuestario de 720 mil euros. El acuerdo comercial por 395 mil euros sería la primera de otras empresas de jardinerías que se sumen a destruir plantas de cannabis.