El año pasado el Ministerio del Interior ejecutó la destrucción de 1231 toneladas de droga incautada por las fuerzas policiales y funcionarios de aduanas y cuya destrucción había sido ordenada por la justicia. Un tercio de esas drogas, 474.012 kilos, fueron destruidas mediante la incineración en grandes hornos industriales de empresas. El resto, en su mayoría plantas de marihuana, fueron destruidas mediante trituradoras.

Los datos provienen de las estadísticas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), citadas por el diario El País. La destrucción de drogas incautadas es uno de los grandes problemas que enfrenta la logística policial y judicial cuando se producen grandes decomisos. El precio que Interior pone a la destrucción de una tonelada de droga es de 999 euros, con el IVA incluido, y actualmente hay un proceso de licitación para encontrar nuevas empresas dispuestas a destruir drogas, pero está paralizado “por razones de seguridad”.

Las drogas que se destruyen mediante hornos incineradores son en su mayoría cocaína y hachís. Aunque también se destruyen de este modo el resto de drogas de síntesis, como el speed, la MDMA, la ketamina y los precursores químicos que se utilizan en su fabricación y que también son intervenidos en operaciones policiales. La destrucción se realiza mediante concesiones, ya que la administración no cuenta con instalaciones propias capaces de hacer frente a esta labor. Una estimación de la administración calcula que se gastan 300.000 euros anuales en la destrucción de drogas.

Interior no tiene hornos de propiedad pública, pero sí cuenta con varias máquinas trituradoras de material vegetal para destruir las plantas de marihuana incautadas. El ministerio cuenta con al menos 42 máquinas, pero estas no alcanzan para destruir la cantidad de plantas incautadas anualmente.