Las intervenciones policiales y la represión contra las personas y entidades relacionadas con el cannabis ha afectado a clubs, activistas y empresas, que se las han tenido que ver este año con la policía y los jueces. Hace justo un año la Guardia Civil intervino la empresa vasca Pot Sistemak, propietaria del banco de semillas Dinafem y del grow shop La Mota, dos grandes empresas del sector cannábico en España. Los agentes intervinieron un almacén de la empresa en la ciudad de San Sebastián y detuvieron a 15 personas. La operación policial fue motivada por presuntos delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales, y fue iniciada por orden de la Audiencia Nacional. La intervención judicial obligó a la empresa a paralizar toda su actividad y todavía hoy está bajo secreto de sumario y pendiente de juicio.
A finales de octubre otra operación policial contra un grow shop de Almería acabó con 18 personas detenidas entre trabajadores y clientes. La versión de la policía es que el grow shop mantenía una relación directa con las bases del narcotráfico y que actuaba “como cooperadores necesarios e imprescindibles para una actividad ilegal”, pudiendo enfrentar un juicio por delitos contra la salud pública y organización criminal.
En noviembre el empresario y activista cannábico Albert Tió ingresó en prisión para cumplir una condena de cinco años impuesta por el Tribunal Supremo por delitos contra la salud pública y asociación ilícita. El Supremo condenó a Tió por la actividad del club de consumidores de cannabis AIRAM, del que fue presidente durante los tres años que estuvo abierto. Junto con él otras dos personas de la junta directiva del club que también fueron condenadas entraron en prisión. En febrero Albert Tió y Víctor Segués, ex presidente y ex tesorero de la asociación consiguieron el tercer grado para salir de prisión los fines de semana durante el día, y más tarde también para salir entre semana, desde las siete de la mañana hasta las ocho de la tarde. El recurso que ambos interpusieron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que revisara su caso fue finalmente desestimado pero la campaña para conseguir el indulto del Gobierno español sigue activa.
También ha habido varias condenas a clubs de cannabis. Entre ellas la Asociación de Usuarios para el Estudio Terapéutico del Cannabis de Gandia, condenada por la Audiencia de Valencia al cierre y a tres años de prisión al presidente y dos años al secretario y al tesorero; la asociación Casa María de Pontevedra, condenada por el Tribunal Supremo a una pena de 3 meses de cárcel para sus dos fundadores; el club Acmefuer, que recibió una condena para 13 miembros por parte de la Audiencia Provincial de las Palmas a penas de entre los seis meses y los 15 meses de prisión, así como multas por valor de cientos de miles de euros. Entre las sentencias absolutorias está el club madrileño MAD 16:20, primero por parte de la Audiencia Provincial y luego por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
