Hace un año el Gobierno daba carpetazo a la pregunta de cuándo tenía pensado llevar a cabo una regulación del cannabis para los pacientes con la siguiente respuesta: “Cuando se revisan las pruebas científicas sobre el uso terapéutico del cannabis, se observa que el nivel de evidencia disponible no es suficiente para recomendar un uso generalizado en pacientes con determinadas patologías, contrariamente a lo que podría pensarse”. En marzo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, repitió en el Congreso de los Diputados que el Gobierno no pensaba realizar una regulación del cannabis medicinal mientras no haya evidencia científica suficiente.
Dos meses más tarde la Comisión de Sanidad del Congreso aprobó una propuesta presentada por el PNV para crear una subcomisión que estudie las regulaciones del cannabis medicinal realizadas en otros países con miras a impulsar una regulación en España. Y en junio el Pleno del Congreso de los Diputados ratificó la creación de la subcomisión; en ambos casos con el apoyo del PSOE. Esta es la noticia del año —o de la década— en cuanto a propuestas que pueden desembocar en una regulación, aunque está por ver en qué acaba el trabajo de la subcomisión y qué hace el Gobierno con el informe que le será entregado como resultado de escuchar a varios expertos y de estudiar las regulaciones medicinales en otros países.
Este ha sido el año de las propuestas y las promesas de propuestas para regular el uso adulto de cannabis. La más importante de todas —por ser la que más lejos ha llegado— es la propuesta del partido Representación Cannábica de Navarra (RCN-NOK), que fue presentada en el Senado por el Grupo Izquierda Plural en marzo. Esta proposición de ley fue elaborada hace unos años siguiendo el modelo de la Ley de Clubes y autocultivo de Navarra y de la Ley de Asociaciones de Personas Consumidoras de Cannabis en Cataluña. Adaptada al marco de todo el estado, esta proposición de ley ya llegó al Congreso en 2019 pero no prosperó debido a la convocatoria de nuevas elecciones. La propuesta fue aceptada e incluida en el BOE en abril y está pendiente de programarse en el orden del día de una sesión plenaria para su toma en consideración.
En el campo de las promesas está la propuesta de ley del partido Unidas Podemos para una regulación integral del cannabis que lleva tiempo elaborándose y que según sus responsables será presentada tan pronto esté lista. También hubo promesa por parte del partido Esquerra Republicana de Catalunya en marzo, como respuesta a la tardanza de Unidas Podemos, pero parece que el partido catalán ha decidido esperar ante los avances del proyecto de Unidas Podemos.
También durante el último año se han aprobado dos PNL en parlamentos autonómicos para instar al Gobierno central a regular el cannabis. La primera de ellas el pasado septiembre en el Parlamento de Canarias, impulsada por el PSOE para regular el cannabis medicinal. La segunda en la Asamblea de Extremadura, también medicinal, presentada por Ciudadanos y aprobada con el apoyo del PSOE el pasado junio. Y en Madrid el partido Más Madrid presentó otra PNL para instar a una regulación del cannabis en todas sus formas, pero quedó obsoleta tras la convocatoria de elecciones.
Mientras tanto el Ministerio de Sanidad ha seguido entregando nuevas licencias para el cultivo de cannabis con fines medicinales o de investigación. Las licencias de la AEMPS siguen siendo la única vía legal para el cultivo de cannabis psicoactivo en España. Hace un año, a fecha 17 de septiembre, la AEMPS tenía concedidas 13 licencias vigentes, ocho de ellas para fines de investigación y cinco con fines de médicos y científicos. A día de hoy hay 22 licencias activas, 14 para fines de investigación y ocho para fines médicos.
