Las tiendas de cultivo, conocidas como grow shops, constituyeron a principio de este siglo una grave preocupación para las autoridades y organismos oficiales. La venta de semillas de marihuana junto a equipos y materiales destinados al cultivo provocaron un auténtico problema de índole penal.
Fue el informe que realizó Fernando Sequeros Sazatornil, a la sazón fiscal del Tribunal Supremo, el que puso fin a las especulaciones hace ya mas de diecisiete años: “El cultivo alcanza relevancia jurídico penal en la medida en que el proceso de su puesta en marcha persiga como finalidad la obtención de droga con ánimo de traficar quedando excluidos por su irrelevancia el cultivo de la planta del cannabis destinado al autoconsumo”.
Debido a la ausencia de la semilla de cannabis como sustancia estupefaciente en las listas internacionales de fiscalización, Sequeros afirmaba en su escrito que debía quedar descartado como hipótesis delictiva la producción de semillas, “así como la propaganda de la venta de estas en cantidades para su cultivo doméstico que en principio no excedan de las racionales para su consumo y autoabastecimiento”.
Este informe del fiscal Sequeros dejó claro que el cliente podía incurrir en responsabilidad penal, junto con el “expendedor de las semillas”, en los supuestos en los que por la cantidad de producto adquirido “pudiera inferirse racionalmente su destinación al tráfico”.
Cuando empezaron los grow shops a vender material de cultivo y a asesorar a los que querían autoabastecerse no había grandes productores, todo era autoconsumo. El paso del tiempo, sin embargo, ha acentuado una creciente demanda social de cannabis. No todos los usuarios se ven capacitados para autoabastecerse y la proliferación de clubs sociales de cannabis ha creado la necesidad de producciones mas grandes, lo que supone una mayor cantidad de material necesario para el cultivo. Y mantener un negocio rentable a veces supone no decir nunca que no a una venta.
Este último mes nos hemos enterado de dos intervenciones de la UDYCO contra dos tiendas de cultivo de Almería, acusando a sus responsables de una cooperación necesaria para el narcotráfico. No se sabe aún cómo terminarán las diligencias emprendidas contra estos grow shop ni las consecuencias que ello puede traer para el sector. De momento, mientras no cambien las leyes, no se debe olvidar que desde el artículo del fiscal Sequeros los bancos de semillas y las tiendas deben tener presente que su actividad solo puede dirigirse al cultivo doméstico para uso personal, sin caer en la tentación de trabajar para los posibles traficantes.
La sociedad cambia y las leyes deben estar acompasadas a los cambios sociales. Cada día que pasa son más urgentes nuevas leyes que regulen con justicia y normalidad el acceso al cannabis.
