Los Mossos d’Esquadra han vuelto a avisar de que las plantaciones ilegales de marihuana son un fenómeno muy extendido que comporta un riesgo creciente de mayor violencia y corrupción. El jefe de la Comisaria General de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, Ramon Chacón, fue entrevistado ayer en la radio Rac1, donde ofreció una serie de claves que dibujan la dimensión del problema.
Según Chacón, Cataluña fue el epicentro inicial del cultivo de cannabis, que con los años se ha expandido por todo el litoral mediterráneo del Estado. España ofrece unas excelentes condiciones para que las mafias inicien negocios de cultivo de cannabis gracias a la cantidad de inmuebles vacíos construidos en el boom inmobiliario, a las posibilidad de pinchar la luz y a las excelente condiciones climáticas de la geografía para el cultivo en exterior.
La principal consecuencia negativa del fenómeno es el crecimiento de la violencia. La adquisición de armas para proteger los cultivos de los robos por parte de otras bandas es una de sus principales causas. Según el intendente, en la mitad de las intervenciones que se realizan en cultivos de interior se hallaron armas de fuego. La entrada de armas ha producido un abaratamiento de los precios, y si antes una pistola podía costar entre 5000 y 6000 euros, ahora pueden encontrarse por 600, aseguró.
El intendente también explicó que hace unos años la incautación de 1500 plantas se consideraba una gran plantación, pero que hoy ya no se considera como tal. A día de hoy, los cultivos en torno a 1000 plantas se consideran pequeños, y sólo a partir de 5000 se consideran grandes plantaciones. La producción de cannabis ilegal genera además una narcoeconomía de servicios indirectos para las plantaciones, tales como el transporte o el montaje de instalaciones.
“La droga que está más socialmente aceptada y que menos riesgos genera es la que más problemas está provocando”, dijo el intendente, quien valoró como positiva la ley de clubs de cannabis aprobada por el Parlamento catalán en 2017 y que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional. Durante la entrevista Chacón mencionó los casos en los que hay agentes policiales implicados en el negocio ilegal del cannabis y dijo que entre las personas detenidas por estos delitos hay un 40% de españoles y un 60% de extranjeros.
Hace un año, TV3, filtró un informe realizado por la Comisaría General de los Mossos d’Esquadra, que afirmaba que “la guerra contra las drogas se ha quedado corta” y que la situación actual amenaza con colapsar el sistema policial y judicial. El documento incluía 10 propuestas para llevar a cabo una regulación de la planta, que denominó como una “nueva estrategia para hacer frente al tráfico de marihuana”, calificada de “una amenaza para la estabilidad social y económica de Cataluña”.