Al PSOE le cuesta entender que la libertad en el desarrollo de la personalidad es un derecho constitucional y sigue en sus trece con que el cannabis es una droga peligrosa, sin escuchar el clamor de los usuarios que dicen lo contrario. Cada persona es un mundo y es verdad que no a todos les sienta igual el cannabis, pero es cuestión de conocerse a uno mismo y que cada cual determine libremente, sin cortapisas legales, lo que le va bien. Si a alguien le sienta mal una sustancia basta con evitar su consumo. A nadie se le ocurriría ilegalizar el pan para proteger a los celíacos, y, sin embargo, el cannabis sigue estando prohibido cuando una mayoría de usuarios defiende los beneficios de su consumo. La prohibición lleva demasiados años impuesta, hasta el punto de que hemos naturalizado el abuso de autoridad que significa que el Estado se meta en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se niegue el acceso legal al cannabis en un Estado de Derecho?

México es el último país que ha legalizado el consumo llamado recreativo. Este junio pasado, la Suprema Corte de Justicia de México declaró la inconstitucionalidad de la ley que prohibía el uso del cannabis para fines que no sean estrictamente medicinales o científicos, permitiendo por tanto el consumo lúdico de cannabis y aprobando que se pueda sembrar, recolectar, transportar y distribuir, sin que exista una penalización, siempre y cuando sea para uso personal.

Así México se suma a Uruguay, a Canadá y a los 18 estados de EE UU que han regulado el cannabis de uso recreativo. EE UU cada vez está más cerca de alcanzar una regulación a nivel federal y acabar así con la prohibición del cannabis en toda Norteamérica, lo que tendrá un efecto dominó sobre Centroamérica y Sudamérica.

En Europa el proceso va más lento. Luxemburgo parece que quiere ser el primero en regular y hay en marcha planes y programas de cannabis medicinal en distintos países. En España, mientras los políticos evitan el tema, hay zonas que se están “mexicanizando” por la violencia que genera la prohibición. Un informe de la policía catalana, fechado en junio de este año, analiza los episodios violentos que se cometieron en 2020, donde no cesaron los enfrentamientos a pesar de la pandemia y el confinamiento. Los Mossos cuentan 102 casos, la gran mayoría de ellos narcoasaltos. Solo en el pasado junio han actuado en 28 municipios con mas de 70 detenidos y miles de plantas decomisadas. Y también traficantes de cannabis se han asentado en la Costa del Sol, donde en julio la policía intervino 5,6 toneladas de flor preparadas para exportarlas al Reino Unido.

La realidad es que hay un mercado establecido al margen de la ley, y el Estado en vez de recaudar impuestos regulando el cannabis, solo gasta recursos en una represión que acrecienta la violencia de las bandas y vulnera los derechos de los usuarios.