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La subcomisión arranca con visiones contrapuestas sobre el cannabis medicinal

El recelo de los diputados frente al cannabis y la regulación de la planta en crudo marcaron la primera sesión de la subcomisión.

La subcomisión para el estudio del cannabis medicinal en España recibió ayer a los primeros ponentes en un arranque marcado por la insistencia en los riesgos del cannabis y las dudas sobre la regulación de la planta. Solo la intervención del doctor José Carlos Bouso fue clara en cuanto a la existencia de una más que suficiente evidencia de la seguridad y funcionamiento del cannabis medicinal y sobre la necesidad de regular el uso de la planta en crudo para permitir un acceso amplio para los pacientes, dejando claro que es posible hacerlo sin contravenir ninguna ley ni convenio internacional.

El primero en intervenir fue Francisco Pascual Pastor, presidente de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías, una persona experta en el tratamiento de adicciones, especialmente en alcoholismo. Este insistió en que a él no le gusta “hablar de cannabis medicinal” y que su apuesta es regular únicamente los cannabinoides y no la planta. En su intervención hizo referencia en varias ocasiones a los riesgos observados en estudios de usuarios de cannabis recreativo, mezclando ambos debates (uso recreativo y medicinal) a pesar de defender la necesidad de separarlos.

“La visión de una persona que sufre es la de buscar una solución, y entiendo que una persona con sufrimiento puede buscar más allá de lo que le puede ofrecer la farmacia o la parafarmacia, o el herbolario o el estanco… ¡uy, y ahí ya me meto en un lío que ya no sé dónde estoy”, comentó en una ocasión. Pascual también repitió que a su parecer es necesaria mayor investigación con la planta y los cannabinoides.

La segunda intervención fue la del psicólogo y doctor en farmacología José Carlos Bouso Saiz, director científico de la Fundación ICEERS, una persona con experiencia en estudios científicos con cannabis, su uso medicinal y las políticas públicas llevadas a cabo internacionalmente en relación con la planta. Su intervención fue la más completa de las cuatro, incluyendo desde aspectos científicos de la acción del cannabis hasta los marcos legislativos nacionales e internacionales.

Bouso lamentó que habiendo en España algunos de los mejores científicos a nivel internacional que estudian el cannabis medicinal y personas con amplia experiencia en el uso médico con pacientes, estos no hayan sido invitados a comparecer en la subcomisión. Durante su ponencia y en el turno de preguntas defendió que existe una sobrada evidencia de la seguridad del uso del cannabis medicinal y de sus resultados sobre varias enfermedades y la calidad de vida de los pacientes.

“La creación de un programa de cannabis medicinal no es un problema de evidencia, sino de voluntad política”, dijo Bouso, afirmando que “las propiedades médicas del cannabis cuentan con más evidencia que la mayoría de los medicamentos que existen hoy día en las farmacias”. A continuación justificó: “los medicamentos aprobados han sido sometidos a fases de ensayo clínico, los cuales proveen información muy limitada, comparados con los usos realizados por decenas de millones de pacientes que usan cannabis medicinal cada año.” Bouso propuso dos circuitos de acceso al cannabis medicinal, uno de flor, extractos y fórmulas magistrales (sin necesidad  de que los productos sean sometidos a ensayos clínicos) y otro de medicamentos estandarizados como los ya disponibles Sativex o Epidiolex.

En la tercera intervención, la doctora Rosa Calvo Escalona, parte del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Hospital Clínic de Barcelona, quiso empezar recordando un documento del Colegio de Médicos en el que alertaba de los riesgos del uso del cannabis por parte de adolescentes y jóvenes en edad de desarrollo. La doctora destacó las patologías para las que el cannabis ha demostrado una evidencia más fuerte en estudios científicos (dolor crónico, epilepsia refractaria, espasticidad de la esclerosis múltiple, náuseas y vómitos en quimioterapia), y mencionó también la ‘evidencia del mundo real’, a la que se ha referido Bouso, como un valor a tener en cuenta. Su apuesta: “producto farmacéutico con calidad y seguridad […] a partir de las indicaciones para las que hay evidencia.”

El último ponente en hablar fue Manuel Ibarra Lorente, jefe de Departamento de Inspección y Control de Medicamento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Este quiso ofrecer la visión de la Agencia del Medicamento, haciendo un breve repaso del conocimiento científico y técnico que maneja la agencia y apostando por una regulación basada en la evidencia científica de estudios clínicos. Ibarra mencionó que la agencia ha emitido 29 autorizaciones para uso científico y médicos del cannabis y la existencia de 24,83 hectáreas de cannabis cultivado en España con su autorización, principalmente para exportación. Fueron inevitables en este caso las preguntas sobre por qué se permitía el cultivo para el uso medicinal en el extranjero y no para uso de los pacientes españoles.

En este sentido intervinieron también algunos de los diputados durante otros turnos, preguntando cómo podía ser que una mayoría de países europeos ya tengan programas medicinales con partes de la planta en crudo y en España todavía se esté discutiendo si hay o no evidencia para su uso. Luego, tras las ponencias, los diputados se reunieron a puerta cerrada. La siguiente sesión abierta con comparecientes se celebrará en dos semanas.

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