Cuando hablamos de petaqueros no hablamos de grandes capos, sino de redes de apoyo con funciones concretas como el de comprar, acopiar gasolina y transportarla en embarcaciones para llenar estanques de narcolanchas a mar abierto, usando pequeñas embarcaciones de recreo o semirrígidas para acercar “petacas” a las lanchas rápidas, a veces con “narcogasolineras” flotantes como apoyo.
La operativa se despliega en playas expuestas –como Los Lances (Tarifa), donde en julio la Guardia Civil frustró un petaqueo a plena luz del día– y en corredores fluviales como el Guadalete, que facilitan ocultamiento y rutas cortas hasta alta mar.
Sin reposición de combustible, las narcolanchas pierden alcance y autonomía. El abastecimiento en alta mar evita amarras y controles portuarios, multiplica los puntos de entrega y complica la vigilancia. De ahí que los petaqueros se hayan convertido en “gasolineras móviles” del tráfico, que, con su logística, sostienen el ritmo de entradas y permiten a los clanes reorganizarse con rapidez cuando hay golpes policiales.
La Guardia Civil interviene más de 5.500 litros de combustible para el abastecimiento de narcolanchas en Punta Umbría (Huelva). Imagen de archivo.
El aumento de incautaciones –359.248 litros en el primer semestre de 2025– llega con un refuerzo del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. En paralelo, la Audiencia Provincial de Cádiz abrió una vía penal para castigar el petaqueo bajo el artículo 568 del Código Penal (tenencia y transporte peligroso de sustancias inflamables), con pronunciamientos que contemplan hasta ocho años de prisión.
Más allá del daño ambiental y el incendio potencial de miles de litros mal almacenados, los petaqueros confirman que el contrabando es, ante todo, una cuestión logística y, si el Estado limita su respuesta a la incautación de bidones con gasolina, el mercado ilegal tenderá a recomponer el engranaje de alguna u otra forma.
