El pasado lunes se celebró el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), entre las autoridades del Ministerio de Sanidad y las comunidades autonómicas. Lo más importante del encuentro es que se acordó la creación de la figura “administrativo en salud” para liberar de la burocracia a los médicos y enfermeros y registros locales para los objetores del aborto, entre otras medidas. Pero Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dijo que le reclamó a la ministra Mónica García que la dispensación de fórmulas magistrales a base de cannabis se haga con “la mayor garantía” para evitar que el país “sea una puerta de entrada de este tipo de drogas como ha ocurrido en EEUU”.

“Nosotros estamos a favor de la administración”, dijo Matute sobre la utilización de cannabis para tratar diferentes enfermedades. “Siempre que no haya una alternativa terapéutica eficaz para tratar la dolencia determinada”, añadió la consejera sanitaria de la actual gestión madrileña, a cargo de Isabel Díaz Ayuso, que le ha declarado la guerra a la industria del cannabis. Si bien Matute aseguró ante la prensa que le ha pedido al Ministerio de Sanidad un encuentro para debatir “la mayor garantía” en el proyecto de regulación medicinal, esto no ha sucedido.

Cáñamo se comunicó con la cartera que dirige García y desmintieron que se haya tratado el proyecto de Real Decreto para regular los usos medicinales del cannabis en España durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con la consejera de Sanidad madrileña. “Esto lo mete Madrid porque le interesa hacerle la guerra al ministerio con este tema, pero no era un punto del orden del día”, dijeron desde Sanidad.

En cuanto a novedades sobre el Real Decreto, las fuentes de Sanidad contaron que aún se está trabajando en los aportes que hizo la sociedad sobre el documento sometido a audiencia pública y que se cerraron hacia fines de octubre.