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El nuevo ministro de Sanidad se estrena dudando de la regulación del cannabis medicinal

La regulación tendría que estar definida desde hace tres meses pero el Ministerio no la ha dado a conocer.

El nuevo ministro español de Sanidad, José Manuel Miñones, se estrenó ayer públicamente en el Congreso de los Diputados sembrando dudas sobre el futuro de la regulación del cannabis medicinal. Una diputada del PNV preguntó al ministro en qué punto está la reglamentación del cannabis medicinal aprobada el año pasado en el Congreso, que tendría que haber sido presentada por la Agencia Española del Medicamento antes de que acabara el 2022 y que ya lleva tres meses de retraso.

El ministro respondió que actualmente hay dos fármacos derivados del cannabis disponibles en las farmacias (Sativex y Epidiolex) con las únicas dos indicaciones para las que, según el ministro, hay evidencia científica probada. Sin embargo, las recomendaciones para regular el cannabis medicinal —aprobadas el pasado junio en el Congreso— concluyeron que era menester regular los preparados y otros productos del cannabis para seis dolencias distintas. Estas conclusiones fueron votadas en el pleno y apoyadas por el PSOE, partido al que pertenece el ministro.

“La verdad es que me deja helada. Su respuesta es una regresión a una posición que está avanzada con el trabajo que se hizo en la subcomisión y con el compromiso que distintos representantes de su Gobierno han manifestado aquí. También tenemos la sorpresa de que en el Plan Normativo del 2023 no hay nada de regulación del uso médico terapéutico del cannabis”, ha expresado la diputada del PNV Josune Gorospe Elezcano. “Se tenía que avanzar porque hay un mandato de esta cámara [al respecto]. Señor ministro, no es una PNL, es una subcomisión que ha trabajado durante seis meses con expertos, con representantes de otros gobiernos. ¿Cómo me puede decir usted que no hay ninguna evidencia?”.

El ministro Miñones ha contestado que “la Agencia del Medicamento trabaja en ese informe que nos permita establecer cuál es el encaje normativo más adecuado, con dos objetivos, la seguridad y la eficacia. La agencia sigue trabajando”.

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