Pasar al contenido principal

Un grupo de policías españoles se manifestó a favor de la regulación del cannabis

La Agrupación Reformista de Policías participó en la Marcha Mundial de la Marihuana y destacó la labor de los clubes sociales de cannabis.

El pasado sábado por la tarde, en Madrid se reunieron miles de personas para manifestarse a favor de la regulación integral del cannabis. Entre los asistentes también estuvo la policía. Pero no solamente el cuerpo de las fuerzas de seguridad que se encargó de controlar la movilización. Sino que la Agrupación Reformista de Policías (ARP) participó en la movilización para pedir que España se convierta en uno más de los países que han legalizado la planta.

“Queremos dejar muy claro que desde la ARP no invitamos a que la gente consuma. Lo que pedimos es que se regule su uso, que las asociaciones de usuarios tengan un papel protagonista como educadores y grandes conocedores del tema. Y que la policía se libere de una labor ingrata e ineficaz", dijo Manuel Soler, el portavoz de la asociación de periodistas que fue fundada en 2016. 

Esta organización de policías reconoció que el uso de cannabis es algo que está presente en la sociedad y que las políticas punitivas no son una respuesta efectiva. “El tema se quiso atajar erróneamente desde la Administración con la ley mordaza, que impone sanciones de entre 601 y 30 mil euros por consumo o tenencia. Eso es una labor ingrata para el policía, que tiene que aplicar una política ineficaz, que para el Estado supone millones de euros pero que es mala para el ciudadano”, aseguró Soler. 

"Es muy triste nuestra labor represora en este campo cuando se sale a la calle a patrullar y coges a alguien con un porro medio consumido y tienes que mandarlo a la Subdelegación del Gobierno y a los servicios sanitarios. Eso no es luchar contra el mundo ilícito. Esa labor no es propia de una policía que lucha contra el narcotráfico", dijo Soler. 

Según los datos de los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior, casi el 60% de las multas que se han impuesto desde la sanción de la norma, en 2015, por el Gobierno de Mariano Rajoy, están relacionadas con un uso de las drogas que no comporta un tráfico de sustancias, algo que está tipificado penalmente. Desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 2022, se tramitaron 1.115.066 multas por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, con una cuantía total que asciende a 708,8 millones de euros, es decir, cerca del 64% de todo el dinero que se ha recaudado por infracciones de la ley.

Suscríbete a Cáñamo