Uruguay, con sus cicatrices y sus heridas aún abiertas, se sitúa a la vanguardia de las políticas progresistas en Sudamérica: una ley que permite a las mujeres separarse de sus maridos simplemente solicitando permiso en un juzgado se aprobó en 1913; el aborto se legalizó en el 2012, y el matrimonio gay, en el 2013. El progresismo uruguayo se fundamente en la separación entre Iglesia y Estado, en una región en la que el peso de las sectas religiosas es abrumador.

Hace algo más de cuatro años Uruguay regulaba el cannabis y sus derivados mediante una ley que pretende proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico, buscando, mediante la intervención del Estado, atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado.

Del total de adultos que declararon haber consumido marihuana durante el último año, uno de cada seis está habilitado para acceder legalmente a la misma, es decir, 25.783 personas han dejado de recurrir al narcotráfico. Para las autoridades se trata de una cifra razonable en la primera etapa; en Uruguay hay 50.000 adultos que consumen marihuana varias veces al mes, este grupo representa el 80% de la demanda, y la próxima meta para el sistema es alcanzar esa cifra.

Hay 16.392 personas inscritas para la compra de marihuana en farmacias, el 55% de ellas en Montevideo, donde esta vía de acceso es mucho más importante que el autocultivo o los clubes, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país. De estas personas, un 26% se declaran inactivos profesionalmente en su mayoría, por tratarse de jubilados o estudiantes; la mitad de los compradores inició o finalizó estudios universitarios; un 70% son hombres, y aunque las mujeres consumen cada vez más, las drogas están muy “masculinizadas”, excepto los tranquilizantes.

La oposición uruguaya está de acuerdo, con matices, en el marco normativo. El Partido Nacional exige la eliminación del registro de usuarios de cannabis, que limita y burocratiza el sistema; el Partido Independiente considera que la burocracia que rodea a este sistema alimenta el mito y la leyenda sobre el cannabis en lugar de abordarlo con mayor naturalidad; el Partido Colorado exige mayor énfasis en la campaña de información y educación contemplada en la ley, porque aún no alcanza los niveles masivos deseados.

El uso del cannabis más aceptado por los uruguayos (70%) es el terapéutico, sin embargo, solo el 7% de consumidores de estos fármacos accede a los mismos por vía legal, y no necesariamente bajo supervisión médica o con conocimiento suficiente de sus propiedades. Durante los próximos meses debería iniciarse la producción local de un fármaco para el tratamiento de la epilepsia refractaria. El coste del frasco será de entre 100 y 120 dólares, la mitad de lo que cuesta el producto importado. Una vez el medicamento sea registrado podrá ser vendido en las farmacias, y las autoridades consideran que no habrá problemas con los bancos, a diferencia de lo sucedido con el cannabis recreativo.