La mañana del 27 de junio, un lote de drogas incautadas fue trasladado a la empresa Industria Zapla (INZA), en Pálpala, provincia de Jujuy, para su incineración. Entre las sustancias a quemar se encontraban tres paquetes de cocaína decomisados meses atrás en la ciudad de Orán, en la provincia de Salta. La operación era supervisada por personal de la Policía Federal Argentina (PFA), junto a agentes de la Policía de Salta.

Sin embargo, el procedimiento reveló que los ladrillos de droga, forrados y etiquetados, no contenían cocaína, sino una masa amarilla de consistencia gomosa similar a la plastilina. El narcotest realizado por Gendarmería dio negativo, mientras que las muestras testigo conservadas al momento del decomiso confirmaban que originalmente el contenido era cocaína.

La fiscalía federal de Tartagal, encabezada por Marcos César Romero, inició una investigación centrada en la Dirección de Drogas Complejas de la Policía de Salta en Orán, dependencia donde los paquetes habían sido almacenados. La hipótesis planteada es que la sustitución se realizó dentro de esa oficina, con el objetivo de encubrir el robo bajo la apariencia de una destrucción formal.

En total, once agentes están bajo sospecha. Tres de ellos fueron suspendidos preventivamente y otros ocho continúan bajo observación. Todos tuvieron acceso al lugar de resguardo de las evidencias en el periodo comprendido entre el decomiso y la tentativa de incineración. La justicia federal argentina busca reconstruir con exactitud el circuito de custodia para determinar responsabilidades individuales.

El caso comenzó meses atrás cuando una mujer boliviana alertó a la policía tras abrir por error un vehículo que no le pertenecía. En su interior se encontraron los paquetes con cocaína. La mujer fue detenida y posteriormente deportada.