181 organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo han firmado dos cartas dirigidas al presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y al secretario general de la ONU para solicitar que incluyan a las organizaciones de sociedad civil en el proceso de elaboración de la guía sobre cannabis medicinal que está redactando la JIFE. Las ongs advierten de que la elaboración de las directrices se está llevando a cabo con total opacidad y sin escuchar a los agentes que se verán afectadas por el futuro documento.

Las ongs advierten de que el proceso de elaboración de las directrices “contradice” la votación realizada en diciembre de 2020 por la que la Comisión de Estupefacientes de la ONU retiró el cannabis de la lista de sustancias más controladas en un gesto de reconocimiento a su utilidad terapéutica. “Estas Directrices afectarán y darán forma a las regulaciones sobre cultivo, comercio, producción y uso de una medicina herbal tradicional y una planta autóctona de muchas regiones del mundo. Corre el riesgo de convertirse en un estándar, particularmente entre las naciones más pequeñas con menos capacidad para establecer sus propias regulaciones”, dice el comunicado publicado por la ong FAAAT, una de las organizaciones impulsoras de las cartas.

“Nuestras organizaciones luchan por la salud global, los derechos humanos y la sostenibilidad. Reconocemos la importancia de la JIFE para ayudar a los gobiernos a garantizar el acceso y la disponibilidad de medicamentos controlados para todos los pacientes que los necesiten, pero la JIFE por sí sola no puede dar forma al futuro económico, social, ambiental y cultural de nuestras comunidades”.

La carta incluye varias recomendaciones para mejorar el proceso de elaboración de esta guía internacional sobre el cannabis medicinal. Las recomendaciones son: divulgar la documentación de la JIFE del mismo modo que otros órganos de la ONU; incluirlo en el sistema de archivo y acceso a la documentación en línea de las Naciones Unidas; ampliar las consultas de la sociedad civil en todas las áreas de trabajo de la JIFE; solicitar y recopilar contribuciones escritas de agentes no estatales; permitir que las ong y los actores no estatales participen como observadores en las reuniones de la JIFE; y ampliar las “visitas a países”, inspiradas en el Mecanismo de revisión anual de los órganos creados a partir de los tratados de derechos humanos.